VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València tendrá preferencia en la adquisición de pisos del mercado libre. El Consell aprobó en junio un decreto para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto. En él se contempla la posibilidad de ceder estos derechos a los consistorios con necesidad de vivienda pública, entre los que se encuentra el del Cap i Casal.
Así pues, el consistorio ya ha anunciado que se adherirá al decreto. La concejala de Vivienda del Ayuntamiento, Isa Lozano, explica que el consistorio ha expresado a la Conselleria de Vivienda la voluntad de colaborar en este procedimiento habilitado por el mencionado decreto. "El próximo paso será reunirnos en septiembre para firmar un convenio y fijar una cantidad presupuestaria para que el Ayuntamiento pueda ejercer ese derecho de compra preferente", asegura Lozano, quien explica que este movimiento permitirá al consistorio aumentar su parque público de vivienda social.
Se trata de dos derechos de adquisición preferente que posibilitan a la Administración, en determinados casos, quedarse una vivienda cuando se va a proceder a su venta -tanteo- o después de que se haya vendido -retracto-. Aunque regulado desde 2004 para las viviendas de protección pública, el decreto permite a la Generalitat quedarse viviendas en proceso de subasta por impago de hipoteca, las transmitidas por dación en pago o edificios enteros que se vayan a vender o se hayan vendido entre operadores privados. Son las denominadas en la norma "transmisiones singulares".
Posibilidad que ahora pasará a manos de los ayuntamientos en los casos de la compra de vivienda de protección pública o la cesión de los inmuebles adquiridos en el caso de las transmisiones singulares. Y València ha dicho que sí. En caso de que los consistorios no cuenten con recursos suficientes para poder hacer la tramitación administrativa, el Consell intervendrá a su favor. Eso sí, la administración local será la que asuma el gasto del activo que vaya a adquirir.
Además, huelga recordar que las viviendas adquiridas se calificarán de protección oficial con carácter permanente y se incorporarán al parque público municipal. Se destinarán a vivienda habitual de familias, personas o colectivos con escasos recursos sociales o en situación de vulnerabilidad inscritos en el registro del municipio correspondiente.
Este viernes, sin ir más lejos, el Consell dio luz verde al convenio tipo que deberán suscribir los ayuntamientos con la Conselleria de Vivienda con el propósito de hacer efectiva la cesión de estas funciones. Los convenios tendrán una vigencia de un año, con posibilidad de prorrogarse hasta un máximo de cuatro, y una comisión mixta supervisará y controlará el cumplimiento del protocolo.
Es la fórmula idónea a juicio de la administración autonómica ya que, subraya, la adquisición de vivienda por parte del ayuntamiento posibilita que éste gestione tanto las cuestiones relativas a su habitabilidad como su adjudicación.
Con ello augura que se agilizarán los trámites y se evita que los interesados tengan que darse de alta como solicitantes de vivienda en diferentes administraciones así como los desplazamientos fuera del municipio. Y además, al ser los servicios sociales los encargados de realizar los informes de las familias necesitadas de vivienda urgente -por situación de riesgo de exclusión o de desahucio-, el ente local puede actuar de manera directa ofreciendo una alternativa inmediata.