El ministro Bustinduy pide a las comunidades autónomas del PP aplicar la Ley de Vivienda

VALÈNCIA (EP). El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha instado a los presidentes de las comunidades autónomas del PP, como el valenciano Carlos Mazón, "a que apliquen la Ley de Vivienda, que es la principal herramienta que tenemos en día para poder controlar el precio de los alquileres en el país".

Además, ha defendido las medidas de su departamento para perseguir pisos turísticos ilegales. Así, ante la problemática del precio de la vivienda y del alquiler, "tenemos herramientas para poder actuar", ha dicho Bustinduy, quien ha incidido en que "hay una Ley de Vivienda que permite declarar una zona tensionada y, por tanto, que se apliquen índices de referencia para controlar los alquileres", pero son las comunidades autónomas "quienes tienen que tomar esta decisión".

Bustinduy, que se ha reunido este jueves en Málaga con la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV) para tratar la problemática de la vivienda, "que es algo que afecta a toda España, pero que afecta a Andalucía y a Málaga en particular", ha asegurado que la comunidad andaluza es la que "tiene más pisos turísticos de toda España".

Se ha referido a las movilización ciudadana del pasado sábado, en concreto en Málaga y Cádiz, y ha asegurado que es un problema que "se está convirtiendo en una dificultad mayúscula para que las familias, para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y puedan hacer efectivo el derecho a una vivienda digna".

"En Málaga, el número de alojamientos turísticos se ha multiplicado por 14 en apenas ocho años. La oferta de pisos en alquiler turístico ya es superior a la oferta de pisos en alquiler residencial. Esta situación está evidentemente descontrolada y hay que actuar para ello", ha asegurado.

Según ha señalado, por el momento Cataluña "es la única comunidad autónoma que ha dado los pasos necesarios para poder introducir controles a los precios del alquiler según los índices de referencia establecidos por el Ministerio de Vivienda".

Bustinduy ha afirmado que "a pesar de que en España hay muchas ciudades que han manifestado su voluntad de que estos índices pudieran aplicarse para reducir precisamente esos procesos de intensificación de los precios y esas barreras al acceso a la vivienda para las familias trabajadoras, las comunidades autónomas de momento no han querido hacerles caso".

Ha criticado que "están intentando construir este relato según el cual el problema de la vivienda en España se debe a la Ley de Vivienda que no aplican", por lo que ha considerado "necesario que las comunidades autónomas procedan a la declaración de zonas tensionadas para que se pueda aplicar los índices de control de precios en las ciudades que están más afectadas por esta dinámica que se está traduciendo en dificultades cotidianas para la vida de millones de trabajadores y trabajadoras en España".

Sobre el objetivo de la reunión, ha destacado que, además de trasladar las iniciativas del ministerio, es "escuchar las denuncias, prioridades y propuestas de los y las vecinas", lo cual considera una cuestión prioritaria "no solo aquí, sino en muchos otros puntos del país" y especialmente aquellos que, como Málaga, son "destinos turísticos".

Iniciativas sobre las viviendas turísticas

Bustinduy ha saludado las iniciativas del Ministerio de Vivienda para regular la situación de la vivienda turística en España, pero ha asegurado que "no basta con declarar moratorias o, sencillamente, con introducir pequeños cambios regulatorios".

"Está muy bien que superemos esa situación de dejadez, cuando no de responsabilidad directa, en permitir esta situación descontrolada que se ha ido de las manos, pero no basta con eso", ha defendido.

En este punto, ha señalado que el Ministerio de Consumo está actuando dentro de sus competencias, abriendo una investigación sobre la publicidad, sobre los anuncios de las viviendas turísticas ilegales, con el fin de "perseguir la publicidad ilícita de viviendas turísticas que no dispongan de licencia para ello".

Así, ha considerado que "si alguien no dispone de una licencia para abrir un bar, es inconcebible que abra un bar, se lucre con ello y, además, lo publicite; pues la misma situación aplica con las viviendas turísticas".

El ministro ha dicho que el primer paso de este expediente abierto hace unas semanas ha sido un requerimiento de información a las plataformas en las que se publicitan este tipo de viviendas y el segundo paso, "instar a los ayuntamientos de toda España a que se sumen a colaborar y a participar".

Al respecto, ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Málaga, a todas las ciudades andaluzas y de toda España que están afectadas por esta problemática, para que "se sumen, para que colaboren y cooperen en esta investigación". "Queremos ir de la mano para conseguirlo", ha incidido.

"La investigación va a seguir adelante en cualquier caso, pero creo que sería un mensaje muy positivo a la ciudadanía que vean que todas las administraciones, cada cual desde su lugar y desde sus funciones de responsabilidad, participan de la mano en atender la que, según el CIS, ya es la segunda mayor preocupación de la ciudadanía, que es la vivienda y el acceso al alquiler", ha dicho.

Asimismo, ha recordado que ha puesto encima de la mesa la posibilidad introducir el IVA en la actividad de los pisos turísticos (VUT) en España y que así tributen "como cualquier actividad comercial" para frenar el aumento de la oferta ilegal. "Debemos incentivar de todas las maneras posibles que se destine la vivienda al uso principal que tiene que tener, que es a que la gente viva en ella, mientras construimos más vivienda pública y alquiler social", ha concluido.