En el año 1977, mucho antes de que Ximo Puig y Pedro Sánchez lanzaran la idea de descentralizar la administración del Estado abriendo nuevos organismos a diestro y siniestro, a alguien en el Ministerio de Sanidad se le ocurrió montar en el complejo hospitalario La Fe de València el Centro Nacional de Dosimetría (CND), organismo estatal, como su propio nombre indica, que controla la radiación que recibe el personal sanitario español que trabaja donde se hacen radiografías y tomografías computerizadas (TAC o TC).
Hace tres semanas, este periódico publicó que el CND trabaja en la creación de un Banco Nacional de Dosis a Pacientes para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, que tendrá como objetivo la recopilación, unificación y monitorización de todos los historiales dosimétricos de los pacientes a nivel estatal. El proyecto, desarrollado por las multinacionales Izertis y GE Healthcare, permitirá centralizar en un registro clínico todos los datos relevantes sobre la exposición de cada paciente a la radiación en pruebas médicas realizadas en los hospitales españoles. La información estará disponible para los pacientes y para los profesionales sanitarios que deben decidir si realizan una prueba radiológica que, como todas, tiene efectos a largo plazo.
Más allá del indudable beneficio del banco de datos para los pacientes, cabe destacar lo provechoso que será para la ciencia a poco que se invierta en el manejo e interpretación de los datos. Lo que se conoce como big data. Cruzar los datos de las pruebas radiológicas realizadas a millones de pacientes con los datos de enfermedades sufridas al cabo de los años por esa población anonimizada, especialmente cáncer, permitirá conocer con más precisión la correlación y tomar las medidas preventivas oportunas.
El big data está haciendo ganar mucho dinero a empresas privadas a las que vamos cediendo nuestros secretos más o menos inconscientemente, mientras las administraciones, que acumulan datos administrativos, fiscales y médicos de millones de ciudadanos, van mucho más lentas por un mal entendido respeto a la protección de datos y, sobre todo, por falta de medios.
Con la covid, ese desaprovechamiento de la información es dramático. Sanidad tiene todos los datos de cada paciente español: edad, sexo, enfermedades previas o crónicas, si ha pasado la covid, si se ha vacunado, cuándo y con qué vacuna… Disponiendo de todos esta información, después de casi dos años de pandemia y once meses de vacunación, el Ministerio de Sanidad no mostró hasta la semana pasada los datos de incidencia, hospitalizaciones y fallecimientos por separado de vacunados y no vacunados (que confirman lo que ya sabíamos los no terraplanistas: las vacunas salvan vidas y reducen los ingresos por covid en el hospital, con el consiguiente ahorro para la administración, si se quiere mirar también desde el punto de vista de los recursos públicos).
Unos datos de los que no se ha dado información por Comunidades Autónomas. Este periódico ya había solicitado esa información sobre la Comunitat Valenciana a la Conselleria de Sanidad, que, como es habitual, nos remitió al Ministerio, que a su vez, como también es habitual, nos remitió a la Conselleria. Los datos existen, obviamente, pero ni los hacen públicos en sus informes ni los facilitan a quien los pide. La información oficial continúa sirviéndose de manera unidireccional.
Gracias al big data, al cruce de los datos de vacunación con los casos positivos, hospitalizaciones y fallecimientos hemos podido saber que la vacuna de Moderna está siendo la más eficaz, tanto en la prevención de contagios como en las complicaciones, seguida de la de Pfizer, AstraZeneca y Janssen, por este orden. Por cierto, la efectividad fue mayor para las personas que combinaron AstraZeneca y Pfizer que para las que desoyeron las recomendaciones del ministerio y eligieron ponerse la segunda dosis de AstraZeneca porque no querían mezclar.
Se podría ir más allá. Por ejemplo, cruzar los datos de ancianos de residencias infectados, hospitalizados y fallecidos con los de trabajadores de esas residencias que se han contagiado y si estaban vacunados o no. Así sabríamos si la permisividad del Gobierno con el colectivo de desaprensivos que, sin querer vacunarse, asean y dan de comer a ancianos ha provocado más muertos de los que se habrían producido en las residencias si se les hubiese suspendido de empleo y sueldo, mientras no accedieran a ponerse la vacuna, por incompatibilidad sobrevenida para desempeñar su puesto de trabajo.
También se podría hacer más, después de dos años, para que la tecnología ayudase a los ciudadanos a evitar los contagios. Acaba de aprobarse el pasaporte covid en la Comunitat Valenciana y los hosteleros se preguntan dónde está la app que iba a facilitar dicho control. Que si la suiza, que si la de Luxemburgo… Cataluña tiene una que, en caso de funcionar bien, podría servir para toda España, pero aquí cada uno va por libre. ¿Alguien se acuerda del Radar Covid?
Se podría hacer más, pero tampoco hay medios. El departamento de informática de la Conselleria de Sanidad tiene 17 puestos vacantes y la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Generalitat, más de un centenar. Los informáticos se largan de la administración porque en el sector privado hay alta demanda y pagan mucho mejor. Una pena.
