La consellera Gabriela Bravo en un pleno de Les Corts. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. La Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo no contempla "por el momento" anular los exámenes de las próximas oposiciones previstas para finales de este mes de enero. Unas pruebas para acceder a la escala más alta de Técnicos superiores de Caminos, Minas y Montes de la Generalitat en las que se examinarán un total de 233 personas. De ellas, 178 lo harán en Valencia, 25 en Castellón y 30 en Alicante.
El departamento que dirige Bravo, así, mantiene los exámenes de esta oposición porque, según explican a este diario, tanto la Conselleria de Sanidad como el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) han dado autorización para ello porque con la cantidad de personas admitidas que se presentarán a la prueba no es alta en comparación a otras pruebas celebradas anteriormente.
La decisión amparada por Sanidad contrasta, sin embargo, con la resolución del Ayuntamiento de València, que este miércoles canceló los dos próximos exámenes de oposiciones que iban a tener lugar este jueves 21 y el próximo viernes 29 de enero. Los exámenes eran para cuatro plazas de técnico de igualdad y otras cuatro de agente de igualdad, así como a diversas plazas de Policía Local. Es decir, una prueba a la que iban a acudir un total de ocho examinados.
Sin embargo, a pesar del reducido número de aspirantes, la escalada de contagios -este miércoles se alcanzaron los 9.810 positivos y apenas un día antes se batió el récord de fallecidos, con 98 defunciones- y las nuevas medidas adoptadas por la Generalitat Valenciana habían generado inquietud y cierto miedo a realizar las pruebas por el riesgo de contagio. Por ello, la concejalía en cuestión decidió suspender las dos pruebas por motivos de "prudencia sanitaria" hasta nueva fecha la celebración de las pruebas selectivas convocadas.
En el caso de las oposiciones de la Administración autonómica, los sindicato CSIF, UGT e Intersindical ya reclamaron a principio de mes cancelar las pruebas. No obstante, la dirección general de Función Pública declinó la petición, precisamente, por ese visto bueno de Sanidad para seguir adelante con los exámenes.
