VALÈNCIA (EFE). Las Comunidades que no se han endeudado con el Estado acudiendo al FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico, "han ayudado a reducir la prima de riesgo, se financian a tipos por debajo del Tesoro y crecen más”, señala el informe "Endeudamiento de las comunidades autónomas (II)” del BBVA Research.
Se trata de Asturias, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco, que no han solicitado financiación con cargo al FLA de 2023. En el otro extremo están las más endeudadas en relación con su PIB, que son la Comunitat Valenciana (44 %), Castilla-La Mancha, Cataluña (33 % ambas) y Murcia (32 %).
“Las comunidades autónomas que han acudido al FLA han recibido un subsidio para hacer frente al pago de su carga financiera”, recuerda el informe, antes de señalar que “el recurso al FLA implica una serie de condiciones y obligaciones que pueden limitar la actuación de los gobiernos regionales en sus políticas de ingresos y gastos, lo que ha apoyado la reducción del déficit autonómico”.
“El FLA permitió a los gobiernos regionales el acceso a la financiación en condiciones favorables”, añade. “Sin embargo, los costes que tiene deben llevar a cambios en su diseño e implementación”, prosigue.
“Algunos de los costes asociados al FLA serían: el aumento de la prima de riesgo de las emisiones del Tesoro, una redistribución de recursos entre administraciones públicas cada vez menos justificada, la posibilidad de generación de conductas no deseadas dada la dependencia del Estado y la reducción del atractivo de acometer reformas”, explica.
“Por otro lado, el coste financiero de estar fuera del FLA es transitorio y reducido, mientras que los beneficios serán mayores para estos gobiernos regionales, dado que han contribuido a reducir la prima de riesgo española, gozarán de mejores condiciones de financiación a medio y largo plazo y su exposición a los mercados de capitales potencialmente crea incentivos para implementar reformas”, concluye el informe.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral