VALÈNCIA (EP). El equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, presidido por María José Catalá y formado por PP y Vox, ha rechazado precipitarse con las normas que afectan a la actividad del sector del taxi y de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en la ciudad y ha apelado a la "seguridad jurídica".
Así lo ha indicado el edil de Movilidad, Jesús Carbonell (PP), en el pleno ordinario de enero celebrado este lunes por la corporación municipal y al tratar el punto en el que se ha dado cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que estima un recurso interpuesto contra la modificación de la Ordenanza de Movilidad de València --aprobada por el anterior ejecutivo de Compromís y PSPV-- que contemplaba limitaciones para la actividad de las VTC.
"No nos vamos a precipitar, no vamos a prejuzgar", ha señalado Carbonell en respuesta a las preguntas que desde la oposición le han hecho el edil de Compromís y extitular de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, y la concejal socialista María Pérez, sobre cuál será la actuación del actual ejecutivo respecto a las VTC, para conocer si regulará su actividad y cómo se podrá compatibilizar con la del sector del taxi.
"Cuál es la relación que piensa que se debe establecer entre el sector del taxi y las VTC. Cree que es conveniente impulsar algún tipo de regulación para las VTC", ha preguntado Pérez. Ella y Grezzi han considerado que hay "encima de la mesa una realidad difícil e injusta para el servicio del taxi", un sector "regulado".
Carbonell ha apuntado que el Tribunal Supremo, que rechazó el recurso del anterior ejecutivo contra la decisión del TSJ respecto a las limitaciones, debe pronunciarse "todavía" sobre "otros recursos", como el presentado por la Federación del Taxi de Valencia, junto a la Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunitat Valenciana y la Asociación Nacional del Taxi.
"Hay que tener en cuenta que existen todavía recursos pendientes de pronunciamiento ante el Supremo, precisamente por la propia Federación de Taxis. Existe un recurso admitido a trámite ante el Tribunal Supremo que va no sólo contra la propia ordenanza sino también contra el decreto del que trae causa la ordenanza. Por tanto, hay que andarse con cuidado y, desde luego, no precipitarse en la toma de decisiones", ha expuesto Jesús Carbonell en respuesta a las preguntas de la oposición.
"¿Qué queremos hacer? Obviamente, hablar con los taxistas", ha agregado el titular de Movilidad, que ha considerado que eso "es fundamental". A su vez, ha aseverado que también se quiere "hablar con la Generalitat" porque "esta regulación a través de la ordenanza es por remisión normativa del propio decreto de la Generalitat".
"Es el decreto de la Generalitat el que abrió la posibilidad de que se regulará adicionalmente una serie de criterios restrictivos que fueron los contemplados en la ordenanza. Por tanto, hay que analizar todo en su conjunto. No se trata de una decisión unilateral del Ayuntamiento en exclusiva. Debemos hablar, como he dicho, con taxistas y con la Generalitat para llegar a un punto de encuentro que garantice la situación del taxi en la ciudad", ha remarcado
Asimismo, el responsable municipal ha manifestado que el equipo de gobierno analizará "también con la Abogacía cuáles son las circunstancias actuales con los recursos que están pendientes" y "con los que ya han recaído en sentencia para ver cuáles son las medidas" que se deben adoptar. "Y desde luego, no nos vamos a precipitar", ha insistido Carbonell.
"Continuaremos abordando esta materia específica que tanta trascendencia tiene para" el taxi "y para la ciudadanía" y manteniendo "diálogo con la Generalitat", de la que parte "la normativa de la cual arranca la legislación", la "ordenanza del Ayuntamiento de València", ha añadido. El edil ha apostillado que "el problema original de todo esto" viene de "cuando --José Luis-- Ábalos, siendo ministro --de Transportes-- dio patada para adelante y remitió a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la resolución de un conflicto que debió haber solucionado él en su momento".
Igualmente, ha aludido a la modificación de la ordenanza de Movilidad aprobada por el ejecutivo municipal anterior y ha dicho a Grezzi que se está ante "un problema que se ha generado por una normativa" de este equipo. "No nos atribuyan ahora la responsabilidad de lo mismo", ha pedido a la oposición.
"El sector del taxi es un sector muy importante en la ciudad y nosotros tenemos abierto un permanente diálogo con ellos y continuaremos así. Lo consideramos fundamental", ha subrayado Carbonell.
Al comenzar a tratar este punto del orden del día del pleno, Compromís y PSPV han pedido que pudiera intervenir el presidente de la Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, pero no ha sido posible, como ha explicado la alcaldesa, debido a los plazos con los que se había solicitado ese turno de palabra.
Durante el debate, tanto María Pérez como Giuseppe Grezzi han lamentado que la normativa impulsada por el equipo de gobierno anterior se haya calificado como "chapuza" aunque fue "redactada técnicamente por personal" del Ayuntamiento, "contaba con todos los avales jurídicos" del consistorio para poder ser aprobada. "Hay que ser prudentes y ha había pasado "todos los filtros legales". Yo no hablaría nunca de chapuza cuando nos referimos al trabajo que sale de esta casa", ha agregado.
Pérez ha asegurado que el PSPV considera "necesario establecer una regulación clara y justa que diferencie adecuadamente entre los servicios del taxi y las VTC, garantizando --como también ha defendido Grezzi-- una competencia leal y protegiendo los intereses de los usuarios y de los proveedores del servicio". "Lo que quiere saber el sector del taxi es si ustedes van a poner freno a las VTC", ha apostillado el edil de Compromís.