Ximo Puig y Mónica Oltra. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El pleno de Les Corts de este jueves se presentaba especialmente agitado: a la sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig, se sumaba la creación de dos comisiones de investigación solicitadas por la oposición. La primera, para indagar las subvenciones públicas concedidas a las empresas del hermano del jefe del Consell; la segunda, para investigar la gestión de los centros de menores, competencia de la vicepresidenta del Ejecutivo y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.
Dos solicitudes que, tal y como estaba previsto, no salieron adelante por el rechazo de los partidos que integran Gobierno valenciano: PSPV, Compromís y Unides Podem. La primera fue rechazada con 49 votos en contra y 46 a favor; mientras la segunda el tripartito también logró que se bloqueara por 48 votos en contra y 42 a favor. Los sufragios, de nuevo, volvieron a evidenciar la ajustada mayoría con la que cuenta el Botànic en esta legislatura.
Ahora bien, aunque el resultado era previsible y el tono del debate se presuponía hostil, la realidad terminó superando cualquier previsión. De hecho, antes de llegar a los puntos de las comisiones -los últimos de la jornada-, durante la propia sesión de control la bancada popular ya aludió a la gestión de los menores con una pregunta de la diputada María José Catalá en referencia al informe de Fiscalía en el caso del abuso de una menor por parte del educador y exmarido de la vicepresidenta en el que reprochaba a la Consellería de Igualdad que no comunicara los hechos de manera inmediata y tardara cuatro meses en trasladarlo a la Fiscalía: "¿Por qué se ponen del lado de los abusadores y no de los menores vulnerables?". Una cuestión que reproducía la misma pregunta que le hizo Oltra al PP en 2017 durante un debate sobre los abusos en el centro de menores de Segorbe.
A esta, tuvo que contestar el conseller de Hacienda, Vicent Soler, dado que Oltra se hallaba en un acto en Madrid para participar en la reunión del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Soler acusó a la derecha de hacer política "vertedero" y lamentó la "miseria moral" del grupo que lidera Isabel Bonig, lo que provocó que la bancada del PPCV acusara al Gobierno del Botànic de "sinvergüenzas" y haber "ocultado los abusos". Tras unos minutos de escalada de tensión en la que PP y Compromís se propinaron diversos descalificativos, el síndic de los valencianistas, Fran Ferri, pidió disculpas al grupo parlamentario de Bonig. "He tenido un comportamiento del que no estoy orgulloso y les pido disculpas", dijo. Una rectificación que hizo que algunos parlamentarios del PP correspondieran de la misma manera.
Con todo, la tensión en el ambiente se rebajó y aunque esta cuestión se volvió a poner encima de la mesa horas después con la propuesta de la comisión de investigación, lo hizo con un tono más sosegado. El PP pedía depurar responsabilidades y un plan establecido por expertos ante la sucesión de "peleas, reyertas, malos tratos y abusos", según expuso su diputada Elena Bastidas, "problemas que vienen de la pasada legislatura" mientras ahora hay "casi 20 sentencias en contra sobre el centro de Segorbe", del que los menores fueron trasladados en 2017.
El diputado de Compromís, Carles Esteve, explicó y justificó el voto en contra de su grupo parlamentario alegando que Oltra ya había comparecido durante dos horas y media en la comisión de Les Corts hace dos semanas, donde explicó que la Conselleria aplicaba los mismos protocolos en todos los centros y garantizaba en todo momento la asistencia y derechos de los menores. Por su parte, la parlamentaria de Unides Podem, Pilar Lima, defendió la gestión de menores del Botànic con las partidas que destinan en los Presupuestos. Sin duda, la más severa en su intervención fue la diputada del PSPV Rosa Peris, que criticó cómo administraron los populares los centros de menores mientras estaban en el Consell. "Si ustedes no saben cómo gobernaron, pregúntele a Juan Cotino, un hombre que amaba profundamente a los niños", espetó la socialista. El punto finalizó con la votación en contra y las críticas de la síndica del PP tras estas palabras al asegurar que si hubieran existido pruebas al respecto lo habría llevado a los tribunales.
Ahora bien, previamente a este enfrentamiento, el Botànic II ya se había opuesto a crear una comisión de investigación sobre "la existencia de una posible trama para conseguir fondos públicos por parte de Comunicacions dels Ports y Mas Mut Producciones", participadas por Francis Puig, hermano del president de la Generalitat. La portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, criticó que Les Corts fuera "la única institución" que no investiga "las ayudas recibidas por empresas de la familia Puig" mientras ya lo hace la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción número 9 ó la Agencia Antifraude.
Ortiz expuso que estas empresas llevaban acumulando durante tres años pérdidas y estaban "en causa de disolución" hasta 2015, año en que Puig alcanzó la Presidencia de la Generalitat tras las elecciones autonómicas y pasaron a tener "una rentabilidad mayor que la del bitcoin en 2018". Un cambio que, según la diputada, se justifica con la recepción de subvenciones fraudulentas obtenidas gracias a "facturas cruzadas, nóminas duplicadas o audiencias falsas". "Les Corts no pueden mirar a otro lado, quien esté dispuesto a impedirlo será cómplice de quien ha defraudado", zanjó la diputada tras quejarse de que la consellera de Justicia Gabriela Bravo "se pasee mucho por los juzgados".
Ante estas acusaciones, el síndic del PSPV, Manolo Mata, le reprochó que todas sus afirmaciones estaban cargadas de "mentiras, mala fe e ignominia" y le recordó que su partido dio el 95% de las subvenciones al fomento del valenciano a Mediterráneo Televisión con 1,5 millones de euros. "No ha ganado un pleito en la vida, se pasea por los juzgados como una querulante y, además, casi de manera obsesiva", le espetó el socialista para concluir su intervención.
Desde Unides Podem, Estefanía Blanes argumentó que no es papel del Parlamento juzgar a nadie y por ello se oponían a la comisión de investigación."Si tan seguros están, dejemos actuar a la justicia, la comisión lo único que pretende es enfangar el debate político", agregó para después incidir en que ahora ya "no se dan ayudas por la patilla a amiguitos del alma". Las comisiones "son un mecanismo necesario" y antes "eran el único con el que contaba la oposición para tener la información que ocultaban, pero ahora eso no pasa", dijo Blanes, a quien Ortiz contestó con un escueto: "Vaya papelón". La diputada de Compromís Mònica Àlvaro subrayó que la administración había hecho "los deberes" en este caso y la causa ya estaba en manos de Antifraude, los tribunales y la Guardia Civil, quienes "de momento, no han sacado nada".
