VALÈNCIA. La alcaldesa de València, María José Catalá, no modificará finalmente el reparto de comisiones permanentes que fijó al principio del mandato y que dejaba sin poder participar en ellas a tres concejales del PSPV (Elisa Valía, Javier Mateo y Núria Llopis). Una recomendación que le había trasladado el Síndic de Greuges el pasado mes de diciembre tras recibir la queja del grupo municipal socialista por entender que la distribución actual vulneraba el derecho de los ediles a participar de la actividad pública municipal. Sin embargo, Alcaldía no lo entiende así.
El pasado mes de diciembre, el órgano que preside Ángel Luna cargó duramente contra el gobierno municipal que integran PP y Vox en el Ayuntamiento de València por el diseño de comisiones que se fijó al inicio del mandato: de las seis comisiones que existían durante los cuatro años anteriores y en la que se integraba nueve concejales, ahora hay cuatro y en ella tan solo pueden participar siete ediles. Tres de ellos son del PP, uno de Vox, dos de Compromís y uno del PSPV. Con 7 representantes, tres concejales socialistas quedaban sin opción de participar en ninguna de ellas, por lo que presentaron una queja al Defensor del Pueblo valenciano para que dirimiera si esto impedía ejercer el derecho de todos los miembros de la corporación local a participar en la actividad municipal.
El Síndic, con todo, instó a la alcaldesa a tomar "todas las medidas que necesarias para cambiar, de forma consensuada con todos los grupos municipales, la regulación actual del Reglamento Orgánico del Pleno de la forma más favorable al ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos con la finalidad de potenciar el control, la transparencia y la rendición de cuentas". O, de lo contrario, si el Ayuntamiento decidía finalmente no hacerlo, motivar el porqué. Y la alcaldesa de València, María José Catalá, ha optado por lo segundo.
Con el plazo a punto de agotarse -debía dar respuesta en el plazo de un mes y este finalizaba el 19 de enero-, desde Alcaldía argumentan que no queda "acreditado que existan trabas para el desarrollo de las funciones propias de los cargos electos en el Ayuntamiento de València, ni obstáculos improcedentes, como los califica el Síndic, al contrario".
Para justificar esta afirmación, se basan en diferentes circunstancias: la primera, que el derecho a participar en todas las comisiones "es un derecho que se reconoce a los grupos municipales y a los concejales no adscritos". Y así lo demuestra la "jurisprudencia que se aporta por parte de los reclamantes, que aportan supuestos d concejales no adscritos". Además, trasladan al Síndic de Greuges que en cada comisión que se ha celebrado desde que se organizó la actividad de la nueva corporación tras las elecciones municipales, han participado un mínimo de dos concejales socialistas en cada una de ellas, bien como titulares o como suplentes y, en función del tema a abordarse en las mismas, intervenían uno u otro de forma indistinta.
"Es importante destacar que en cada comisión hay tantos titulares como suplentes y a las comisiones acuden habitualmente (no solo en este mandato) titulares y suplentes a defender y debatir mociones, presentar preguntas alternativamente (titulares y suplentes) mientras no se agote el total que tin asignado el grupo en función del número de titulares", expone el escrito de Alcaldía. "Puede comprobarse en la web municipal, en la actividad de las comisiones del mandato 2023-2027, que asisten dos concejales del grupo socialista y, en ocasiones, hasta tres concejales en la misma sesión", continúa para, acto seguido, enumerar en qué sesiones se ha producido esta situación.
Así, en la comisión de Hacienda del pasado 18 de octubre, asistieron los propios Javier Mateo y Elisa Valía; mientras el 8 de noviembre, lo hicieron el concejal Borja Sanjuán, y también Mateo y Valía. En la comisión de Urbanismo de las mismas jornadas y del 13 de diciembre, acudieron Sandra Gómez y Valía. Mientras que en la comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes, acudieron tanto Maite Ibáñez, como Nuria Llopis y Javier Mateo.
"En consecuencia, aunque el número de titulares se ha establecido proporcionalmente, con arreglo a la regla D 'Hont, se puede comprobar que tanto titulares como suplentes pueden participar y presentar preguntas siempre que el total de ellas no supere el número de preguntas por titular que establece el propio Reglamento Orgánico del Pleno", expone el escrito de Alcaldía dirigido al Síndic, al que añaden que en la última Junta de Portavoces de diciembre, el secretario municipal indica que "no hay inconveniente jurídico en que asistan dos representantes". Siempre y cuando, eso sí, las intervenciones sean ordenadas e intervenga una persona. "Está admitida y consolidada esa presencia de titulares y suplentes de forma pacífica y ordenada", concluye en este punto.
Por otra parte, la respuesta de Alcadía al Defensor del Pueblo valenciano hace hincapié en que aunque es la primera edil y más tarde el pleno municipal el que dispone de la comisiones permanentes que se celebrarán a lo largo del mandato, son los grupos políticos los que designan a los integrantes que participarán en cada una de ellas.
La resolución del órgano que preside Ángel Luna indicaba también que la competencia del pleno para fijar discrecionalmente el número de comisiones informativas permanentes y de las personas que las integrasen no era "absoluta". Así, el Ayuntamiento responde que en el mandato de 2015 a 2019, cuando gobernó PSPV y Compromís, el número de miembros por comisión fue de 7, como ahora. Y añade que en este mandato "se ha optado por reducir tenencias de alcaldía y número de comisiones y miembros de las mismas en base a la potestad discrecional de auto-organización municipal".
Asimismo, también recuerda que el Reglamento Orgánico no fija que deba haber un número determinado de comisiones ni de miembros en las comisiones y compara la situación del Ayuntamiento de València con la de otros consistorios como el de Bilbao, que tiene habilitadas dos comisiones, o el de Barcelona, con cuatro.
El Síndic de Greuges también advertía en su informe que resultaba "evidente que cuantas menos comisiones informativas permanentes" existieran, "más se concentran en las mismas la gran cantidad de temas o asuntos distintos respecto de los que tiene que decidir el pleno de una gran población como es Valencia. Si se reduce el número de comisiones y se reduce también el número de personas integrantes de las mismas, las cuales, además, no pueden preguntar ilimitadamente, sino que tienen que respetar un límite de preguntas, el resultado es obvio: es más difícil participar, controlar y fiscalizar los asuntos municipales".
Una afirmación que desde Alcaldía aseguran "no admitir" porque la "gran cantidad de temas o asuntos no se corresponde con la realidad de grandes ciudades, donde el gran número de asuntos tratados son de control político". Enumera así, sesiones de comisiones donde los concejales no han abordado ningún tema de carácter administrativo, como la comisión de bienestar social el 17 de octubre o 7 de noviembre.
El gabinete de Alcaldía incide en que la dificultad o no para participar formulando preguntas por parte de los concejales individualmente "responde al Reglamento Orgánico del Pleno aprobado por el equipo de gobierno en el mandato anterior en el que estaba integrado el grupo político, que ahora formula la Queja. Esta Corporación está aplicando el ROP aprobado y vigente", concluye finalmente para asegurar que, por todo ello, no se modificará el reparto de comisiones vigente tras recordar que el límite al número de preguntas por concejal se aplica para todos los concejales y todos los grupos por igual.