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informe de la sindicatura de comptes

Cacsa tardó 12 años en demandar al antiguo gestor del Oceanogràfic por deficiencias

EVA MÁÑEZ

El Síndic de Comptes critica la "falta de diligencia" de los administradores de la empresa pública, que conocían desde 2003 las deficiencias en el complejo por las que ahora pide una indemnización a Parques Reunidos

29/12/2015 - 

VALENCIA. La Sindicatura de Comptes critica en su último informe la "falta de diligencia" de los administradores de la empresa pública Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa) entre 2003 y 2015 por no ejercer acciones legales contra Parques Reunidos Valencia, el operador del Oceanogràfic. La observación está incluida en el informe de fiscalización de la Generalitat correspondiente a 2014, hecho público este lunes, al referirse a la demanda de Parques Reunidos Valencia contra Cacsa, respondida por la empresa pública con otra demanda de reconvención.

Según el organismo fiscalizador que dirige Rafael Vicente Queralt, "Cacsa era conocedor del deterioro de las instalaciones y de los incumplimientos contractuales por parte del operador desde prácticamente el inicio de la vigencia del contrato, por lo que teniendo en cuenta el periodo transcurrido hasta la contestación de la demanda interpuesta por el contratista y consiguiente reconvención, se aprecia una falta de diligencia, por parte de los órganos responsables de la Sociedad (Cacsa), en el ejercicio de las acciones legales pertinentes al objeto de dar un adecuado y efectivo cumplimiento al contrato".

Tras dar por perdida la concesión del Oceanogràfic, al decidir no presentarse al concurso que ganó Avanqua, Parques Reunidos demandó a Cacsa el 30 de julio de 2014. En la demanda exigía el reconocimiento de los créditos a su favor denominados “no discutidos” por importe de 31,24 millones y que se condenara a Cacsa a la compensación judicial de sus créditos por 23,09 millones y, por tanto, al pago de la diferencia de 8,15 millones.

El 18 de febrero de 2015, Cacsa contestó a la demanda interpuesta y presenta una reconvención por los daños y perjuicios causados por el operador por incumplimiento del contrato, que estima en 40,37 millones. Como publicó en su día Valencia Plaza, de este importe, 6,8 millones corresponden al deterioro derivado del inadecuado mantenimiento de las instalaciones del Oceanogràfic desde el ejercicio 2003, que ha sido estimado en base al coste de reposición, y 33,57 millones al lucro cesante derivado del incumplimiento contractual por parte del operador de aportar tres orcas que debía pagar Cacsa con un coste de 7,86 millones.

Además, en la demanda de Cacsa se señala que el operador tampoco ha atendido compromisos adquiridos de inversión en otras especies biológicas, si bien no cuantifica el lucro cesante derivado de tal incumplimiento, según la Sindicatura.

Deficiente contabilidad en Cacsa

Cacsa tiene la mácula de ser en 2014 la única dependencia de la Generalitat en la que la Sindicatura de Comptes ha detectado una irregularidad de tal importancia que merece ser llevada al Tribunal de Cuentas para que depure las posibles responsabilidades contables. Se trata, como explicó este lunes Valencia Plaza, del contrato suscrito con la consultora Deloitte Advisory para la externalización de la gestión de parte de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

Además, las cuentas de la empresa pública está repletas de errores y deficiencias, como detalla la Sindicatura en su informe, algunas de ellas detectadas años anteriores y que no se han resuelto a pesar de las peticiones del síndic. 

Así, según señala en informe, Cacsa no había evaluado a 31 de diciembre de 2014 los "indicios de deterioro de los elementos que conforman cada uno de los edificios que integran el complejo", a excepción del inmovilizado del Oceanogràfic, "cuyo deterioro ha sido evaluado por primera vez en 2014, a pesar de existir evidencias del mismo, según la Sociedad, desde el ejercicio 2004". Añade el síndic que este deterioro, estimado en 5,6 millones, ha sido contabilizado íntegramente con cargo al resultado del ejercicio 2014, sin que Cacsa haya imputado contablemente el gasto que por este concepto proviene de ejercicios anteriores.

Entre estos elementos de los que no se ha evaluado el deterioro destacan los honorarios pagados al arquitecto Santiago Calatrava -15,21 millones de euros- por la redacción del anteproyecto y proyecto básico de la obra de urbanización y edificación de la parcela M3, las conocidas como Torres de Calatrava, nunca construidas. Según la Sindicatura, "Cacsa debería haber efectuado una corrección valorativa por el citado importe, como se ha venido indicando en informes de fiscalización de ejercicios anteriores, atendiendo a su importe recuperable".

Otras deficiencias contables se refieren a la inclusión en el balance de cargas urbanísticas que no deberían considerarse activos -21 millones-, el exceso de valoración de las parcelas donde se iban a construir las torres -29,9 millones- y la inclusión en el activo del puente de L'Assut de L'Or -63,38 millones-, puesto que fue entregado al Ayuntamiento de Valencia para su utilización pública en 2009, sin que se registrara su baja contable. 

Por último, el síndic da un tirón de orejas a los gestores de la empresa pública por no aplicar el principio de prudencia en el caso del deterioro no contabilizado del revestimiento de la cubierta del Palacio de las Artes Reina Sofía por los desprendimientos que ocurrieron en diciembre de 2013. El valor neto contable de ese deterioro es de 2,74 millones. Cacsa alega que se trata de una renovación de la cubierta "garantizada por la dirección facultativa y la UTE constructora", pero la Sindicatura considera que "cuando se recuperen las referidas características iniciales del inmovilizado, cuya reparación se encuentra en curso a fecha de realización del presente trabajo (julio de 2015) se producirá la reversión de la pérdida por el deterioro físico acaecido en el Palacio de las Artes".

El conjunto de las salvedades expuestas por la Sindicatura suponen que, en el balance de Cacsa, el saldo del epígrafe Reservas está sobrevalorado en 124 millones, el Inmovilizado material está sobrevalorado en 111 millones, el Inmovilizado intangible está sobrevalorado en 21,5 millones, la amortización acumulada del inmovilizado material está sobrevalorada en 5,96 millones y el epígrafe Subvenciones donaciones y legados está sobrevalorado en 3,42 millones de euros.

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