Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Prosigue la batalla judicial en torno al fraude de cuatro millones de euros perpetrado por unos estafadores hace dos años contra la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València. Los defraudadores anónimos se hicieron pasar por el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, y un abogado y engañaron a una directiva de la firma municipal para que les facilitara las firmas bancarias y tramitara ocho transferencias a dos empresas en China.
El dinero se ha disipado y ahora la EMT busca que el juez impute a Caixabank, el banco que tramitó los pagos fraudulentos, por blanqueo imprudente. La semana pasada, el titular del juzgado número 18 de Valencia rechazó en una providencia la imputación al no existir por ahora indicio alguno de que el banco cometiera ningún delito.
No obstante, en aquel escrito sí solicitaba a Caixabank, por un lado, sus protocolos internos de prevención contra el blanqueo de capitales, y por otro, que demuestre la formación en prevención de blanqueo de aquellos empleados que tomaron parte en los trámites de las transferencias del fraude. Unas diligencias pedidas por la EMT pero que rechaza la entidad bancaria: este martes, Caixabank recurrió la providencia del juez para dejar sin efecto los requerimientos de documentación.
El banco considera que esas pesquisas no buscan averiguar los hechos investigados ni la autoría de los mismos, sino que lo único que quiere la EMT es imputar a la entidad bancaria un delito de blanqueo "del que no existe ningún indicio en autos", reza el recurso al que ha tenido acceso Valencia Plaza. En ese sentido, defiende la entidad bancaria, si el juez ya ha admitido en su providencia que no hay ningún indicio de delito de blanqueo por imprudencia, eso mismo conlleva que las diligencias "interesadas" de la EMT sean "innecesarias e inútiles".
Por otro lado, el banco recuerda que estas peticiones de documentación ya las hizo la EMT en diciembre de 2019 poco tiempo después de que se abriera la investigación. Entonces "fueron expresamente rechazadas por este juzgado por impertinentes e innecesarias". Concretamente, entonces el juez entendió que "las coordenadas de la instrucción [...] no reclaman una investigación exhaustiva ni sobre las personas concretas ni sobre la adecuación de conductas a protocolos internos" del banco. Y por eso, entiende Caixabank que no tiene sentido volver a solicitarlas si sigue sin haber indicio de delito alguno.
La empresa municipal solicitó la imputación del banco a principios de octubre por haber "contribuido por infracción de su deber de control y omisión de las más elementales normas de cuidado exigibles a toda entidad bancaria". Y esgrimía la EMT el acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas, que además de considerar responsable contable a la ex directiva de la EMT protagonista, Celia Zafra, explicitaba también que el timo "no hubiera sido posible sin la actuación de la entidad de crédito".
Caixabank respondió alegando sorpresa e indefensión por el hecho de que la EMT intentara convertir ese comentario del acta del Tribunal de Cuentas en un indicio de delito. En primer lugar porque, sostuvo, dicha acta no forma parte de la instrucción y, en segundo lugar, porque en cambio la empresa municipal no acudió a "la extensa y abundante prueba practicada" durante la investigación "sin duda porque no le interesa" y "tal vez [...] porque la prueba practicada [...] no permite a la EMT llegar a tan peregrinas conclusiones".
También la empresa municipal hacía referencia al papel que tuvo el Soporte Operativo a Banca Institucional (SOBI) -el área que se encargó de tramitar los primeros pagos- por no cuadrar exactamente con las declaraciones de algunos empleados del banco en la investigación. Según los gestores de Caixabank, ellos sólo trataron con la directiva de la EMT, Celia Zafra, y no con cualquier otro superior porque "no tenían ninguna obligación" dado que "no existía acuerdo o pacto contractual con la EMT que fijara un importe mínimo de las transferencias" para informar a los superiores.
Caixabank insiste en que la EMT hace "una interpretación torcida e interesada" del protocolo del SOBI, puesto que en él sólo se explicita que el cliente -la EMT- debe dirigir sus peticiones por correo al SOBI que, en caso de que faltara información, debe contactar con el cliente para conseguir dicha información. Y toda vez ejecutada la operación, se comunica al cliente y se le entrega justificante. Para transferencias como es este caso, se exige que la orden de pago vaya firmada por los apoderados.
En la EMT los apoderados eran los superiores de Zafra: el gerente, Josep Enric García, y la jefa de Gestión, María Rayón; el primero, de vacaciones durante buena parte del fraude, y la segunda, de baja maternal. Los estafadores engañaron a la subalterna, Celia Zafra, para que les remitiera sus firmas y aquellos pudieron diseñar las órdenes de pago con las firmas falsificadas. Zafra remitió dichas órdenes a Caixabank por correo -como marca el protocolo del SOBI- y más tarde hubo "confirmación telefónica expresa".
Por eso la entidad bancaria se excusa en que "recibió instrucciones precisas y reiteradas para realizar esas transferencias por parte del cliente -Zafra-", tanto por correo como por teléfono y más tarde solicitando el justificante Swift de las operaciones. Incluso en las dos últimas transferencias de las ocho que se hicieron, Caixabank informó a Rayón por correo.
Este es precisamente otro punto de controversia: si Rayón, superior de Zafra, pese a estar de baja, tuvo conocimiento de alguna forma de las transferencias. Porque además de ser informada por correo, también "tuvo un puntual conocimiento de la operativa", dice Caixabank, dado que su usuario accedió a la banca online 14 días del mes de septiembre en el que se produjo la estafa; "en casi todos los accesos visionó los movimientos", y "necesariamente en dichos accesos y visionado de movimientos se le mostraron las transferencias realizadas a China".
La jefa de Finanzas de la EMT, María Rayón. Foto: EFE
Rayón ya ha declarado en el juzgado negando que ella viera cualquier movimiento de este estilo. Ciertamente, del 1 al 13 de septiembre, las entradas se produjeron de madrugada, sistema operativo Linux y navegador Firefox, lo que hace pensar a los peritos que Rayón "podría no haberlas realizado [las entradas]" durante aquellos días, pero sí los posteriores. Con todo, Caixabank dice que no existe denuncia alguna por parte de la EMT relativa a que las credenciales de Rayón hayan sido objeto de robo o uso fraudulento, "lo cual resulta harto revelador".
Así las cosas, la entidad bancaria achaca el robo directa y únicamente a las "graves irregularidades internas de la EMT y continuas brechas de seguridad" constatadas por la Sindicatura de Comptes, como la inexistencia de una adecuada segregación de funciones en la sección de Administración, la falta de acreditación de la validación de facturas, la escasa periodicidad en el control de las cuentas bancarias, la falta de procedimientos escritos y aprobados por la EMT para los arqueos de caja o la falta de control efectivo sobre las personas autorizadas para la disposición de fondos en cuentas bancarias.
