Ana Barceló y Ximo Puig, reunidos este martes en el Palau de la GeneralitatVALÈNCIA. La Comunitat Valenciana no puede decidir cuándo acabará la prohibición de fumar en la vía pública o el cierre del ocio nocturno al margen del Gobierno central. Según el acuerdo entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad, la vigencia de estas y el resto de medidas que se ha decidido aplicar de forma coordinada en toda España para frenar el avance de la Covid-19 la decide el ministro de Sanidad, no las Comunidades Autónomas. Pese a ello, la Conselleria ha establecido una vigencia de 21 días para estas medidas, lo que choca frontalmente con lo pactado en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad.
Así, según la resolución publicada este martes por el departamento que dirige Ana Barceló para adoptar las medidas acordadas para el conjunto de autonomías, estas tienen carácter "transitorio"y se aplicarán en toda la Comunitat Valenciana "durante un periodo de 21 días
naturales" desde su aparición en el DOGV, "sin perjuicio de su revisión y prórroga en función de la situación epidemiológica".
De esa manera, el veto al tabaco, el cierre de bares y discotecas o la obligación de realizar pruebas PCR a todos los nuevos ingresos y reingresos en residencias de mayores, decaerán en la Comunitat dentro de tres semanas, salvo que la Conselleria de Sanidad dicte una nueva resolución para prolongarlas.
La propia Ana Barceló explicó el pasado lunes que la Comunitat Valenciana era la única que había establecido un plazo de tres semanas de vigencia para las medidas, dando a entender que el resto de regiones lo habían fijado en catorce días. De hecho, explicó que se había extendido una semana más respecto al resto para cubrir también la primera semana de septiembre, coincidiendo con la vuelta al cole.
Pero la realidad es que en todas las comunidades excepto en la valenciana las nuevas restricciones "dirigidas al control de la transmisión comunitaria" se adoptan sin fecha de caducidad. De hecho, la esencia del acuerdo nacional es que todas las regiones actúen de forma coordinada en las medidas para contener la expansión del virus.
Consultadas al respecto, fuentes del Ministerio de Sanidad confirman a este periódico que "no hay ningún plazo establecido", ya que lo pactado entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas en la reunión extraordinaria del pasado viernes es una Declaración de Actuaciones Coordinadas que mantendrá su vigencia "hasta que se produzca su revocación expresa por el Ministro de Sanidad".
Es por lo tanto el ministro Salvador Illa quien se reserva las competencias para, previo acuerdo del Consejo Interterritorial, decidir cuánto tiempo se mantienen estas medidas coordinadas y conjuntas para todas las regiones. Esta Declaración de Actuaciones Coordinadas se pactó "por unanimidad" de Ejecutivo central y Comunidades Autónomas, inciden las mismas fuentes.
En efecto, gobiernos como el de Galicia o Andalucía, que ya han publicado en sus respectivos boletines oficiales la adaptación de sus normas a lo pactado en el consejo interterritorial de Sanidad, no establecen ningún límite temporal a la vigencia de las nuevas medidas.
Tampoco Cataluña, Baleares, Aragón o Extremadura, que también publicaron este martes sus respectivas resoluciones, recogen fecha de caducidad para las medidas. En el caso de la comunidad que preside Guillermo Fernández Vara incluso se refleja textualmente el párrafo del acuerdo nacional con el que el ministro Illa se reserva la potestad de poner fin a las medidas.
Además de por poner fecha de caducidad, la resolución de Ana Barceló resulta llamativa porque implica romper la unidad de acción pactada por unanimidad de todas las Comunidades Autónomas y el Gobierno para actuar de forma coordinada en las medidas de control de la pandemia a aplicar en el conjunto del país.
El acuerdo nacional destaca que la evolución de la situación epidemiológica, la diversidad y heterogeneidad de algunas de las medidas adoptadas en los diferentes territorios y "la necesidad de alinear los esfuerzos conjuntos de todas las autoridades sanitarias, aconsejan establecer un mínimo común de medidas que deberán ser adoptadas por las comunidades autónomas en el ámbito competencial que les es propio, utilizando la figura de la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública".
La aprobación de este Declaración corresponde al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas. En el mismo se han incluido las medidas que se han considerado "estrictamente necesarias e imprescindibles para atajar la situación de especial riesgo para la salud pública derivada del incremento de casos positivos por Covid-19", y que, por su naturaleza, se considera que tienen "un impacto muy significativo en el objetivo de prevenir y controlar la expansión de la enfermedad".
Según explican fuentes del Ministerio de Sanidad, se trata de un "acuerdo de mínimos" entre regiones. Algunas han decidido ir más allá en medidas específicas, pero el pacto implica coordinación en todo el país en las condiciones específicamente recogidas en el acuerdo. No se permite ir a menos.
Todas las medidas recogidas expresamente en el acuerdo estarán por tanto vigentes mientras el ministro no determine lo contrario tras pactarlo en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Cualquier acuerdo en otro sentido para permitir, por ejemplo, que algunas Comunidades Autónomas puedan relajar las medidas si su situación epidemiológica mejorase debe debatirse y decidirse en ese mismo órgano, según el compromiso mutuo adquirido entre el Gobierno y las CCAA.
Desde que decayó el estado de alarma, cada gobierno autonómico ha tenido plenas competencias para adoptar medidas en su territorio en función de la situación epidemiológica, pero la expansión del virus de las últimas semanas obligó al Ministerio de de Sanidad a promover este último paquete de once medidas y tres recomendaciones que las CCAA se han comprometido a aplicar de forma conjunta y coordinada.
Por otro lado, la consellera Ana Barceló se reunió el martes con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para analizar la situación sanitaria de la Comunitat y las medidas que entraron ayer en vigor "con una vigencia de 21 días" y que se refieren a ocio nocturno, hostelería y restauración, eventos masivos, residencias, tabaco y cribados, según informó Presidencia en un comunicado.
