Bancos, grandes firmas e instituciones, acreedores de Tastia... que espera una decisión sobre su futuro

CASTELLÓ. El concurso de acreedores del grupo castellonense Tastia, dueño de la cadena de restaurantes Muerde la Pasta, se acerca a sus últimos compases después de que el administrador concursal haya presentado el informe sobre el estado de la compañía. El juzgado que tutela el proceso tiene ante sí dos ofertas por las unidades productivas del conglomerado de alimentación y restauración, la del grupo inversor Atitlan y la de un particular, sobre las que todavía no ha tomado una decisión.

El pasado 12 de enero, el juzgado de lo mercantil número 1 de Castellón emitió el edicto donde constata que el administrador concursal ha depositado el mencionado informe y da 10 días a los interesados para que puedan impugnar tanto el inventario como la lista de acreedores, entre las cuales hay una treintena de nombres, entre entidades bancarias, proveedores, grandes empresas y también administraciones públicas.

Así, entre los demandantes del proceso concursal se encuentran, por ejemplo, Caixabank, BBVA, Bankinter, el Banco Santander, Ibercaja o Deutsche Bank. También figuran en este listado administraciones como la Diputación de Castellón, la Agencia Tributaria de Andalucía, el Ayuntamiento de Zaragoza o el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga. Además de conocidas empresas como Mahou, Aguas Solan de Cabras o Fripozo, entre otras.

El grupo, conformado por 18 empresas, entró en concurso voluntario el pasado mes de septiembre ante las pérdidas que arrastraba por el golpe de la pandemia de coronavirus. Como publicó Castellón Plaza, la firma pudo reducir sus pérdidas el año pasado hasta situarlas en los 5,4 millones de euros, un 34% menos que el año anterior y casi la mitad que en 2020, pero ello no evitó la solicitud del concurso finalmente pese a los numerosos intentos de sus administradores por obtener liquidez. 

Dos ofertas por el grupo

Con todo, el concurso puede dar una nueva vida a la propietaria de Muerde la Pasta, al haberse presentado dos ofertas para hacerse con los activos y subrogarse los empleados del grupo. En un principio, fue Atitlan quien se presentó para adquirir las 17 unidades productivas del grupo y resucitar el negocio. Pero una vez hecho público el concurso de acreedores y abierta la oportunidad de nuevas ofertas, un particular planteó una segunda oferta de compra y el administrador concursal acabó considerando insuficiente la del grupo inversor valenciano. 

Sin embargo, la falta de certezas sobre esta oferta alternativa ha ensombrecido el proceso y ha generado no pocas dudas no sólo en el grupo inversor valenciano que se presentó primero, sino también en la propia concursada y sus trabajadores. La oferta alternativa ascendía a 8,7 millones de euros y hasta 20,9 teniendo en cuenta inversiones, indemnizaciones y otros gastos, pero los mencionados escritos señalan que la oferta no acredita la veracidad de lo prometido, como ha ido publicando Valencia Plaza a lo largo del proceso.

Cabe recordar que el Comité de Empresa se sumó a las dudas de Tastia y Atitlan y pidió al juzgado que tutela el proceso que solicite "a los ofertantes aval u otra garantía del cumplimiento de las asociaciones asumidas y, en concreto, del precio de compra ofertado por ambos". A su juicio, "es fundamental" que los ofertantes acrediten "suficiente estructura empresarial, capacidad técnica, personal humano y técnico así como solvencia económica" para garantizar "la continuidad de la actividad de las empresas en su conjunto y el mantenimiento del empleo en las condiciones ya pactadas con la representación sindical". A la postre, "está en juego el futuro de 700 familias".

Con el informe del administrador a favor de esta oferta, el juzgado ha de decidir finalmente cuál de las dos acaba siendo exitosa. En este contexto, y según ha podido saber este diario, ha dado un plazo a Atitlan para que pueda revisar su planteamiento. Sin embargo, cabe recordar que ya en su momento el grupo inversor declinó presentar una mejora de su propuesta pese a que el administrador concursal había considerado su oferta como insuficiente.