VALÈNCIA. Este martes por la tarde la Generalitat y el Valencia volverán a verse las caras. Será la tercera reunión entre ambas partes en los últimos meses por el Nou Mestalla y servirá para que la administración autonómica traslade al club las partes que no le convencen del proyecto que presentó hace un par de meses para acabar el estadio añadiendo 110 millones de euros a los 170 que dice que ya ha invertido.
De un lado estarán el conseller de Política Territorial, Arcadi España, y el de Economía Sostenible, Rafa Climent. Del otro, Anil Murthy, presidente del Valencia. Pero todos ellos irán con sus colaboradores y técnicos. De hecho por parte de la Generalitat estarán también Manuel Illueca, director del Institut Valencià de Finances, que emitió un informe el viernes que asegura que las garantías económicas que aporta el club no bastan. Por parte del club, además de sus ejecutivos, también podrían acudir responsables del despacho de arquitectura que firma el proyecto.
Fuentes de la Generalitat explicaron a este periódico que se trasladarán al club las cuestiones que creen que se debe mejorar pero que, más allá de las explicaciones que puedan aportar en el momento, deberán enviar después los documentos por registro de entrada. Como se le pide a cualquiera que se relaciona con la administración. Se da por hecho que la delegación del Valencia reiterará su petición de que no se caduque la ATE sino que se amplíe.
Tras iniciar en noviembre el proceso de caducidad anticipada de la Actuación Territorial Estratégica que se le concedió para que retomara las obras paradas por sus incumplimientos, la Generalitat dio a la entidad un plazo para presentar un proyecto creíble y garantizado económicamente con la idea de poder mantenerle los beneficios urbanísticos que le dio esa ATE, fundamentalmente más edificabilidad (y por tanto más valor) en la parcela del actual Mestalla.
En este tiempo, la Conselleria de España ha pedido sendos informes. Uno al Ayuntamiento, que avala la caducidad pero pide que el estadio sea el mismo que se planteó con la ATE para mantenerle los beneficio. Piden además que el recinto no sea el que plantea ahora el club con un aforo inicial de cuarenta y seis mil asientos y sin que está claro el plan para montar una pista de atletismo para celebrar grandes eventos.
El segundo fue al IVF, que señaló que falta concreción en las garantias económicas del club, basadas principalmente en los 80 millones que puede dedicar a infraestructuras de los 120 que va a recibir por el acuerdo entre LaLiga y el fondo cvc a cuenta de los derechos televisivos en los próximos años.
El tono con el que el Valencia salga de la reunión puede ayudar a aclarar cuál es el horizonte del estadio. Porque aunque el club dijo en su día que lo acabaría con o sin ATE eso ahora ya no está tan claro. De hecho, la entidad recurrió judicialmente hace ahora un año la decisión de no concederle esa prórroga y reorganización de los plazos.