VALÈNCIA (EP). La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha expresado su "preocupación" por el nuevo sistema de ayudas directas para familias anunciado por el Gobierno central al considerar que "dejará desprotegidas a muchas familias y personas en situación de vulnerabilidad que no cumplen con los requisitos que determina esta nueva norma".
Camarero ha expresado en un comunicado su "disconformidad" con esta nueva adjudicación de ayudas a familias vulnerables por "la improvisación y las prisas de una medida que desde hace mucho tiempo estamos intentado acordar con el Gobierno y que, sin embargo, han aprobado y hecho pública sin trasladarla previamente a las comunidades autónomas".
El Consejo de Ministros aprobó este martes un decreto que concede a Cruz Roja una subvención de 100 millones de euros para implementar este año el programa del Fondo Social Europeo Plus de asistencia material básica para familias con hijos en situación de pobreza severa, esto es, con ingresos inferiores al 40 por ciento de la renta media.
Las denominadas 'tarjetas monedero' a familias vulnerables con hijos e hijas se podrán canjear en supermercados por diversos productos, sobre todo de alimentación e higiene.
Para Camarero, con este nuevo sistema, el Gobierno central, "lejos de hacer un análisis profundo de las situaciones reales de vulnerabilidad, ha adoptado una medida que limita y expulsa de la asistencia básica de reparto de alimentos a aquellos perfiles que anteriormente sí podían acceder, como por ejemplo personas con discapacidad, en situación de dependencia, con ingresos insuficientes o con hijos e hijas mayores de 18 años a su cargo y en situación de vulnerabilidad".
Asimismo, ha señalado que, siendo las comunidades autónomas las responsables de identificar a los potenciales beneficiarios bajo los criterios establecidos por el Gobierno central, hacer el acompañamiento, así como la justificación y la implantación del programa, "es necesario que conozcamos detalladamente la letra pequeña y con la antelación suficiente" para poder ejecutarlo "de manera eficaz y evitar tener que devolver los fondos europeos por la improvisación y falta de previsión del Gobierno".