Botànic, Cs y Agermanats llevan a Antifraude las conclusiones del dictamen sobre Savia

VALÈNCIA. (EP). Los grupos parlamentarios PSPV, Compromís, Podem, Ciudadanos y los Agermanats han entregado este miércoles al director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, una copia de las conclusiones del dictamen de la comisión de investigación para el estudio del proceso de adjudicación de plazas de residencias de accesibilidad para personas dependientes, aprobado en Les Corts Valencianes, para que estudie su contenido, tras las nuevas informaciones aparecidas sobre el exconseller de Bienestar Social y expresidente de Les Corts, Juan Cotino, a raíz del 'Caso Erial'.

El concreto, el dictamen concluyó que hubo "trato de favor" hacia las empresas que resultaron adjudicatarias, entre ellas Gerocentros del Mediterráneo, posteriormente Savia, vinculada a la familia Cotino.

En un comunicado, estas formaciones políticas afirman que las conclusiones aportan "diversa y completa" documentación sobre la adjudicación de plazas de residencia con contratos, actas del Consell, así como diversas informaciones relativas a la adjudicación de la residencia de Xàtiva, donde "se sospecha de mordidas por parte del expresidente de la Diputación de València y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, y el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent", y que "todavía no han sido objeto de conocimiento por parte de la Justicia".

De este manera, será la Agencia Antifraude quien dirimirá el destino que se le dé a partir de ahora a dicho trabajo aprobado por Les Corts, tras más de 17 meses de estudio de documentación y declaraciones de los muchos comparecientes que fueron citados a la comisión de investigación.

La diputada del PSPV, Concha Andrés, ha explicado que Juan Cotino, "mintió respecto a Alqueria Dolores S.L y sus beneficios", así como también lo hizo "en otras muchas cuestiones que tienen que ver con las decisiones, en absoluto objetivas, que tomó para beneficiar a las empresas del clan familiar a costa de las personas mayores de la Comunitat Valenciana que se quedaban sin plaza de residencia o no obtenían respuesta de la administración pública".

A su juicio, estas conclusiones "pueden demostrar como de lucrativo fue para Cotino y allegados, su paso por la Conselleria de Bienestar Social, y sobretodo, aportar datos a las investigaciones que en estos momentos se están llevando a término". "Nuestro objetivo siempre fue de determinar las responsabilidades políticas, que las hubo, en la nefasta gestión de las plazas de residencia de la tercera edad", ha manifestado.

No obstante, ha puntualizado que "la magnitud y trascendencia de los hechos que se están desvelando", "obliga a actuar con responsabilidad y aportar a la justicia aquello que conocemos, tenemos documentado y entendemos que pueda ser de interés público".

Por su parte César Jiménez de Podem ha señalado que en las conclusiones aparecen referidas las distintas comparecencias que se realizaron a miembros del Consell y trabajadores de la conselleria en las que "nadie tenía clara la situación patrimonial del Señor Cotino".

"Parecía extendido el rumor de que la incompatibilidad del conseller para con las residencias familiares había sido resuelta pero nadie puede demostrarlo en ningún momento", ha dicho Jiménez para quien "Cotino se encargó de hacer creer que su relación con las empresas familiares había terminado cuando podemos probar que ello no es cierto y que lo ocultó".

Sobre este punto la diputada de Compromís, Mónica Àlvaro, ha especificado que ella misma fue a comprobar la venta de las acciones de SEDESA (accionista de SAVIA) y la desvinculación de empresas familiares en la declaración de bienes de Cotino y cual su "sorpresa" fue comprobar que "el conseller había ordenado que se retirara dicha declaración de bienes, con la promesa de modificarla, pero, pese a los años que ejerció como alto cargo, nunca la modificó, ni la aportó de nuevo ni tampoco parece que nadie se lo requiriese".

Además, Àlvaro ha señalado que "mintió" al afirmar en la comisión que "Alqueria Dolores SL era su empresa familiar exclusivamente agrícola, cuando en 2010 cambió su objeto social para poder dedicarse a todo tipo de arrendamientos urbanos, hoteles e incluso residencias de la tercera edad".

Por su parte, el diputado de Cs Antonio Woodward ha indicado que "llevar ahora ante la Agencia Antifraude las mismas conclusiones, sin alteraciones, que se elaboraron y votaron en su día aporta tranquilidad" ya que "son muchas las informaciones que están surgiendo acerca del patrimonio del señor Cotino" a raiz del caso Erial. "Pesamos que este dictamen no debe seguir acumulando polvo en les Corts y que si puede ser de utilidad para esclarecer la verdad, que sea utilizado", ha remarcado.

Finalmente, el diputado de Agermanats, David de Miguel, ha manifestado que el patrimonio de Cotino, sus cuentas, sus relaciones con las empresas familiares y ajenas "nunca fueron lo transparentes que debieran haber sido en un miembro del Consell y posterior presidente de les Corts" y era "imposible dilucidar donde acababan las responsabilidades de Juan Cotino como conseller de Bienestar Social y donde empezaban las de empresario, sin entrar a valorar como se benefició de su cargo en la Generalitat para sus negocios propios".