Naviera de mercancias en el puerto de Cádiz. Foto: APAVALÈNCIA (EP). La Comisión de Puertos de la Cámara de Comercio de España ha solicitado en un comunicado a los órganos de gobierno de la Unión Europea que reformulen la directiva de mercados de derechos de emisión en su aplicación al transporte marítimo.
La aplicación de esta directiva supondría la extensión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de dióxido de carbono (CO2) de la Unión Europea (ETS, por sus siglas en inglés) para su aplicación progresiva en términos de pagos por derechos desde el próximo 1 de enero de 2023 (20%) hasta sus plenos efectos en 2026 (100%).
Tras un exhaustivo estudio, la Comisión de Puerto de Cámara de España ha advertido de que la entrada en vigor de la normativa no cumple con los objetivos medioambientales que plantea y restará competitividad a los puertos y las empresas españolas.
En este sentido, para prevenir los efectos no deseados tanto en el medio ambiente como desde el punto de vista económico y comercial, la Cámara de España ha trabajado en diferentes propuestas de modificación de la directiva. En primer lugar, ha demandado que la parada de un barco de mercancías en un puerto en un país que no pertenezca al bloque comunitario no implique "poner el contador a cero" en lo que se refiere a las emisiones de CO2, lo que se conoce como "vías de fugas de carbono".
Asimismo, y con el objetivo de evitar estos desvíos hacia otros puertos de fuera de la Unión Europea, la Comisión de Puertos ha planteado una transición más progresiva para rutas transoceánicas de más de 3.000 kilómetros, extendiendo el esquema general de aplicación progresiva del pago por derechos de emisión a estos itinerarios.
Por último, se ha propuesto un esquema de incentivos para los operadores de las rutas transoceánicas con el que frenar el sobrecoste de los derechos de emisiones y los cambios de rumbo con los que se trata de eludir el pago de los derechos de emisión, al mismo tiempo que se crean "paraísos de emisiones de CO2".
