VALÈNCIA. La alcaldesa de València, Maria José Catalá, ha impulsado un órgano de cooperación entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento para desbloquear la situación de la Marina de València. En el marco de crear un nuevo órgano que suceda al Consorcio Valencia 2007 -actualmente en liquidación- desde el consistorio necesitan definir un nuevo convenio que permita aclarar las condiciones de uso de los espacios, de propiedad portuaria.
"No tenemos capacidad jurídica para sacar ninguna licitación y estamos trabajando para solucionar una situación muy complicada que nos dejó el anterior equipo de Gobierno", señalaba en una entrevista a Valencia Plaza la concejal Paula Llobet, quien recalcaba la falta de capacidad de decisión sobre la parte de dominio público y de los bienes patrimoniales. Una situación que no se resolvió en durante el mandato de Joan Ribó tras la condonación de la deuda.
Con este escenario, según ha podido saber este diario, este viernes la Junta de Gobierno Local llevará una moción para crear el mencionado órgano de cooperación paritario para iniciar los trámites que conduzcan a la formalización de un convenio. En éste, el Ayuntamiento ostentaría la presidencia y dirimirá con su voto en caso de empate.
Entre los asuntos que el consistorio y la Autoridad Portuaria deben abordar en ese órgano están las medidas de gestión de los bienes demaniales y patrimoniales que conforman la Marina de Valencia y la cesión del uso de tales bienes a terceros para la realización de actividades que contribuyan al desarrollo económico de la ciudad de Valencia. Un entendimiento que acercaría a la definición del nuevo ente gestor de la Marina de València y que sucedería al Consorcio Valencia 2007.
Como adelantaba Valencia Plaza, la situación avanza tras el nombramiento del nuevo representante del Ayuntamiento en la comisión liquidadora sustituyendo a Vicent Llorens. En su lugar, situó en el puesto a un funcionario, en concreto al auditor jefe del Servicio de Auditoría Integral, Vicente Manuel Tadeo. La desaparición de este organismo dará paso a una nueva fórmula de gestión para La Marina en la que trabajan las administraciones autonómica y municipal y que, como se apuntaba, todavía no está definida a la espera de llegar a un entendimiento con Puertos del Estado.
