La decisión de Gran Bretaña de salir de la UE tendrá efectos imprevisibles (en sentido literal) en la Comunitat Valenciana, donde muchos británicos han establecido su segunda residencia. La economía también se resentirá
VALENCIA. Un ejercicio democrático, 17 millones de votos a favor e infinitas incógnitas. El referéndum británico del 23J, comprometido por el conservador David Cameron en las generales de 2015 ante el asedio populista-independentista del UKIP, ha sacudido los cimientos del orden mundial, ha convulsionado los principales parqués y ha roto las costuras de la Unión Europea.
Nadie sabe ya cuál puede ser el futuro de la mermada alianza de los 27. La única certeza es que queda seriamente debilitada, con una peligrosa vía de agua abierta justo en su línea de flotación y que está más que nunca condenada a «reinventarse» (Angela Merkel dixit). Tampoco hay nada claro sobre cómo se van a regular sus relaciones con un Reino Unido independiente 43 años después de que (ironías de la Historia) otro primer ministro conservador, Edward Heath, firmase su acuerdo de adhesión. Ni siquiera los propios instigadores del Brexit, que apelan ahora a la tranquilidad, aciertan a predecir cuál será el nuevo escenario que ha dejado a las puertas del limbo a centenares de miles de compatriotas afincados más allá de las islas.
De los 283.243 británicos que viven en España, un tercio (96.115, el 33,9%) reside en la Comunitat Valenciana. Y la mayoría (86.685, según el INE) en la provincia de Alicante. Su llegada se ha multiplicado en los últimos treinta años (en el año 2000 eran 35.293 en territorio valenciano; en 1996, 70.614 en toda España).
La mayoría vino (y viene) en busca de calidad de vida y un clima amable en el que disfrutar de su jubilación. Otros, vieron (y ven) en el Mediterráneo una oportunidad para desarrollar sus negocios. Hoy todos se encuentran descolocados, en estado de shock. Bob Houliston (Newcastle, 1937) lo está. «No lo esperaba. Estoy francamente decepcionado». Europeísta convencido y vecino de Orihuela Costa desde hace diez años, compró allí su vivienda hace treinta para pasar su retiro, después de tres décadas de trabajo como diplomático en el Servicio Exterior de la Comisión Europea. Su integración social no es discutible.
En Orihuela se ha convertido en un líder político vecinal catapultado desde la ejecutiva de CLARO, un partido compuesto mayoritariamente por extranjeros (en Orihuela Costa hay censados más de 30.000, 13.000 británicos). Fue concejal bajo esas siglas durante el pasado mandato (cuando llegó a evitar una moción de censura) y en 2015 se quedó a 30 votos de conservar su sillón en el ayuntamiento. De ahí que no esconda su vocación política. «Pienso que el referéndum no es un instrumento válido para decidir algo tan complejo; se ha abierto la caja de Pandora para votar contra muchas cosas, no únicamente relacionadas con la UE», dice. En realidad, añade, la votación «fue una protesta contra la globalización, contra la austeridad, contra la inmigración... y seguramente existen quejas legítimas, pero no se dio respuesta a la pregunta objetiva;creo que el cálculo político ha fallado».
Él fue de los afortunados que pudo votar por correo (lleva menos de 15 años de residencia oficial fuera del Reino Unido, el límite establecido para participar en la consulta) y, obviamente, se decantó por el llamado Bremain (permanencia) en contra del criterio de su generación (la población de mayor edad apoyó masivamente la desconexión con la UE). Ahora, admite sin tapujos su confusión. «No sé qué va a pasar, todo depende de cómo se negocien las condiciones de la salida; me duelen las consecuencias sobre otros países europeos en estabilidad política y económica», explica. Por el momento, él y su esposa (española) no se plantean regresar. Como la mayoría, espera no tener que nacionalizarse para poder seguir accediendo a la sanidad pública, entre otros servicios. Al fin y al cabo, sostiene, «ahora el Gobierno británico ya compensa el coste de esa atención; no somos una carga puesto que pagamos impuestos aquí». Pero por encima de todo, desea que la actual situación de «incertidumbre» se despeje cuanto antes.
Derek Monks es concejal socialista en Rojales desde 2011 y comparte plenamente ese anhelo. Llegó en 1999 para trabajar como agente inmobiliario en plena edad de oro del ladrillo, que (¿casualmente?) también fue la del aterrizaje british en la Costa Blanca. Hoy, con 71 años, es edil de Participación Ciudadana y atiende a sus paisanos. No es tarea fácil en un municipio en el que los foráneos ganan a los aborígenes por goleada: el 72% de los 18.126 vecinos de Rojales son extranjeros, conviven hasta 82 nacionalidades distintas y la británica (6.609 censados, frente a 5.200 españoles) es, precisamente, la más numerosa. «La gente que vive aquí no sabe qué va a pasar en el futuro, muchos son mayores que cobran sus pensiones de Inglaterra y temen que la devaluación de la libra les reste poder adquisitivo o que deban pagar para tener asistencia sanitaria; algunos podrán hacerlo, pero otros...».
Su hipótesis es que el euroescepticismo ha mutado en eurofobia, que el recelo frente a la inmigración ha disparado el voto favorable al divorcio. «La gente tiene miedo porque no tiene el control de sus fronteras y queda forzada a aceptar la llegada de ciudadanos de otros países europeos a los que se concede todo tipo de beneficios sociales, como las ayudas por tener hijos, incluso aunque éstos vivan fuera del Reino Unido», relata. Paradojas del siglo XXI: ¿Muros en la cuna del liberalismo? ¿Barreras antipersona en el epicentro de las transacciones internacionales de capital? Las respuestas tendrán que esperar: «Tenemos dos años preocupantes por delante», subraya Monks, en referencia al plazo máximo en el que el Reino Unido debe hacer efectiva su salida.
Lo cierto es que su diagnóstico encaja con la perspectiva invertida que ofrece Jaime Mas, un javiense que se trasladó a Manchester hace 8 años. «Los ingleses nos culpan de todo, creen que vamos a robarles el trabajo y las ayudas sociales, pese a que pagamos impuestos como ellos», recuerda. Entre el desánimo, asegura que «el ambiente que se respira hacia nosotros ya no es el mismo» y atisba un brusco despertar para su sueño de prosperidad. «No descarto volver si empiezan a tratarme como a un ciudadano de segunda».
«Unos 100.000 textos comunitarios seguirán amparando a los británicos en la UE, pero no se aplicarán a los europeos en Gran Bretaña»
George Thomas, un escocés que lleva 23 años en España, no lo es. Como Monks, también es socialista; tanto que es el mismísimo presidente del partido en Xàbia. «El Brexit es un desastre, una terrible noticia», dice. Como escocés, subraya la división interna. El plebiscito no sólo ha resaltado la brecha socioeconómica (el campo y las clases medias, a favor de la ruptura; las grandes ciudades y las élites, por la permanencia). Además, ha acentuado las históricas tensiones territoriales (Gales e Inglaterra se posicionaron con el abandono; Escocia e Irlanda del Norte, por la continuidad). «Los nacionalistas escoceses van a pedir un referéndum para salir del Reino Unido y quedarse en Europa, y lo mismo va a ocurrir en Irlanda del Norte», aventura. Y el vaticinio no parece un desatino: la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ya ha deslizado que está dispuesta a dar los pasos que sean necesarios en esa dirección.
Thomas apunta, por lo pronto, que él incluso ha barajado pedir el pasaporte español para limitar posibles consecuencias (la temida exclusión del sistema sanitario), aunque reconoce que no es una decisión fácil porque para eso tendría que «renunciar al británico y perder la pensión». Eso sí, está convencido de que si la consulta volviese a convocarse, «la gente que ha apoyado la salida votaría ahora por la permanencia porque no había entendido bien cuáles pueden ser las consecuencias; ha faltado mucha información».
Nagel no es político, pero no está menos implicado en la vida de Xàbia, ni le asaltan menos preguntas sobre los efectos del Brexit. Regenta un pub muy conocido por los británicos (5.309 residentes) y organiza actividades solidarias, como un baño con disfraces en la playa del Arenal en el que se captan fondos para el Preventorio de Gandia. No participó en el referéndum (lleva veinte años en la Marina Alta), pero se confiesa a favor de la salida. «Es bueno para ellos», señala, en referencia a sus compatriotas británicos. Sin embargo, no puede más que valorar su propia situación con cautela: «La verdad es que no sé qué nos pasará a nosotros».
Con pequeñas diferencias, la duda se reproduce en casi cualquiera al que se le cuestione: Tim, un camarero de 26 años que trabaja en el paseo marítimo calpino, especialmente enojado por el voto de la tercera edad; Allay y Jey, un matrimonio galés de vacaciones en Calp que teme que se complique su capacidad para viajar; o Larua, que trabaja en un bar de Xàbia y se pregunta si sus tres hijos podrán seguir yendo a un colegio público y si podrán acceder al sistema sanitario. «Yo no puedo pagarme un seguro privado», lamenta.
¿Pero cuáles son hoy por hoy los efectos reales de la consulta? Según enfatiza el embajador británico en España, Simon Manley, para Plaza, por el momento no hay ninguno. «Como le manifesté al presidente Ximo Puig, no hay cambios. La situación de los residentes británicos y de los turistas es exactamente idéntica a la del 22 de junio. Pueden vivir, trabajar y viajar aquí con los mismos derechos y obligaciones que antes. Mientras dure el periodo de negociaciones con nuestros socios europeos [sobre los términos de la salida], somos un miembro pleno de la UE», insiste. Es el mensaje de tranquilidad que se afana en transmitir en un vídeo dirigido a sus compatriotas a través de las redes sociales. En sólo tres días, el vídeo superó las 350.000 reproducciones.
Y, a priori, la suya no es una mera opinión. La legislación europea respaldaría su análisis y, salvo que se produzca una auténtica revolución normativa, extendería ese status quo incluso después de que se active la cláusula de salida. Así lo explica el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Europea de Valencia Frederic Mertens de Wilmers. «En derecho comunitario existe el principio de preservación de la seguridad jurídica, de manera que tanto los residentes británicos como las empresas asentadas aquí mantendrán sus derechos sociales y/o su régimen de protección actual durante este periodo transitorio y después, como cualquier otro inmigrante o mercantil legalmente establecido en territorio europeo», dice. «Existen cerca de 100.000 textos comunitarios [leyes, disposiciones, etc. ] que seguirán siendo de aplicación», en las fronteras de la alianza.
¿Y la economía? ¿Cabe temer un posible impacto sobre la actividad empresarial y sobre el empleo en España y en la Comunitat? En principio, todo apunta a que haberlo, lo habrá. Es la consecuencia lógica que puede esperarse si se considera dos circunstancias básicas. La primera, que el británico es el principal mercado emisor para el sector turístico local (en 2015 llegaron 2,7 millones de visitantes) y ahora podría registrarse un descenso por la devaluación de la libra. La segunda, que las exportaciones valencianas al Reino Unido rozaron el año pasado los 3.000 millones de euros y ahora se especula con que podrían establecerse barreras arancelarias que dificultarían las ventas.
Las explicaciones de De Wilmers apuntan en esa dirección. Basta con una lectura a la inversa de su argumento: «Esos casi 100.000 textos comunitarios ya no ampararán a los europeos, personas y empresas, que establezcan cualquier tipo de relación con un Reino Unido independiente; todo dependerá de la nueva regulación, así que la incertidumbre es enorme». La conclusión es que cualquier atisbo de predicción continúa siendo impreciso. Especialmente a la hora de determinar tanto la intensidad de ese hipotético y probable perjuicio, como el momento de su eclosión.
El Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) se atrevió a adelantar, en un informe calificado «de urgencia» hecho público a tres días del referéndum, que el Brexit podría afectar a medio y largo plazo al 7% del PIB de la provincia. Según ese estudio, el turismo sería uno de los sectores más afectados por la depreciación de la libra: menos poder adquisitivo, menos visitas y menos gasto por estancia (la media del turista british es de 107 euros/día, según el instituto). Pero, además, afectaría sobre todo al turismo residencial. Como subrayó el presidente de Ineca, Perfecto Palacio, por cada británico que viene a un hotel, hay 2,5 que apuesta por otro tipo de alojamiento, ya sea vivienda propia o de alquiler. Y con menos capacidad económica, podrían resentirse las operaciones de compra.
En comercio exterior, además, estarían en juego 480 millones en exportaciones directas e indirectas y los sectores que podrían salir peor parados al estar más expuestos serían el calzado (137 millones en ventas), las hortalizas (31 millones), las frutas (21,2), las manufacturas de aluminio (14,5) y las conservas (9), según Ineca. De momento, y ante lo que pueda pasar, el Consell ya anunció el pasado día 29 que creará tres comisiones para analizar el efecto del Brexit.
¿Qué esperan las industrias señaladas? La opinión también esta vez es diversa, aunque moderadamente optimista. El presidente de la patronal hotelera de Benidorm y comarca (Hosbec), Toni Mayor, coincide en que el Brexit plantea una situación inédita. «Nadie puede aspirar a saber nada», apunta, «pero puede que haya habido algo de sobreactuación y creo que poco a poco las alertas irán desinflándose». De entrada, descarta un impacto significativo sobre las reservas de este verano «porque están vendidas desde hace un año». El turista británico compra con mucha antelación, es «muy fiel a Benidorm» y a sus 39.800 plazas hoteleras. No se esperan cancelaciones (por ahora, dice Mayor, no las ha habido) y «sólo podría resentirse un porcentaje mínimo en la última hora». Benidorm es Benidorm: hasta tiene su propia serie de éxito en el canal británico ITV (una sitcom homónima que, en prime time, muestra las correrías de un grupo de turistas británicos, que ya va por su octava temporada). Así que «el verano se cubrirá con una ocupación por encima del 90% hasta octubre», garantiza Mayor.
«La verdad es que la decisión se ha tomado en el mejor momento posible; el mercado está bombardeado y no hay destinos competidores por la amenaza del terrorismo y la revalorización del dólar», remarca. Mayor incluso quita hierro a la depreciación de la libra («hay que tener perspectiva, no está siendo tan grave y ha habido otras devaluaciones similares») y aunque señala que el Brexit no es un tema menor, confía en que podría reconducirse antes de que se prepare el verano de 2017. «Puede que hasta sea bueno si Europa se pone deberes», añade.
En el turismo residencial se vislumbra un panorama «peor que antes de la consulta, aunque en las mismas condiciones que para el resto de competidores», según el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Alicante (Provia), Jesualdo Ros. Ros es muy consciente de la importancia del Reino Unido para Alicante: «Si se tienen en cuenta las compras de casas, el gasto en alquileres [muchos residentes regresan a su país en abril y arriendan sus casas a otros compatriotas para pasar el verano], y el gasto por consumo, el volumen de negocio total supera los 1.500 millones al año», añade Ros. Con todo, rechaza el pesimismo: «Se ha abierto el mercado de Polonia, ha crecido Rusia y ha vuelto Alemania. Lo normal es que se acabe compensando una posible caída», subraya.
«Los británicos de aquí no saben qué pasará; muchos son mayores que cobran sus pensiones y temen que la devaluación de la libra les reste poder adquisitivo»
¿Cancelaciones? Ros admite que ya se ha suspendido alguna operación con cláusula Brexit que estaba en marcha en la provincia (al menos dos sobre viviendas de entre 800.000 y un millón de euros) que no se retomarán hasta que se despeje el horizonte, pero insiste en que el interés por el producto de la Costa Blanca sigue. «De hecho, hasta la primera quincena de julio tenemos programadas dos visitas de agentes británicos a distintas promociones y siempre que organizamos giras de este tipo se firman acuerdos», apostilla.
Sea como fuere, nadie quiere caer en el error de la relajación. Tanto el presidente de la patronal alicantina Coepa, Francisco Gómez, como el director gerente de la Cámara de Comercio, Carlos Mazón, coinciden en que la incertidumbre ha disparado el «nerviosismo», y aunque confían en que puede ser una circunstancia «transitoria», reconocen el riesgo en el que se encuentran esos sectores especialmente sensibles. Por ello, reivindican sensatez en las negociaciones y aplauden que la administración se movilice —la Secretaría Autonómica de Turismo ya lo ha hecho con una cumbre específica— para estudiar cómo afrontar la nueva realidad.
El Reino Unido también está en ello, según insiste su embajador. Manley sostiene que «el referéndum no va a cambiar nuestra situación geográfica ni nuestras relaciones comerciales con Europa porque... somos europeos; trabajamos para lograr un acuerdo con los socios que es lo que interesa a todos», abunda. «No creo que se congelen inversiones; las empresas toman decisiones a medio o largo plazo y lo importante es que ahora se establezcan medidas para atraer proyectos», dice. Tampoco piensa que vaya a reducirse la llegada de turistas. «En 2015 llegaron 16 millones de británicos a España, en lo que llevamos de año hemos visto una subida de un 19% y las agencias de viaje británicas esperan un crecimiento de un 20-25% cuando se cierre el ejercicio», detalla. «España es un país que está en el corazón de los británicos desde los años 50 y lo importante es que se negocie un acuerdo que favorezca los intercambios de personas tanto por turismo, como para estudiar o para vivir», concluye. Eso sí, está convencido de que el Brexit es imparable, de que ya no tiene marcha atrás: «33 millones de británicos participaron y votaron mayoritariamente a favor de la salida; su elección tiene que ser respetada».
(Este artículo se publicó originalmente en el número de junio de la revista Plaza)