Blasco defiende la legalidad del proceso de adjudicación de plazas residenciales

VALENCIA, (EP). El exconseller de Bienestar Social Rafael Blasco ha calificado de "ideal" el proceso que se llevó a cabo para la adjudicación de 9.000 plazas residenciales en la Comunitat Valenciana y, al respecto, ha destacado que se desarrolló "con absoluta transparencia" y que todos los trámites se llevaron a cabo con "pulcritud". Asimismo, ha negado trato de favor o presiones.

Blasco se ha expresado en estos términos por videoconferencia desde la cárcel de Picassent (Valencia) --donde se encuentra cumpliendo pena por el llamado caso Cooperación--, en la comisión de investigación de las Corts Valencianes que estudia el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para las persones dependientes en los centros del grupo Savia.

Al inicio de su intervención ha destacado que comparece "voluntariamente" por el "respeto" que le merecen las Corts y los diputados, pero ha indicado que no conoce la documentación o las intervenciones previas en esta comisión porque "estar en la cárcel limita mucho las posibilidades de información".

También ha señalado que aunque tiene "bastante buena memoria" los hechos que se están investigando datan del año 2000 y "15 años son muchos años". En cualquier caso ha destacado su voluntad a "colaborar con cualquier tipo de explicación". Además, al finalizar, ha dicho que está "a disposición" de los diputados a seguir aportando información "si alguna cuestión no ha quedado clara".

Rafael Blasco ha recordado que fue titular de Bienestar Social entre mediados de 2000 y de 2003 y que en este tiempo no tuvo "ninguna relación" con la empresa Savia.

A preguntas del diputado de Podemos César Jiménez, quien le ha inquirido sobre si recibió "regalos en dinero o en especies" durante el proceso de adjudicación de plazas residenciales, ha respondido que "ni en esta ocasión ni en ninguna nunca ninguna persona me ha ofrecido contraprestación de carácter económico o material". "Nunca ha recibido la más mínima insinuación ni espiritual, ni material sobre este particular", ha apostillado.

Blasco ha destacado que antes del año 2000 la Comunitat Valenciana tenía un "déficit" de plazas residenciales "bastante escandaloso" y por el PP se presentó a las elecciones autonómicas con la promesa de reducir esta carencia que resultaba "más que alarmante". Para ello, ha explicado que estudiaron todas las fórmulas existentes.

"Previamente no hablé con nadie que tuviera algún interés concreto más allá de reuniones abiertas", en las que participaban "15 o 20 personas de empresas del sector, de sindicatos y de partidos políticos".

Por su parte, el parlamentario de Ciudadanos David de Miguel ha denunciado la "permisividad" del Consell en el incumplimiento de las condiciones recogidas en el pliego y el "trato de favor" a las adjudicatarias. Sin embargo, Blasco ha explicado que fue un concurso por procedimiento abierto "con absoluta transparencia, con concurrencia --ha asegurado que se presentaron alrededor de 20 empresas-- y con los informes favorables de la Intervención y de la Abogacía de la Generalitat".

Asimismo, ha dicho que la resolución del concurso se hizo "cumpliendo todos los requisitos legales" y sin que hubiera "mácula de ninguna clase". En otro momento de su intervención, ha resaltado que todos los trámites se llevaron a cabo "con absoluta pulcritud" y que "en ningún momento hubo ningún trato de favor hacia ninguna empresa".

El exconseller, quien ha dicho que tenía delegadas las competencias en materia de contratación aunque sí "supervisaba" los proyectos, ha dicho que él no tuvo conocimiento de ningún "incumplimiento" del pliego de condiciones. No obstante, ha dicho que "en la administración a veces se da algún incumplimiento que puede ser corregido si no va al fondo o a la esencia" del tema.

Posteriormente, la diputada de Compromís Mónica Álvaro ha advertido de "presiones" a algunos ayuntamientos, lo que Blasco ha negado. "Nunca he presionado a nadie para tomar una decisión u otra, y mucho menos a ningún ayuntamiento que tienen autonomía y capacidad para no dejarse presionar por nadie", ha manifestado.

Desde el PSPV, la parlamentaria Concha Andrés ha asegurado que hubo "trato preferencial" para que se concertaran el cien por cien de las plazas y ha acusado al exconseller de "poner la atención de nuestros mayores en empresas relacionadas con la presunta financiación del PP".

Blasco le ha respondido que el modelo de titularidad pública y gestión privada "está hoy en funcionamiento, incluso en la Comunitat Valenciana después del cambio de Gobierno", por lo que considera que "algo tendrá de positivo".

Sobre la modificación de las cláusulas, ha dicho: "Me imagino que se produciría con todos los requisitos legales", para que esta "joya de la corona" tuviera "la viabilidad adecuada sin perjudicar a terceros".

Ha destacado que se logró "el mayor reto de política social dedicado a plazas residencias que se ha dado en nunca en la Comunitat Valenciana", al solucionarse "en gran parte un problema de falta de plazas", gracias a un modelo "ideal" que consiguió "amplio consenso", incluso "del partido en la oposición del 'no es no' hasta que al entrar en el Gobierno ha sido 'no pero sí'".

A preguntas de la diputada 'popular' Blanca Garrigues sobre los motivos por lo que se optó por este sistema, ha respondido que "si no hubiera sido a través de un pliego de condiciones, difícilmente la iniciativa privada hubiera podido llevar a cabo el proceso de renovar el parque de residencias". "Se aumentó de forma exponencial el número de plazas e incluso se modernizó el sector", ha añadido.

Ante las críticas de algunos diputados de que hubo "fraude" o "pelotazo" en este concurso, Rafael Blasco lo ha negado, aunque ha dicho que la comisión de las Corts es la que debe investigar si hubo alguna "irregularidad".