VALÈNCIA. El empresario Javier Luján, presidente de Construcciones Luján, ha pedido al juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado del conocido como caso Azud, el sobreseimiento de la causa que sigue contra él al considerar que los hechos se encuentran prescritos.
El constructor figura como investigado en la pieza principal después de que la jueza uniera a ella la 7, relativa a la financiación en B de gastos de tres campañas electorales por parte del PSPV durante los años 2007 y 2008. Las indagaciones han situado a varias empresas en el centro de la supuesta operativa, entre ellas Construcciones Luján. Concretamente, los investigadores creen que asumió gastos de los socialistas (hasta el momento apuntan al pago de 120.060 euros a una mercantil interpuesta).
El origen de esa comisión se enmarca, de acuerdo con la jueza, en la adjudicación "predeterminada" a la constructora del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó en 2006. Fue el más caro. Esta empresa concurrió, junto a Acciona, en una Unión Temporal de Empresas (UTE) para llevarse las obras y fueron adjudicatarias por un importe de 46,1 millones de euros.
Después de que se creara esta pieza separada, la magistrada decidió unirla a la principal –en la que figura una operativa general de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas en distintas administraciones– al entender que todos los hechos se encuentran relacionados. Sin embargo, la defensa de Javier Luján ha pedido que se revoque al considerar que esa vinculación no existe y que la unificación provoca "una excesiva complejidad y una injustificada dilación para el proceso".
Los hechos de los que se acusa a Javier Luján, señala el escrito, "están circunscritos, exclusivamente, a los supuestos pagos que se produjeron en el año 2007 en el marco de la adjudicación del contrato del Tramo E de la conducción del trasvase Júcar-Vinalopó por parte de la empresa Aguas del Júcar". Pero uno de los motivos de unir ambas piezas que adujo la jueza fue que Acciona aparecía en ambas investigaciones, algo que la defensa del empresario no comparte.
Así, destaca que ni Acciona ni Construcciones Luján están investigadas, ni pueden estarlo en ninguna parte de la causa, como responsables penales debido a que, en la fecha de los hechos, (2006-2007), "no existía responsabilidad penal de las personas jurídicas". A lo que añade que "no existe identidad en las personas físicas a las que se imputan las conductas delictivas" porque "no se investiga a las empresas (dado que ello es jurídicamente imposible), sino a los responsables de éstas". Lo mismo destaca respecto a Grupo Gimeno y Facsa, también en la pieza 7, y que en opinión de la defensa de Luján "no tienen conexión con la causa principal".
Además de la revocación de la unificación de piezas, argumenta la prescripción. "De ser ciertos" los hechos que se le atribuyen al constructor (y los cuales niegan), apunta el escrito, serían constitutivos de un presunto delito de cohecho activo y, en su caso, de un supuesto delito de falsedad documental cometida por particular. El primer delito es el más grave y la mayor pena es de 6 años de cárcel, de manera que el plazo de prescripción se sitúa en los 10 años. Plazo que considera la defensa de Luján "sobradamente superado" al haber tenido lugar los hechos en 2007 y, por tanto, con el plazo de prescripción en 2017. Y lo cual, concluye, lleva "indefectiblemente" al archivo.
