Foto: FERNANDO SÁNCHEZ/EPVALÈNCIA (EP). El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha instado este viernes a los gobiernos autonómicos a hacer caso a los ayuntamientos e impulsar la declaración de zonas tensionadas ante los precios "desbocados" que presenta el mercado del alquiler de vivienda.
En declaraciones a los periodistas con motivo de una visita a un 'ecocomedor' escolar en Tenerife, Bustinduy ha señalado que "no es lo único que hay que hacer, hay que hacer muchas otras cosas, pero es una primera medida esencial y de sentido común", y que según los datos conocidos en Cataluña, con una bajada de precios de entre el 3% y el 5%, "está funcionando".
Bustinduy ha remarcado que el municipio de La Orotava ha mostrado su predisposición a solicitar la declaración de zona tensionada y el de Santa Cruz de Tenerife también lo sopesa --esta tarde se reúne con el alcalde, José Manuel Bermúdez--.
El ministro no ha obviado tampoco el "descontrol absoluto" de pisos turísticos, "en muchos casos sin licencia, en otros casos, sin ningún tipo de regulación o de control", de ahí que Sumar haya propuesto, en la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), gravar fiscalmente el uso turístico de las viviendas para "desincentivar" su uso.
Así, además se lograría que "no se detraigan" esas viviendas de la oferta del mercado del alquiler, porque es es uno de los factores que está "tensionando sobremanera" la realidad del mercado de la vivienda, con "grandes agentes especuladores" que disponen de "decenas, cuando no cientos", de viviendas destinadas a este uso y que están obteniendo unos "réditos extraordinarios".
El ministro ha reivindicado la "función social" de la vivienda y la importancia de garantizar el "derecho constitucional" de que las familias trabajadoras tengan acceso a una vivienda libre.
"La vivienda turística es uno de los grandes problemas, no el único, pero uno de los grandes problemas que debemos atajar para poder dar solución a esta emergencia que está sufriendo la ciudadanía en España", ha comentado.
Asimismo, ha mostrado su apoyo a las manifestaciones convocadas por colectivos canarios el próximo 20 de octubre pues fueron "pioneros" en denunciar la falta de redistribución de riqueza del turismo y las dificultades para acceder a una vivienda, entre otras proclamas.
"Tienen razón en sus demandas y yo quiero decir una cosa. Es necesario seguir movilizándose porque en el problema específico de la vivienda hay poderosos intereses en juego y cuando se debate esta disyuntiva si la vivienda es un derecho o si es un bien de mercado, de lo que estamos hablando es de esa contraposición de intereses, de los derechos de la ciudadanía, contra el interés especulativo de agentes económicos muy poderosos que, por tanto, van a hacer todo lo que esté en su mano por impedir esta regulación", ha destacado.
En ese sentido ha dicho que poner "topes" a los precios se puede hacer "con voluntad política" y por ello entiende que la movilización social "debe servir para presionar en ese sentido", lo mismo que la regulación de la vivienda turística o prohibir la "compra especulativa" de vivienda en las zonas tensionadas.
Bustinduy ha asumido que estas medidas "generan mucha oposición" porque "hay muchos intereses en juego" de tal manera que la movilización ciudadana es "imprescindible" para que haya "presión suficiente" y se tomen "medidas decididas". "Si no, no se va a resolver este problema", ha subrayado.
Por su parte, CCOO PV ha reclamado al Consell una "intervención inmediata a todos los niveles" frente a la "extrema gravedad" del problema de acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana, con medidas como el límite de los precios del alquiler en aplicación de la Ley de Vivienda estatal; una regulación autonómica que limite los apartamentos turísticos, aumentar el parque público e impulsar programas de rehabilitación para viviendas vacías.
"Estamos ante una situación crítica en la que, si no se ponen en marcha políticas públicas, si no hay una intervención en el mercado de la vivienda, estamos convencidas de que en los próximos tiempos va a suponer un fuerte conflicto social" en la Comunitat Valenciana, han advertido la secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO PV, Ana Belén Montero, y la secretaria de Juventud del sindicato, Rocío Pascual.
Montero y Pascual han presentado este viernes el informe de CCOO PV 'Derechos y propuestas ante la situación de la vivienda en el País Valenciano', elaborado por ambas secretarias, en el que se reclama a la administración que "cumpla con su responsabilidad de garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible".
El sindicato ha revindicado que tanto el Consell como el Gobierno central pongan en marcha de forma simultánea medidas a corto, medio y largo plazo. Por ello, la responsable de Políticas Públicas ha pedido "voluntad política y una correcta financiación, presupuestaria progresiva en los próximos años" para vivienda.
