VALENCIA. El PPCV atraviesa momentos difíciles estos días tras abrirse el sumario de la Operación Taula y después de que se hiciera público que el Tribunal Supremo investigará a la ex alcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá. No obstante, la formación que lidera Isabel Bonig ha sabido reaccionar en la medida de sus posibilidades tras esta sucesión de acontecimientos negativos para el partido.
Si públicamente ya se habían desmarcado de Barberá y habían exigido el acta a los concejales imputados en la pieza del presunto 'pitufeo' en el Ayuntamiento de Valencia, este jueves en Les Corts votaron a favor de la resolución por la que desde la cámara se le exige el acta a la histórica dirigente valenciana.
No es la única maniobra que han acometido desde la cúpula regional. Otro movimiento, en este caso interno, que Bonig y su entorno han iniciado consiste en invitar a la dirección nacional del partido a que agilice el expediente abierto desde el Comité de Derechos y Garantías del PP que investiga la citada causa del 'pitufeo' y que debe dirimir el destino dentro del partido de los concejales imputados.
Así, fuentes populares opinan que tras despejar a Barberá de la ecuación, quien se ha dado de baja de militancia pero ha decidido retener el acta de senadora, sería más sencillo para el PP nacional avanzar en el expediente dado que el peso orgánico de los ediles es notablemente menor que el de la exalcaldesa. En este sentido, desde el partido subrayan que han estado "especialmente en estrecho contacto" con Génova en los últimos días y admiten que, desde el principio, la cúpula regional ha instado a que el citado expediente "se resolviera lo más rápido posible", algo que esperan que pueda producirse en breve.
No obstante, la situación es compleja y exige prudencia. Así, y pese a que el deseo de la dirección regional sería que el instructor cerrara cuanto antes el expediente -abierto ya desde abril- alguno de los dirigentes consultados por Valencia Plaza apuntan a tratar de acumular mayor información sobre los plazos de la instrucción judicial. En este sentido, fuentes populares opinan que la apertura de juicio oral, que dan por hecha, se podría producir "relativamente pronto", lo que facilitaría la resolución del expediente al Comité de Derechos y Garantías: si los concejales se sientan en el banquillo, la decisión de expulsión parecería inevitable.
Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por este diario apuntaron a que, al menos de momento, el final de la instrucción no estaría todavía a la vuelta de la esquina, aunque no sería descartable un acelerón en las próximas semanas. Así pues, todo indica que en los días venideros se analizarán las posibles variables para decidir si se da un empujón al expediente de Génova o se prefiere esperar a que hablen los tribunales.
