Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Catorce años después de la celebración de la Copa América de vela en València, la deuda que arrastra el Consorcio València 2007 por las obras para acoger la competición aún seguirá tragándose recursos públicos este año y el próximo. A pesar de que el Estado se ha hecho cargo del grueso de la deuda con la condonación de los 380 millones del crédito con el ICO, el Ayuntamiento de València y la Generalitat aún tendrán que aportar 12 y 24 millones de euros respectivamente para pagar su parte correspondiente al fondo oportunista norteamericano que compró la deuda del Consorcio.
Además del crédito del ICO, el Consorcio aún arrastra una deuda de 67 millones de euros con TCA Taconic, un fondo que en 2018 llegó a un acuerdo con el Banco Santander para subrogarse la posición jurídica de la deuda vencida del Consorcio València. Aunque el precio pagado por el fondo nunca ha trascendido, estos fondos son especialistas en comprar activos a precio de derribo para tratar de obtener posteriormente importantes plusvalías.
Por ese motivo, desde el mismo momento en el que se quedó esa deuda, Taconic ha estado presionando a les tres administraciones que integran en el Consorcio –Estado, Generalitat y Ayuntamiento de Valencia – para que pagasen bajo la amenaza de reclamar judicialmente. Lo habitual en este tipo de operaciones es tratar de negociar una rebaja, pero en este caso las tres administraciones pagarán al fondo los 67 sin haber obtenido ningún descuento.
Ahora bien, la decisión de pagar sin más no es unánime. El primero que dio el paso para pagar sin discutir fue el Gobierno, que ya incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 un primer pago de 12 millones de euros de los 24 que le corresponden por su participación del 40% en el Consorcio.
Como publicó este periódico, la decisión del Gobierno central de presupuestar ese pago sin buscar un acuerdo de descuento dejaba a la Generalitat y el Ayuntamiento sin más alternativas que la de poner también poner toda su parte: 24 y 12 millones de euros, respectivamente.
Ninguna de las dos administraciones incluyó ese pago en sus cuentas de este año porque en principio ni el Consistorio ni la Generalitat estaban por la labor de saldar la deuda con el fondo oportunista sin al menos intentar negociar una rebaja. De hecho, el alcalde de València, Joan Ribó, incluso reclamó al Gobierno del socialista Pedro Sánchez que además del crédito del ICO el Estado asumiera también los 67 millones de la deuda con Taconic.
Pero la situación ha cambiado y apunta a un desenlace que será un negocio redondo para el fondo a costa de las arcas públicas. Según explican fuentes conocedoras de la negociación, el Ayuntamiento de València ha decidido seguir los pasos del Gobierno y abonará también íntegramente la parte de la deuda que le corresponde –6 millones este año y otros 6 el que viene– sin ningún tipo de rebaja.
Aunque la postura oficial de la Generalitat es que se trata de un asunto "en estudio", el hecho de que el Gobierno haya pagado ya y de que el Ayuntamiento vaya a hacer lo mismo no deja escapatoria a la Conselleria de Hacienda, que ahora se ve definitivamente arrastrada a pagar sin más.
Para ello, tendrá que ver de dónde saca los 12 millones que necesita para pagar su parte de la deuda este año más otros 12 millones en 2022. La Conselleria de Hacienda, que está estudiando si realiza una modificación de crédito para ello, resta gravedad al asunto y argumenta que si el Gobierno ha hecho "un gran esfuerzo" para limpiar la infraestructura de deuda, tampoco es "descabellado" que la Generalitat tenga que hacerse cargo de 24 millones.
Las tres administraciones han estado debatiendo durante los últimos meses si correspondía o no pagar la deuda de TCA. A tal efecto, se constituyó una comisión técnica que mantuvo algunos contactos con el fondo, pero las fuentes admiten que siempre ha habido "distintas visiones" al respecto por la posición de debilidad del Estado en comparación con la de la Generalitat o el Ayuntamiento, ya que una denuncia de Taconic por impago dañaría la reputación del Tesoro en los mercados de colocación de deuda.
Por ello, el Ministerio de Hacienda, asesorado por el Tesoro, siempre ha sido muy reacio incluso a la negociación, de ahí que el Gobierno haya sido el primero de los tres entes del Consorcio en pagar.
El origen de la deuda que el Santander cedió en 2018 a este fondo norteamericano es el swap –derivado financiero– que el Consorcio València 2007 se vio obligado a contratar para cubrir el riesgo del tipo de interés del crédito de 319 millones de euros que el ICO dio para las obras de la Copa América de vela. Desde marzo de 2017, el banco reclamaba al Consorcio 54 millones más los intereses bajo la amenaza de iniciar acciones legales a través de los tribunales británicos.
A esos 54 millones se suman otros 9 millones de euros más los intereses de la póliza de crédito que el Santander habilitó para que el Consorcio pudiera hacer frente al swap, pero el ente no ha podido atender ninguna de las dos deudas. Tras el traspaso de la deuda a TCA Taconic, el Consorcio dio el mandato de negociar una solución con el nuevo acreedor en busca de un descuento y pago aplazado, pero los distintos intereses de los entes consorciados han restado fortaleza en la negociación contra el fondo.
De la deuda que sí ha conseguido librarse el Consorcio València, además de los mencionados 380 millones de euros del crédito con el ICO asumidos por el Tesoro, son los 23 millones a favor del Puerto de Valencia por el coste de reposición de las obras, que también serán asumidos en su totalidad por el Estado.
