VALÈNCIA (VP/EFE). El Ayuntamiento de València y el Gobierno central han alcanzado un principio de acuerdo para llevar adelante el soterramiento parcial de las vías de Serrería, una solución a medio camino entre las preferidas por el Ministerio y por el Consistorio y que supondrá una inversión unos 150 millones de euros.
Así lo ha afirmado la alcaldesa de València, María José Catalá, en declaraciones a los periodistas, en las que ha señalado que durante la visita que el ministro de Transporte, Óscar Puente, realizó a la ciudad el pasado lunes pudieron hablar de esta cuestión. Ambos coincidieron, según Catalá, en que la solución óptima para el proyecto es la solución intermedia de las tres planteadas por el Ministerio, por ser de consenso y contemplar el soterramiento parcial de las vías y, por tanto, la conexión de los barrios de Penyarroja y Nazaret y de toda la zona del PAI del Grau.
Cabe recordar que el estudio informativo que está elaborando el Ministerio de Transportes plantea tres alternativas diferenciadas: la primera, conocida como "integración blanda", supone mantener las vías ferroviarias en superficie y construir dos pasos superiores para los coches en la Avenida Francia y en la Alameda; una segunda, la intermedia, que soterraría la infraestructura del tren unos 900 metros hasta superar el barrio de Moreras; y una tercera maximalista con un túnel ferroviario de 1,6 kilómetros hasta el encuentro con la CV-15. Actuación que supondría un coste de 100 millones, 150 millones o 200 millones respectivamente.
Tanto la alcaldesa como el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, habían reivindicado en múltiples ocasiones que el Ayuntamiento no se movería de la tercera opción al ser la que contemplaba un mayor soterramiento, por lo que se consideraba la más idónea para la ciudad. Por su parte, como publicó Valencia Plaza, el Ministerio esgrimía que esta alternativa tendría una pega en relación al tráfico de mercancías, lo que dificultaría las conexiones con el Puerto.
Así pues, la alcaldesa ha señalado que en esa conversación con el ministro se emplazaron a, en los próximos meses, intercambiar documentación y documentos para firmar un protocolo en torno a la segunda opción, que confía poder tener antes de que finalice el año. Catalá ha considerado que se trata de una solución a medio camino que obliga a las dos partes "a renunciar", pero también "ganar en aras al consenso".
"Después de toda la visita que tuvimos y en un rato que tuvimos solos, llegamos a un acuerdo que es la opción B", ha manifestado. Para la alcaldesa, esta opción puede hacer que este proceso fructifique y comenzar con lo que es necesario ahora mismo, que es licitar el estudio informativo y la declaración de impacto ambiental, el primer paso para esta obra.
Sobre cómo se distribuiría la financiación, Catalá ha dicho que todo esto se tiene que hablar todavía, aunque ha indicado que a ella le gusta el sistema que funciona en la sociedad Valencia Parque Central, donde el Gobierno tiene el 50 % y la Generalitat y el Ayuntamiento un 25 % cada una.
"Tenemos también que afinar con la Generalitat qué parte puede aportar", ha indicado, y ha destacado que Adif tiene mucha propiedad en terrenos en la zona del PAI del Grau, por lo que cree que "es una obra que para el Ministerio se financia sola".
Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha afirmado que el Ayuntamiento de València "tiene un aliado en la Generalitat" en esas reivindicaciones, porque "lo que es bueno para València es bueno para toda la Comunitat".