La verdadera prueba de fuego de la reforma se producirá, desgraciadamente, cuando volvamos a experimentar una fase baja del ciclo
Se han cumplido cuatro años de la reforma del mercado de trabajo realizada en 2012. Justamente, según el último dato de desempleo, éste supone el 20% de las personas en edad de trabajar que buscan empleo, medido así en la Encuesta de Población Activa (EPA). Sigue siendo una cifra terrible (supone más de 4 millones y medio de personas que no encuentran empleo) pero representa una caída importante comparada con el 26.94% y los 6.278.000 del primer trimestre de 2013. Habríamos vuelto en 2016 a las cifras de 2010 y estaríamos lejísimos todavía del 7.93% del segundo semestre de 2007 (1.773.000 parados).
Aunque es pronto para contar con suficiente información para poder valorar en su integridad la reforma, se han publicado ya un buen número de estudios de fuentes diversas que la evalúan. El más reciente lo ha elaborado el Tesoro francés. Precisamente Francia es otro de los países de la zona euro a los que la Comisión Europea ha recomendado que se lleven a cabo reformas en el mercado de trabajo y las han iniciado más recientemente.
La característica que distingue el desempleo en España del generado durante la crisis en el resto de Europa es lo severo de su aumento, a pesar de que la caída inicial de PIB en nuestro país fue menor que la media. Además, mientras que cuando hay crecimiento aumenta más o menos a la misma tasa que el PIB, en las recesiones cae de manera mucho más dramática. Este efecto puede verse en el Gráfico 1, donde se compara el crecimiento del empleo y del PIB en España y en la zona euro.
Siguiendo las líneas maestras señaladas por las autoridades europeas, tanto Comisión Europea como Banco Central Europeo, las reformas comenzadas en 2010 y después modificadas y ampliadas en 2012 tuvieron como objetivo eliminar las rigideces que daban lugar a que los ajustes en el empleo se realizaran vía cantidades (despidos), mientras que los salarios nominales continuaban creciendo después de varios años de recesión, tal y como mostró Mario Draghi en su discurso de Jackson Hole en 2014 (véase el Gráfico 2).
Son cinco los ámbitos de reforma a los que se pueden adscribir las medidas tomadas, tal y como se detalla en la Tabla 1: negociación colectiva, flexibilidad interna, flexibilidad externa, contrato de trabajo y seguro de desempleo. El primero de ellos, la negociación colectiva, es el que limitaba con mayor claridad la flexibilidad a la baja del salario nominal, dada la inercia creada por los acuerdos sectoriales o por la indiciación de los salarios a la inflación. Otras medidas tienen como objetivo mejorar la movilidad de la mano de obra y simplificar los procedimientos. Utilizando una nueva base de datos desagregada, Filipo di Mauro y Maddalena Ronchi en un estudio publicado en Bruegel hace unas semanas, analizan el papel que la estructura del mercado de trabajo juega para explicar el desempleo.
Estos autores concluyen que la excesiva centralización de la negociación, que ha sido tradicionalmente el caso de España, explica no sólo el elevadísimo nivel de desempleo, sino la persistencia de las elevadas tasas y la pérdida de competitividad que se genera por la falta de flexibilidad de los salarios nominales. La descentralización de la negociación colectiva parece haber sido aceptada por los principales agentes sociales, como lo muestra la firma en 2015 de un nuevo convenio entre patronal y sindicatos para el período 2015-2017. En él se pactan aumentos muy moderados de salarios en 2015 y 2016, así como la referencia en 2017 al crecimiento del PIB y no de la inflación; además, se reconoce también la posibilidad de acuerdos a nivel de empresa, sector o región.
Por lo que se refiere a la valoración de los efectos que ha tenido la reforma laboral sobre el desempleo en España, según el informe realizado por el Tesoro francés, los 950.000 empleos creados entre finales de 2013 y finales de 2015 se explicarían, principalmente, por el descenso en los salarios reales entre 2009 y 2013. Sin embargo, con datos del INE, los salarios reales habrían bajado especialmente en los contratos temporales, dada la rigidez a la baja de los salarios en los contratos indefinidos (un 14.4% de descenso frente a un 6% en los indefinidos). Según la OCDE, se podría atribuir la mitad de dicha caída a la reforma y a los acuerdos de 2012 sobre la negociación colectiva. No obstante, sólo un 6.8% de las empresas habrían aplicado, hasta 2014, los mecanismos de flexibilidad interna, mientras que la negociación colectiva sigue siendo importante para determinar los salarios.
La Comisión Europea también hizo el pasado febrero de 2016, en el informe sobre España, una valoración de los resultados de la reforma de 2012 en términos de empleo, calculando que habría contribuido, entre 2012 y 2013 a crear 400.000 empleos, algo más de lo estimado por el Ministerio de Economía en su evaluación de 2013 (225.000). En el caso del BBVA, hay dos estudios recientes: el primero, de 2013, calculó (usando un modelo VAR estructural) que la moderación salarial habría evitado unos 60.000 despidos en el corto plazo y unos 300.000 a medio plazo; en el segundo, realizado este año por Doménech, García y Ulloa, se habrían “salvado” unos 910.00 empleos entre 2012 y 2015, llegando a 1.5 millones a medio plazo.
No obstante, en el mencionado informe de la Comisión Europea de este año se sigue insistiendo en la persistencia del desempleo de larga duración, al tiempo que se hace necesario aplicar más medidas activas de fomento del empleo. Queda mucho por hacer aún y el empleo sigue encontrándose lejos de la media de la Eurozona. La verdadera prueba de fuego de la reforma se producirá, desgraciadamente, cuando volvamos a experimentar una fase baja del ciclo. Ello supondrá una prueba de resistencia del mercado de trabajo español. Por si acaso, es necesario continuar la reforma en la dirección recomendada por la Comisión Europea y que los malos tiempos nos encuentren preparados para contrarrestarlos.
El Ejecutivo autonómico llega a un acuerdo con el central por el artículo que todavía permitía los contratos por obra y servicio, que chocaba con la reforma laboral