CCOO alerta del coste de 1,5 millones en los Presupuestos por las becas de la Generalitat

VALÈNCIA (EFE) Comisiones Obreras ha alertado de que las becas fraudulentas de Presidencia de la Generalitat pueden suponer un agujero de 1,5 millones de euros en los Presupuestos.

Para informar de este extremo y de la situación de las becas declaradas en fraude de ley y de la respuesta de la Generalitat, CCOO ha convocado este jueves una rueda de prensa en la sede del sindicato en la que comparecerán la secretaria de Formación y Empleo, Ana María García Alcolea, y la de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Soledad Fernández.

CCOO presentará un estudio sobre la situación de los becarios de la Generalitat que analiza el número de becas, la normativa y las convocatorias desde agosto de 2019.

El sindicato denunció el año pasado becas fraudulentas en la Generalitat y la Inspección de Trabajo resolvió como "falsas becas" el trabajo que realizaban 28 becarios en Presidencia, por lo que les dio de alta en la Seguridad Social al realizar labores de comunicación como si fueran "un trabajador más".

A esos 28 becarios se sumaron posteriormente otras 20 becas en la misma situación.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que este año el gabinete de Presidencia dejaría de contar con becarios para solventar la situación creada, pese a que se considera que se ha actuado correctamente. 

Las actuaciones inspectoras que se llevaron a cabo tras las denuncias realizadas por CCOO concluyeron con la declaración de 45 becas en fraude de ley de diferentes consellerias, pero desde septiembre de 2019 hasta este mes de enero se han sacado 88 nuevas becas, 24 de ellas convocadas y 64 ya resueltas (27 en la Conselleria de Educación, 25 en Igualdad, 9 en Sanidad y el resto en Agricultura, Economía, Justicia y la Agencia Valenciana de Emergencias).

El sindicato ha advertido de que va a verificar la situación de estas 88 becas ya que se enmarcan en unas normas que saca cada conselleria que son "las mismas" que la Inspección de Trabajo consideró que suponían fraude de ley, por lo que es posible que no se hayan hecho de manera correcta.