Hoy es 15 de octubre
VALÈNCIA. Las vacaciones son necesarias, pero las de este año parecen no haber sido suficientes para que los dos socios del Consell, PSPV y Compromís, agoten la legislatura con los menores rasguños posibles. Apenas unas horas después de reincorporarse a sus respectivas consellerias, las discrepancias entre socialistas y valencianistas se han hecho evidentes en diversas materias. Aunque no es la primera vez que saltan las costuras del Ejecutivo valenciano a cuenta del mestizaje, hasta ahora las tiranteces se habían tratado de resolver con la mayor discreción posible. Pero esta vez ha sido diferente: la dinámica se ha roto y los trapos sucios ya no se lavan en casa, sino que se airean en Twitter. La pregunta es: ¿con qué intención? ¿la hay, acaso?
En apenas un día, los valencianos han podido ver cómo la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha abroncado en Twitter a una consellera de la cuota socialista por invadir sus competencias o cómo cargos de Compromís y PSPV se han enfrentado a pecho descubierto a raíz del voto favorable de los del puño y la rosa a los objetivos de déficit del Gobierno de Pedro Sánchez. Los de Oltra incluso acusan a los socialistas de "deslealtad" al Botànic. Una línea hasta el momento no rebasada pero que, sin lugar a dudas, sirve de termómetro para determinar a cuántos grados se encuentra ahora mismo la relación entre los socios del Ejecutivo valenciano.
Lejos de rebajarse la tensión, los cruces de acusaciones continuaron este jueves. Entre 'tú me dices y yo te digo', la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, –miembro del núcleo duro del president de la Generalitat, Ximo Puig– respondió a la bronca de la número dos del Consell con que su trayectoria estaba "ahí" para quien la quisiera "medir" y que la iniciativa de la comisaría especializada en violencia de género que se situará en la Ciudad de la Justicia no es "excluyente de otras que puedan llevarse a cabo desde otros departamentos".
Tampoco el enfrentamiento por el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se cerró. Más bien todo lo contrario: sumó participantes en redes sociales de ambos bandos con gruesas acusaciones. Los socialistas trataron de reconstruir el relato hablando de "éxito para el Botànic" con la obtención de beneficios cifrados en 850 millones para la Comunitat. También desmintieron que Oltra fuera informada del cambio de postura de la Generalitat en el CPFF –pasó de la abstención al 'sí'– una vez consumado. Oltra, por su parte, insistió en que el acuerdo Puig–Sánchez fue negociado de forma "unilateral" y era "insuficiente".
En este clima de creciente crispación, conviene no perder de vista el debate que se inició al principio de verano sobre un hipotético adelanto electoral. Una cuestión que, como ya informó Valencia Plaza, ya se barajó en febrero de este año. No obstante, la situación entonces era radicalmente distinta a la actual.
Mariano Rajoy era el inquilino de La Moncloa y la marca PSOE estaba en un momento delicado. El relato que se hubiera construido entonces para justificar semejante golpe de timón habría tenido como tesis central la profunda desatención del Gobierno central a las reivindicaciones valencianas: la congelación de la reforma del sistema de financiación o el rechazo a contemplar la deuda histórica.
El problema de anticipar la cita con las urnas planteado ahora, sin embargo, es el mismo que hacía unos meses. ¿Cómo se justifica un cambio de calendario de semejante calibre sin que parezca una mera maniobra electoralista? A la pregunta, en esta ocasión, le faltaban respuestas racionales. Plantear de nuevo el pretexto de la financiación autonómica podría tornarse en contra de los socialistas, puesto que el morador de La Moncloa es Sánchez y tampoco hay garantías de que vaya a afrontar la ansiada remodelación del sistema.
No en vano, en la última rueda de prensa del Consell previa a las vacaciones estivales, el jefe del Consell admitió que no veía "motivos políticos suficientes" para adelantar las elecciones autonómicas. Ahora bien, Puig no cerró la puerta del todo: "Pero las circunstancias políticas en el futuro pueden cambiar". De esta manera, Puig dejaba la puerta abierta a aplicar llegado el caso un anticipo de las elecciones autonómicas.
Días después insistió en una entrevista en que decidiría adelantar las elecciones ante una situación de inestabilidad política y si notaba "falta de pulso". El jefe del Consell insistió en que su "obsesión" es cumplir "al cien por cien" los acuerdos del Botànic, pero los tambores de guerra ya han comenzado a sonar y la campaña electoral parece lanzada.
Si antes faltaban motivos para justificar un cambio de calendario, ahora, con este escenario, tal vez sobren. La inestabilidad expuesta de un gobierno de coalición que rivaliza en público podría servir para romper esa suerte de compromiso inquebrantable de tener que agotar la legislatura. Más aún si cabe cuando estos mimbres no son sin duda propicios para comenzar a negociar el último presupuesto del Consell del Botànic.
Cabe señalar, además, que la escalada de tensión podría incrementarse más todavía en unas semanas si los valencianistas confirman su amenaza de no apoyar los objetivos de déficit en el Congreso. Una maniobra que terminaría de abonar el terreno para erosionar definitivamente la consistencia del Ejecutivo valenciano y hacerlo propicio para una "obligatoria" cita en las urnas.
Llegado ese momento, y si los roces van más allá de una crisis puntual, la idea del adelanto electoral coge fuerza. Sin entendimiento político entre los dos socios, cuando antes la maquinaria no estaba aquejada de falta de engranaje, la tesis podría volver a sobrevolar la cúpula del Palau. Apretar el botón del adelanto podría evitar una sangría, teniendo en cuenta que la tensión se incrementa por horas. No en vano, la difusión de un correo por parte de Hacienda argumentando que el voto sobre el techo de déficit estaba pactado entre PSPV y Compromís y la calificación en twitter -de nuevo- de que tal afirmación era "falsa" por parte del jefe de gabinete de Oltra, Miquel Real, lo acreditan. Una "retirada" a tiempo es la gran baza del president para tratar de salvar electoralmente lo que quede del Botànic.