Hoy es 14 de agosto
MADRID. La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, prometía este miércoles en el marco de Fitur una regulación más laxa para las viviendas turísticas tras reforzarse los trámites en la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, aprobada durante esta legislatura.
Asi lo ha señalado la candidata a la Generalitat a los periodistas, quien apuntaba a la solicitud de compatibilidad urbanística, uno de los puntos más criticados por las asociaciones de apartamentos turísticos, al entender que es una gran barrera para poder darle ese uso. Y es que esta norma obliga a los dueños de las viviendas a solicitar el visto bueno del Ayuntamiento para poder inscribirse en el registro de la Generalitat Valenciana.
Bonig explicaba que se creará un registro de viviendas turísticas en el que para dar de alta cualquier apartamento será suficiente con tener un certificado de que se reúnen las condiciones de habitabilidad. Esto es la ocurría con la anterior ley, ya que los apartamentos podían ser inscritos simplemente con la cédula de habitabilidad.
Bonig calificaba de "chapuza" la regulación al asegurar que ayuntamientos como los de València, Benidorm o Torrevieja no expiden esos certificado porque "no saben como hacerlo", de manera que se produce una "competencia desleal" ya que el alquiler de esas viviendas se hace igual pero no pagan los impuestos correspondientes. Cabe recordar que el Ayuntamiento de València reconoció en el mes de octubre no haber dado ningún permiso nuevo con la actual ley.
Bonig opinaba que, únicamente certificando las condiciones de habitabilidad, la gente podrá alquilar y pagar impuestos. Tras realizar estas propuestas, la presidenta del PPCV también aseguró que esta cuestión había sido consultada con el sector hotelero y con la asociación de apartamentos y viviendas turísticas legalizadas.
Curiosamente, la presidenta del PPCV realizaba estas declaraciones acompañada del presidente de Hosbec, Toni Mayor, patronal hotelera que se ha mostrado en numerosas ocasiones a favor de reforzar la regulación para las viviendas turísticas. En un primer momento, Mayor señalaba que la actual ley es incompleta, basándose en la reflexión de Bonig acerca de la falta de respuesta de los municipios, aunque reconocía como buena la opción de que los consistorios puedan formar parte de la toma de decisión para configurar el urbanismo municipal.
Horas más tarde, la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, aseguraba no estar de acuerdo con la propuesta de Bonig. "Somos firmes partidarios de que la ley es muy buena solución", señalaba. "La compatibilidad urbanística es lo normal al ser una actividad económica para que todos juguemos con las mismas cartas, otra cosa es que haya municipios que no han hecho su Plan General de Ordenación, con lo cual es un problema del municipio, no de la ley", insistía.
No tan de acuerdo estaba Montes con el reglamento regulador de alojamiento turístico de la Comunitat Valenciana, que salió a información pública la pasada semana. "Nadie nos consultó de manera previa. Llevamos cinco folios de alegaciones", aseguraba.
La dirigente popular también prometía sacar el pliego de condiciones para externalizar la inspección de viviendas turísticas ilegales. Esta es una cuestión que Turisme Comunitat Valenciana anunció hace meses, pero que todavía tienen pendiente de sacar a licitación a falta de algunas cuestiones a tratar con la Abogacía de la Generalitat.
De esta manera, Bonig insistía en que se podrán aflorar las viviendas turísticas ilegales que no están cotizando, lo que generará mayores ingresos para la Administración y supondrá, según señalaba, en no tener que hablar de tasas turísticas, una medida con la que el PP está en contra.