VALÈNCIA. (EP) La Comisión Europea ha pedido a España este lunes que garantice una política fiscal "prudente" durante 2023, limitando el gasto a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial a medio plazo y ofreciendo apoyo temporal a los hogares y las empresas vulnerables al alza de los precios de la energía y a las personas que huyen de la guerra de Ucrania.
Bruselas ha solicitado a España, en sus recomendaciones de primavera, que ajuste el gasto a la evolución de la situación de incertidumbre generada por la guerra de Ucrania y, en paralelo, que amplíe la inversión pública en las transiciones verde y digital para garantizar la seguridad energética, recurriendo para ello a los fondos europeos.
Para el periodo posterior a 2023, el Ejecutivo comunitario ha recomendado la implementación de una política fiscal prudente a medio plazo para asegurar una reducción de la deuda "creíble" y "gradual" así como una la sostenibilidad fiscal a medio plazo que se pueda alcanzar a través de la consolidación gradual, la inversión y las reformas.
Además, Bruselas ha advertido a España de los altos niveles de deuda, tanto pública como privada y externa, en un contexto en el que la tasa de desempleo también se mantiene elevada, una advertencia en línea con recomendaciones previas y que tienen una importancia "transfronteriza", según ha señalado en sus recomendaciones semestrales de primavera.
La Comisión Europea ha apuntado que los niveles de deuda se mantienen más elevados que antes de la pandemia y que exceden los niveles "prudenciales", también los ratios de deuda sobre el PIB se sitúan en niveles "muy superiores" a los de antes de la pandemia.
El Ejecutivo comunitario ha observado que España está experimentando "desequilibrios" y, ha apuntado además, que el ratio de deuda sobre el PIB en 2021 ha observado una tendencia decreciente y prevé que esta tendencia se mantenga en 2022 y 2023. En su análisis, la Comisión Europea ha apuntado que los préstamos dudosos han continuando descendiendo.
Bruselas ha recomendado a España reducir la dependencia de combustibles fósiles y acelerar el despliegue de renovables y, especialmente, las instalaciones de autoconsumo, para lo cual le ha pedido que simplifiquen los procesos de autorización y mejore el acceso a la red.
En un paso más, la Comisión Europea le ha instado a aumentar su capacidad de interconexión energética así como la inversión en almacenamiento, en infraestructura de red, en hidrógeno y en la electrificación del transporte y los edificios.
Además, Bruselas ha recomendado incrementar la penetración de viviendas con alta eficiencia energética que sean asequibles, incluyendo en esta medida la renovación del parque.
El Ejecutivo comunitario ha advertido de los riesgos especialmente para aquellas industrias electrointensivas y las más golpeadas por la pandemia y señala que si bien la tasa de desempleo se ha ido contrayendo en 2021, la segmentación del mercado laboral y el desempleo juvenil continúan en niveles elevados.
En todo caso, Bruselas ha mostrado confianza por que la reciente reforma laboral y las medidas implementadas en el marco del plan de Recuperación y Resiliencia tendrá un efecto positivo para corregir tales vulnerabilidades.
En este marco, el Ejecutivo comunitario ha instado a España a que implemente el Plan de Recuperación y Resiliencia así como ha presentar los documentos para acceder al programa de Políticas de Cohesión entre 2021 y 2027.
Además, ha abogado por impulsar los niveles de reciclaje e impulsar la economía circular a través de una mayor cooperación entre las autoridades y potenciando la inversión para separar la recogida de basura y las obligaciones de reciclado.
Tras una década de políticas expansivas, el dilema es cómo recuperar la “normalidad” sin poner en peligro la recuperación
