Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Consell modificará la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2024 tras las discrepancias expresadas por el Gobierno central por incumplir la ley en uno de sus artículos. Así, cambiará el relativo a los contratos por obra y servicio, según explican desde la Conselleria de Hacienda que dirige Ruth Merino. Éste entra en colisión con la normativa estatal.
Debido al desacuerdo del Ejecutivo central, se ha convocado la habitual comisión bilateral de cooperación Administración General del Estado-Generalitat. Normalmente, es el espacio en el que resolver las discrepancias y ambas administraciones disponen de seis meses para alcanzar un acuerdo y evitar así la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional.
El artículo de los Presupuestos que el Gobierno central avisa de que choca con la legislación nacional es el 37, referido a la contratación de personal temporal con cargo a los créditos para inversiones. En él se establece que las distintas consellerias y los organismos autónomos de la Generalitat podrán formalizar durante 2023, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contratos laborales de carácter temporal para la realización de obras o servicios si se cumplen una serie de requisitos.
Entre ellos, que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los presupuestos de la Generalitat vigentes; o que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.
Se trata de unos párrafos que ya venían en las leyes sobre las cuentas de años atrás durante la etapa del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem). Sin embargo, colisionan con la reforma laboral aprobada por el Gobierno central. Con su entrada en vigor en 2022, ya no pueden realizarse contratos de obra o servicio determinado porque estos desaparecieron de la normativa laboral. De hecho, se trataba de uno de los puntos clave de la citada reforma con el que se pretendía reducir el abuso de la temporalidad en la contratación.
La Comunitat Valenciana no ha sido la única en incluir en sus cuentas los contratos de obra y servicio. También lo ha hecho, por ejemplo, Madrid. El Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz denunció que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso estaba incumpliendo la Constitución y la Ley en materia laboral "con el único objetivo de precarizar el empleo". La comunicación del ministerio a la Generalitat también ha sido en los mismos términos de advertencia de vulneración de la legislación estatal.
El Gobierno valenciano no tiene intención de confrontar en este asunto, que atribuyen más bien a un lapsus al dejarlo tal y como estaba respecto a la redacción de anteriores presupuestos. De manera que lo corregirán sin mayor problema y evitarán el recurso ante el Constitucional.
