Foto: MARCIAL GUILLÉN (EFE)MURCIA. Las primeras consecuencias internas en el Ayuntamiento de Murcia por las posibles responsabilidades por la tragedia de Atalayas que ha costado la vida a 13 personas ya se han dado. Y es que el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha dado orden de apartar a los funcionarios que intervinieron en el expediente sobre la discoteca Teatre Murcia S.L. en 2022.
Esta medida no sorprende, ya que el mismo lunes por la mañana, solo unas horas después del suceso, el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, era rotundo y aseguraba que "vamos a actuar contundentemente ante la Justicia, nos vamos a presentar contra la empresa Teatre por haber obviado las órdenes de cese", a la vez que añadió que actuaremos "caiga quien caiga" y se depurarán "todas las responsabilidades del expediente".
Las sospechas sobre si hubo negligencia por parte del Ayuntamiento surgieron tras una apresurada rueda de prensa conjunta entre Navarro Corchón (PP) y su predecesor en el cargo, el socialista Andrés Guerrero. En ella explicaron que sobre la discoteca pesaba una orden de cierre, que nunca se cumplió y que se hizo firme en octubre de 2022.
Además, poco después se supo que el Ayuntamiento le dio el 'ok' a una inspección sanitaria de Teatre 5 meses después de esa orden de cierre. Así consta en el acta de inspección levantada por el Ayuntamiento un mes después de que ese mismo servicio sanitario advirtiera determinadas deficiencias en sus condiciones higiénico-sanitarias.
"Se han subsanado todas las deficiencias detectadas en anterior visita de inspección de fecha 9 de febrero de 2023. El local cumple condiciones higiénico-sanitarias, y procedo a que sea inscrito en el Registro Sanitario Autonómico de establecimientos minoristas de alimentación", según indica en su escrito el funcionario del servicio de veterinaria del Consistorio murciano que firma el documento.
El Consistorio se movió rápido y Ballesta ordenó la apertura de un expediente informativo con el fin de esclarecer "todo lo ocurrido" en el procedimiento administrativo relacionado con los locales de la zona de Atalayas donde se produjo el incendio el pasado domingo.
Esta medida cautelar se establece mientras se llevó a cabo la investigación que se inició horas después de la tragedia, con el fin de "determinar con precisión los antecedentes, datos y circunstancias en el proceso administrativo".
Se ha encomendado al responsable de la instrucción que recabe, con carácter prioritario y urgente, "cuantos datos e informes sean convenientes o necesarios de los distintos servicios".
Estas actuaciones responden al compromiso manifestado el domingo por Ballesta de llegar al total esclarecimiento de los hechos en relación a la orden de cese de actividad de la discoteca 'Teatre' dictada por el concejal de Urbanismo de la anterior Corporación en enero de 2022 y depurar posibles responsabilidades.
Cabe recordar que, en cuanto se conoció por la actual Corporación la situación, el regidor dio orden de personarse como acusación en las diligencias judiciales abiertas.
De igual forma, el pasado domingo, Ballesta dio orden de revisar la situación administrativa de todos los locales de ocio del municipio, así como comprobar el cumplimiento de las órdenes de cese de actividad dictadas.
