BRUSELAS. (EP) La Comisión Europea ha propuesto este jueves nuevas normas para agilizar la cooperación judicial entre Estados miembros, reducir costes económicos y facilitar el acceso a la justicia civil de ciudadanos y empresas, a través de medidas como la obligatoriedad de que los países intercambien documentos de manera electrónica, el fomento de las videoconferencias o el fortalecimiento de los derechos procesales de las partes.
"Cada año, en la UE hay aproximadamente 3,4 millones de procesos judiciales civiles y comerciales entre países. Cada vez más gente vive, estudia o trabaja en otro país europeo, y las empresas se internacionalizan. Esta propuesta les dará acceso a una justicia transfronteriza más ágil, eficiente y a un menor coste", ha asegurado la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová.
Así, el envío obligatorio de documentos electrónicos entre dos sistemas judiciales nacionales puede ahorrar entre 30 y 78 millones de euros anuales en toda la UE, según Bruselas, ya que actualmente todas las comunicaciones en los casos judiciales transnacionales se realizan a través de correo postal.
En ese sentido Bruselas pretende introducir también un comprobante de devolución común para los documentos enviados por correo postal, que evite los problemas que existen actualmente en los envíos entre dos países miembros, derivados de los diferentes tipos de comprobantes existentes y de los errores frecuentes en su cumplimentación.
Asimismo, el fomento del uso de la videoconferencia en las vistas judiciales permitirá evitar desplazamientos y ahorrar costes, ya que una comparecencia física tiene un coste medio de entre 400 y 800 euros frente a los 100 euros de una videoconferencia.
El fortalecimiento de los derechos procesales de las partes es otra de las propuestas de Bruselas, que incluye establecer de manera más clara cuando y como se puede ejercer el derecho a la defensa y el derecho de rechazo.
Las nuevas reglas propuestas por la Comisión actualizarán la normativa europea de 2007 sobre transmisión de documentos judiciales y extrajudiciales entre países de la UE, así como la normativa relativa a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, aprobada en 2001.
