Foto: Club de Encuentro MBEl ministro de Justicia explicó que el Gobierno pretende que la instrucción de las causas la lleven los fiscales y no los jueces que pasarán a ser magistrados de garantías
VALENCIA. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dio este lunes una conferencia en Valencia, organizada por el Club Encuentro Manuel Broseta, en la que recogió como propias las propuestas realizadas en una reunión mantenida con él por los jueces decanos de toda España el mes pasado.
Así, Catalá informó de que el Gobierno legislará para prohibir que se pueda indultar a cualquier persona que haya sido condenada por un delito de corrupción, aunque según él "eso es algo que ya se está aplicando en el Consejo de Ministros aunque es necesario legislarlo".
De las propuestas de los jueces decanos, el ministro también hizo suya la de que "el aforamiento es un privilegio indebido" y que "hay que revisarlo", si bien es cierto que Catalá no habló de plazos para las citadas reformas en ningún momento.
Una de las reformas estrella en la que más énfasis puso el ministro de Justicia para esta legislatura fue el cambio de titular en las instrucciones judiciales. Catalá quiere que el paso de la instrucción recaiga en los fiscales y no en los jueces, como ya sucede en la mayoría de países europeos y en EEUU.
El problema es que, igual que en su día hizo el exfiscal General del Estado Eduardo Torres Dulce, no quiso a entrar a debatir la problemática que eso supone en materia de presupuestos o dotación personal, y mucho menos explicó qué piensa hacer el Gobierno para tratar de calmar a la mitad de la judicatura que ya está en pie de guerra ante la posibilidad de pasar de magistrados instructores a simples jueces de garantías, cuyas funciones se limitarían a decir si las decisiones de los fiscales son o no legales.
Otra de las preguntas que quedaron sin respuesta a este respecto fue si el mandato jerárquico al que están actualmente sometidos los fiscales cambiará para llegar a la independencia que actualmente ostentan los magistrados.
En cuanto a los temas de corrupción, el ministro aseveró que "sólo el 0,15% de las causas judiciales son derivados de temas relacionados con la corrupción", pero que "es consciente de la repercusión que esos casos tienen sobre la sociedad".
Sobre la percepción que los ciudadanos tienen de la Justicia, una de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando afirmó que se plantean cambiar el sistema de elección Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "porque los ciudadanos nos dicen que la Justicia ha de ser más ágil y más independiente", aunque dijo que personalmente no considera este cambio necesario porque "tiene más que ver con la percepción social que con la realidad".
Actualmente la elección se hace a propuesta de los diferentes partidos del Congreso de los Diputados y del Senado. El Gobierno se plantea volver al antiguo sistema de elección donde la mayoría de los consejeros los votaban integrantes de la propia carrera judicial. El problema de este sistema de elección es que la mayoría de los jueces y magistrados son de tendencia conservadora, al menos los asociados, un hecho que beneficiaría al Partido Popular en cuanto al número de consejeros que conseguiría de tendencia conservadora.
Sobre las reformas que prevé el ministro, la más importante se centra en un cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), una ley del siglo XVIII que, aunque muy parcheada por los diferentes gobiernos, sigue en vigor.
El cambio estructural de la LeCrim es una reivindicación histórica de todos los operadores que trabajan en materia de Justicia pero, al igual que en el resto de la conferencia, el ministro solo dio el titular y no entró a razonar ni cómo ni cuándo se hará dicha reforma.
Eso sí, aseveró Catalá que estos cuatro años se asistirá a un consenso con el resto de partidos que les apoyan en el Gobierno, en referencia al PSOE y a Ciudadanos.
