Las CCAA aprueban el reparto de los fondos del 0,7% del IRPF y Sociedades para proyectos sociales

VALÈNCIA (EP). El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, reunido telemáticamente este viernes, ha aprobado la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales para distribuir los fondos del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social.

Tal y como ha informado el departamento que dirige Ione Belarra, estos fondos ascienden a una cifra total de 331,7 millones de euros, lo que supone un 7% más que en 2020, y se destinarán a financiar proyectos presentados por entidades del Tercer Sector.

De ellos, indica, 260,8 millones se distribuirán mediante convocatorias realizadas por las comunidades autónomas, mientras que los 70,9 millones restantes se distribuirán mediante una convocatoria para entidades y proyectos de carácter estatal.

El acuerdo alcanzado tiene una duración de 5 años y, explica el Ministerio, consolida el modelo con dos tramos (uno estatal, con el 20% de los fondos, y otro autonómico, con el 80%) aplicando desde este año a los fondos procedentes tanto del IRPF como del Impuesto de Sociedades.

Estabilidad

El Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha valorado la importancia del acuerdo alcanzado. A su juicio, "asegura la estabilidad y agiliza la tramitación de estos fondos". También ha agradecido "la colaboración de las autonomías para alcanzar un consenso "duradero en torno a la utilización de estos recursos".

En la reunión, también se ha aprobado la distribución del tramo autonómico entre las distintas comunidades, de acuerdo con criterios objetivos aprobados por el propio Consejo Territorial, en los que se tiene en cuenta tanto el tamaño y características de la población como la situación socioeconómica de cada territorio, por ejemplo, a través de las personas que se encuentra en situación de pobreza o exclusión social.

Derechos Sociales apunta que, en todo caso, se ha garantizado que todas las comunidades experimenten al menos un crecimiento del 4% en estos recursos.