La operación de Banco Valencia en el centro de Barcelona, a juicio desde este lunes
Domingo Parra, segundo por la derecha, a su llegada a la Audiencia Nacional. Foto: FERNANDO VILLAR/EFE
12/07/2020 -
VALÈNCIA (EFE). La Audiencia Nacional juzga desde este lunes al ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra por presuntos delitos de administración desleal o apropiación indebida en una operación inmobiliaria en Barcelona con la sociedad Iberfin Capital, en la que su familia tenía participación.
La Fiscalía Anticorrupción, que pide para él entre dos y tres años de prisión y una multa de unos 81.000 euros, reclama idénticas penas para otras seis personas, antiguos directivos de la entidad levantina y de Bancaja, así como los responsables de la compañía, entre los que se encuentra el hijo de Parra, José Antonio.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público señala al que fuera consejero delegado de Banco de Valencia, a su director del área de inversiones y riesgos, Francisco Egea, y a los exdirectivos de Bancaja Juan Zurita y José Vicente Giner por actuar "en detrimento de los intereses de las entidades".
Los acusa de haber aprobado de forma irregular la subrogación de Iberfin Capital "en una carga hipotecaria inferior en casi 10 millones de euros a la que gravaba la finca adquirida por la empresa", situada entre la Plaza Cataluña y el Paseo de Gracia, y que procedía de un préstamo anterior concedido en 2006 por ambas entidades a la sociedad Andybal.
Según relata la Fiscalía, los vínculos entre Iberfin y Domingo Parra eran múltiples, no en vano su sociedad familiar, Intercapiresa, tenía una participación del 25 % en ella, y su hijo fue uno de los responsables que "solicitaron y obtuvieron" el visto bueno a la operación.
El origen de las irregularidades
El Ministerio Público ya detecta irregularidades en el momento de la concesión de dos préstamos, por importe total de 112 millones de euros a Andybal, sin que previamente se hubieran tasado los inmuebles que se iban a adquirir ni se otorgaran garantías hipotecarias.
En 2010, apenas meses después de que la compañía se viera obligada a cambiar las condiciones de estos préstamos dada su situación de iliquidez, los representantes de Iberfin se interesaron en la compra de los bajos del edificio pese a ser "conscientes" de la importante carga que gravaba el inmueble.
Con el objetivo de reducirla, prosigue la Fiscalía, los acusados Dimás de Andrés y su padre, Francisco de Andrés, se dirigieron a los responsables de Banco de Valencia y Bancaja para conseguir que se quedara "en la cantidad que estaban dispuestos a pagar", 27,4 millones de euros.
La entrada de la familia Parra
Para ganar apoyo, vendieron el 25 % de Iberfin a Intercapiresa, participada por la familia Parra, de modo que el hijo del consejero delegado de la entidad pasó a colaborar en las gestiones de la operación "y comunicó a su padre los objetivos de la sociedad, obteniendo su influencia para propiciar el éxito de la misma".
Acto seguido, para ajustar el precio, "se omitieron en los expedientes los estudios técnicos correspondientes, quedando sin contrastar el valor de los inmuebles"; tampoco se practicaron tasaciones de las distintas partes del edificio "que permitiesen una distribución racional de las cargas descritas", ni se utilizaron las existentes de 2009 "ni siquiera por aproximación".
Paralelamente, el riesgo de Andybal "se vio indebidamente elevado" al tener que hacerse cargo de la carga hipotecaria no asumida por Iberfin, circunstancia que le privó de "una mayor capacidad de liquidez y pago" que, a su vez, habría reducido la necesidad de dotaciones de las entidades.
El escrito se apoya además en el informe de la inspección del Banco de España, la cual determinó que las cargas que tendría que haber soportado Iberfin "conforme a criterios técnicos" ascendían a 37 millones en lugar de los 27,4 millones finalmente asumidos.
De esta diferencia, cerca de 4,3 millones correspondían a Banco de Valencia y 5,3 millones, a Bancaja.
En la última década, el inmueble, ubicado en el Paseo de Gracia con Plaza Cataluña, se ha convertido en un símbolo de la burbuja inmobiliaria, llegando a cambiar hasta cinco veces de propietarios en poco más de siete años sin que ninguno de ellos concretara un proyecto.
La sección tercera de la sala de lo Penal será la encargada de celebrar la vista, programada hasta el próximo jueves, en la que Parra volverá a sentarse en el banquillo después de que el pasado enero fuera condenado a un año y tres meses de prisión y al pago de 94 millones al FROB, en el marco de la que fue la mayor operación crediticia de Banco de Valencia.
