VALÈNCIA (EP). PSPV, Compromís y Unides Podem presentan al Debate de Política General una serie de propuestas conjuntas como crear nuevos impuestos, "continuar blindando la sanidad pública" con la recuperación de las reversiones, más plazas de residencias, implantar la educación obligatoria hasta los 18 años en la Comunitat Valenciana y trabajar hacia una jornada semanal de cuatro días.
Son algunas de las presentadas por los tres grupos del gobierno valenciano en Les Corts, a debatir este miércoles para su votación el viernes, con el objetivo común de "luchar contra la pandemia con todas las medidas al alcance de la Generalitat", como ha avanzado el síndic socialista, Manolo Mata, antes de la junta de portavoces.
En impuestos hay ideas como un plan de justicia fiscal que "focalice la aportación en los segmentos con más poder adquisitivo" para lograr más recursos contra la crisis, así como revisar las deducciones autonómicas del IRPF en base a la riqueza y "considerar la creación de nuevos impuestos y deducciones para favorecer la transición ecológica" en base a lo que dice la UE.
Sobre esta fiscalidad 'verde', el portavoz del PSPV ha defendido que sea "lo suficientemente contundente como para que el cambio climático no sea dramático". "La creatividad esta ahí; los detalles hay que concretarlos y nos esforzaremos mucho en no perjudicar a la gente, ha remarcado.
De Compromís, su síndic, Fran Ferri, ha abogado por la creación de nuevos impuestos para gravar a los que más contaminen ante la emergencia climática, desde vehículos a industrias, pero también con incentivos. También ha llamado a que "los que más se han estado enriqueciendo en esta crisis hagan un pequeño esfuerzo más y ayuden a avanzar al conjunto de la sociedad".
"No hablamos de más impuestos, sino de una reforma fiscal para que sea progresiva, en la línea del Gobierno", ha remarcado la diputada de Podem Beatriu Gascó, con el objetivo de "ahuyentar" la contaminación con esta fiscalidad 'verde'.
A nivel nacional, el Botànic vuelve a reclamar al Gobierno un nuevo modelo de financiación autonómica y la creación "inmediata" de un mecanismo transitorio, además del reconocimiento de la deuda histórica con la suspensión de los intereses del FLA, una inversión acorde "como mínimo" a la población y el cumplimiento del 50% de la financiación de dependencia.
La sanidad centra la mayoría de las propuestas, con ideas como "cambios inmediatos" en atención primaria, actualizar plantillas, un sistema de información al paciente, más coordinación entre ambulatorios y atención especializada, una nueva cartera de servicios en función de las necesidades de cada departamento o reorganizar el trabajo con más digitalización.
También aboga por impulsar los equipos de rastreadores ampliando su cometido, por desarrollar la telemedicina y por "continuar blindando y defendiendo la sanidad pública, trabajando por la recuperación de los servicios privatizados una vez finalizada la concesión con una política común que garantice una mejor prestación y no suponga un perjuicio económico".
Otras medidas son fortalecer el espacio de la Conselleria para mejorar la gestión en este tiempo y "blindar" el sistema científico, tecnológico e innovador valenciana con la creación de una institución de excelencia en la investigación para ofrecer plazas permanentes.
En servicios sociales, el Botànic pide un plan de infraestructuras de acuerdo al mapa de necesidades detectado por la Generalitat, con el objetivo de solucionar el "déficit histórico y estructural" de plazas y de poder poner en marcha centros públicos "micro-residenciales".
También apuesta por la aplicación afectiva de la ley de renta valenciana de inclusión para mantenerla como prestación propia y hacerla compatible con el nuevo ingreso mínimo vital (IMV), así como por el desarrollo de una estrategia de migraciones y de una nueva ley de igualdad para "feminizar la sociedad valenciana", además de medidas concretas contra el tráfico sexual.
En materia de educación, defender a nivel autonómico la escolaridad obligatoria hasta 18 años "garantizando que ningún alumno abandone su formación para trabajar sin obtener ninguna titulación", aumentar la oferta de FP, un plan de digitalización efectiva en las aulas. Y en cultura, adaptar los espacios para garantizar la seguridad sanitaria y destinar más ayudas.
Dentro del ámbito laboral, PSPV, Compromís y Podem abogan por un programa de incentivos para desarrollar "una nueva cultura del tiempo de trabajo" que permita reducir la jornada a cuatro días o 32 horas semanales sin que suponga una bajada de los salarios, así como potenciar el teletrabajo garantizando su carácter voluntario y reversible.
Al respecto, el síndic socialista ha resaltado que el Consell ya incentiva a las empresas que reducen la jornada, mientras que el de Compromís, Fran Ferri, ha recordado que lo trabaja "desde hace tiempo" el servicio valenciano de empleo 'Labora' y está implantada en otros países "con un notable éxito en productividad y calidad de vida".
Otras propuestas del Botànic son reorientar la transformación del modelo económico valenciano, fomentar la relocalización, "virtualizar" puestos de trabajo, nuevas y mejores sedes judiciales, poner en funcionamiento centros de mediación en pueblos y avanzar hacia la integración de tarifas del transporte público. También quiere desarrollar la Ley de Función Pública con "mecanismos más modernos" para los funcionarios, mejorar las condiciones del 112 y "continuar apostando firmemente por la soberanía alimentaria".
En vivienda, los tres grupos quieren intensificar la puesta en el mercado de viviendas vacías de grandes propietarios para dar respuesta a colectivos vulnerables, junto a nuevas promociones en suelo público en colaboración con empresas. También instan al Gobierno a regular precios máximos de alquiler y a un plan 'verde' de renovación de inmuebles.
Algunas de las medidas de transparencia y memoria histórica son coordinar los primeros presupuestos participativos autonómicos a partir de 2021, facilitar el retorno de los valencianos desde el exterior, impulsar una estrategia de datos abiertos de la Generalitat, empezar a recuperar los bienes inmatriculados ilegítimamente por la Iglesia católica en el XX e instar a declarar la nulidad de las condenas dictadas por tribunales franquistas.