El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.El magistrado procesa al exdirigente del PP, a cuatro familiares y a cinco empresarios por un entramado para la ocultación de patrimonio mientras debía casi un millón de euros a Hacienda
VALÈNCIA. La nueva causa en la que figura el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra avanza con rapidez en el juzgado de Instrucción número 4 de Castellón. Poco más de medio año después de que se levantara el secreto de sumario, el magistrado emitió este miércoles auto de procedimiento abreviado –procesamiento– contra el que fuera dirigente del PP, cuatro familiares y cinco empresarios. Por contra, sobresee provisionalmente la causa para once investigados y declara prescritos los delitos respecto a otros siete.
El juez, junto a la Fiscalía y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, tratan de definir el presunto entramado elaborado por Fabra para ocultar de la acción de la Justicia su patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, posiblemente procedentes de su actividad pública. Todo ello, considera el magistrado, con el objetivo de dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado en 2013 por cuatro delitos fiscales en el conocido como caso Naranjax.
Los investigadores entienden que para cumplir con este objetivo contó con la ayuda directa de familiares –su mujer en ese momento, María Desamparados Fernández Blanes; sus hijos Borja y Claudia Fabra; y su yerno Fernando Castro– y de terceras personas (testaferros), además de usar cuatro sociedades pantalla. Esta actuación coordinada ha supuesto que mantenga una deuda con la Agencia Tributaria de casi un millón de euros.
Los investigadores entienden que para cumplir con su objetivo contó con la ayuda de familiares y de testaferros, además de usar cuatro sociedades pantalla
Tanto el juez como Anticorrupción opinan que la "aparente situación de penuria económica" de Fabra es "notablemente discorde con el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo": 2,69 millones entre 2007 y 2017. También con la "intensa actividad bancaria por él organizada", con unos abonos superiores a los 26 millones de euros "que a través de diversas operativas continuadas en el tiempo han impedido satisfacer la deuda pendiente de ejecución".
Estos movimientos en el banco habrían tenido una doble finalidad: por un lado, ocultar la verdadera situación patrimonial y económica de Fabra a los efectos de evitar embargos por sus deudas tributarias y judiciales. Por otro, canalizar los fondos de procedencia ilícita, tanto el dinero en efectivo como los abonos en cuenta.
En el caso de estos últimos, el magistrado y el fiscal afirman que en el curso de la investigación se ha constatado que se trata de importantes cantidades solicitadas directamente por él mismo a particulares, que se le entregaban en consideración a su condición de presidente de la Diputación de Castellón y su posición de influencia política en la provincia. La mayoría, señalan, se intentaron justificar como préstamos personales privados, sin contrato escrito, sin causa, sin plazo de vencimiento, sin intereses y sin reclamación.
Fabra habría usado cuatro sociedades pantalla: Carmacas, Sipcas, Asdecas y Lironlor, administradas o por familiares o por supuestos testaferros. La operación más llamativa relacionada con Carmacas tuvo lugar dos meses después de que se abriera el caso Naranjax. Claudia Fabra adquirió el 90% de las participaciones de su padre y quedó como administradora, de manera que los investigadores sospechan que la mercantil fue usada posteriormente por el exdirigente 'popular' para transferir cantidades de dinero con el objetivo de ocultar patrimonio.
En cuanto a Sipcas, era manejada por su hijo Borja y Anticorrupción cree que fue constituida con el propósito de canalizar entre diciembre de 2011 y marzo de 2012 un total de 232.897 euros procedentes de la mercantil Becsa (antigua Lubasa). La cantidad pagada tuvo origen en la contratación de Sipcas para la ejecución de trabajos en países extranjeros como Irak y Marruecos. Los fondos fueron ingresados a través de tres transferencias, que una vez recibidas fueron seguidas de otras tres a favor de cuentas de Fabra, lo que se justificó ante la Agencia Tributaria como un préstamo. Posteriormente, declaró su devolución mediante la transmisión a Sipcas de siete vehículos propiedad de él como dación en pago de deudas.
El juez archiva la causa para el administrador de Becsa, Luis Batalla, al no quedar demostrada su participación en los presuntos delitos
Todo ello fue, para los investigadores, una simulación orquestada por el expresidente de la Diputación de Castellón. Motivo por el que el magistrado, tras la petición de la Fiscalía, ha acordado el sobreseimiento de la causa para Luis Batalla como administrador de Becsa al no haberse demostrado su participación en los hechos presuntamente delictivos. La información facilitada por Sipcas, concluyen, era "simulada" sin él saberlo.
A Asdecas fueron a parar ingresos de Fabra con el fin de "ocultar su destino", según Anticorrupción. Por ejemplo, 58.920 euros procedentes de la cuenta del PP de Castellón en 2012. A su vez, el dinero de Asdecas acaba en otras cuentas tituladas por María Desamparados Fernández Blanes con unas transferencias de carácter mensual entre agosto de 2008 y abril de 2013 con, generalmente, el concepto "nómina". En total, ascendieron a los 134.622,19 euros. Para el juez, los movimientos tenían una apariencia de legitimidad pese a que la mercantil habría carecido de actividad real. Por lo tanto, considera que eran el pago de una falsa nómina a su mujer.
Por su parte, Lironlor estaba configurada, sostienen los investigadores, como una empresa instrumental de la que se encargaba su testaferro Alejandro Lorca para ocultar ingresos en efectivo y de procedencia ilícita. Entre otras cuestiones, habría servido para canalizar, entre marzo y mayo de 2010, 110.00 euros de los 220.400 con origen en la empresa Llanera. Aunque estas transferencias se declararon a la Agencia Tributaria, ésta considera que carecen de justificación "al no haber podido facilitar ninguna información sus actuales administradores concursales".
En el auto, el juez también detalla diversas operaciones que presuntamente se camuflaban, en algunos casos, como préstamos personales privados u opciones de compra en relación con inmuebles. Uno de los ejemplos más destacados es el del empresario Fernando Roig, con colaboración de su hijo. Entre 2013 y 2014, transfirió un préstamo a empresas vinculadas a Fabra de 1,7 millones de euros que la Fiscalía interpreta que fue simulado al no tener justificación real. En su opinión, respondía, en realidad, a una contraprestación por los contratos publicitarios del aeropuerto de Castellón (Aerocas), que el exdirigente del PP controlaba, con el Villareal Club de Fútbol –del que Roig era presidente– por 8,1 millones de euros.
Los investigadores también han detectado la citada "intensa actividad bancaria" por parte de Fabra y su hijo Borja con abonos bancarios superiores a los 26 millones de euros entre 2007 y 2017. Para Anticorrupción, cobran especial relevancia 2,7 millones de origen ilícito, algo que fundamentan en que el exdirigente del PP carece de negocios y, pese a ello, ingresó una media de hasta 19.000 euros mensuales en efectivo. Además, se "utilizaron complejas operativas de ingreso carentes de justificación en billetes de alta denominación, especialmente de 500 euros". Para ello, se habría servido de personas de su entorno, como familiares, escoltas o conductores que le efectuaban esos ingresos. El juez ha dictado el sobreseimiento para los escoltas y conductores.
Por último, la Fiscalía enumera los diferentes cohechos: hasta 15 abonos de dinero de particulares que se le entregaron por su condición de presidente de la Diputación y su influencia política. Entre ellos, Salvador Martí, expresidente de la Cámara de Comercio de Castellón; Francisco Martínez, exvicepresidente de la Diputación de Castellón, o Enrique Gimeno, de Facsa.
Debido a todos estos hechos, el juez atribuye indiciariamente al exdirigente 'popular', su mujer, sus dos hijos, su yerno y los empresarios Alejandro Lorca, Miguel Pérez, Fernando Roig y su hijo un delito de frustración de la ejecución –castigado con hasta 6 años de prisión–, el primero en concepto de autor y los demás como cooperadores necesarios.
También aprecia indicios de la comisión de un delito continuado de cohecho –penado con hasta un año de cárcel– contra el propio Fabra, así como de delitos del mismo tipo penal, "si bien puntuales y no continuados", en la actuación de Roig, su hijo, Pérez y Gimeno.
Por último, cree que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales –castigado con hasta 6 años de prisión– en relación al expresidente de la Diputación, como autor, y respecto a sus cuatro familiares y Alejandro Lorca como cooperadores necesarios.
Igualmente, aprecia posible existencia de responsabilidad penal en las empresas Carmacas, Sipcas, Asdecas, Facsa y Lirinlor.
