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los consellers de Política territorial y economía se reunirán con el club el martes

El IVF rechaza las garantías económicas del Valencia para el Nou Mestalla y pide más concreción

Foto VCF

El informe solicitado por Arcadi España al Institut Valencià de Finances insta a pedir a la entidad más documentación

29/04/2022 - 

VALÈNCIA. Los avales económicos presentadas por el Valencia a la Generalitat en el proyecto del Nou Mestalla no constituyen en este momento una garantía eficaz para la administración autonómica. Esa es la principal conclusión del informe que ha realizado al respecto el Institut Valencià de Finances.

Tras iniciar el pasado mes de noviembre el proceso de caducidad anticipada de la Actuación Territorial Estratégica que se le concedió en su día para retomar las obras paradas del recinto, la Generalitat le ofreció al Valencia mantener los beneficios urbanísticos que le otorgó sin el paraguas de la ATE siempre que presentara una propuesta "creíble y garantizada financieramente"

Para tomar posición respecto a la concesión de esos beneficios, una decisión que corresponde al propio pleno del Consell, el conseller de Política Territorial pidió un informe al Ayuntamiento y otro al IVF. 

A tenor del de este último organismo, actualmente la Generalitat no estaría dispuesta con estas garantías a mantener la edificabilidad extra que se le otorgó al club para las parcelas del actual Mestalla y que le permitirían aumentar su precio de venta. 

Así se lo trasladarán el próximo martes los consellers Arcadi España (Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad) y Rafa Climent (Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo) al presidente del club Anil Murthy y a su equipo de trabajo en una reunión solicitada por la entidad.

Un año de desencuentros

Tras rechazar la Generalitat hace ahora un año la petición del Valencia para ampliar los plazos de la ATE y reorganizarle y realizar una primera propuesta de multa por los retrasos, el gobierno autonómico dio un paso más en noviembre y activó el proceso de la caducidad pero dejando esa puerta abierta al club.

Aprovechando la inyección de dinero para infraestructuras que puede recibir en virtud del acuerdo entre LaLiga y el fondo cvc (que vienen a ser unos 80 millones gastables en el recinto), el club presentó su plan a principios de marzo pero pidió mantener la ATE tanto por los beneficios como por la seguridad jurídica que le daba.

El proyecto parte de un presupuesto de 110 millones de euros, tras asegurar el club haber invertido ya 170 millones, rebaja de inicio el aforo a cerca de cuarenta y seis mil localidades y no concreta el sistema de gradas retractiles.

De esta manera, el IVF ha tenido que analizar la seguridad de ese ingreso de 80 millones por parte de LaLiga y el plan que ha presentado el Valencia para financiar los otros 30 millones que faltan para finalizar el estadio según ese proyecto.

Según fuentes Política Territorial, el instituto que dirige Manuel Illueca explica que se requiere una mayor concrección en términos, concidiones y compromisos firmes que hace necesario reclamar al Valencia documentación adicional. El club se ha ofrecido reiteradamente a explica su proyecto y a contestar a las preguntas de los técnicos de la Generalitat, algo que podrán hacer el martes.

En el caso del informe del consistorio, se pronunció a favor de la caducidad anticipada y de exigir mediante un convenio para el acceso a los beneficios urbanísticos mantener las características del estadio que se pactaron en su día con la ATE, con un aforo de cerca de setenta mil localidades y un sistema de gradas retractiles que permita instalar una pista de atletismo para grandes eventos de este deporte, entre otras cosas.

Un  horizonte judicial

Tras haber llevado ya a la justicia ordinaria la decisión de la Generalitat de no concederle una ampliación de la duración de la ATE, que acababa inicialmente en 2025, y una reordenación de los plazos de la misma, se contempla la posibilidad de que si finalmente el Consell da por caducado ese instrumento urbanístico, el club lleve también la decisión a los juzgados, más aún si no logra retener los beneficios urbanísticos de la operación.


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