VALÈNCIA (EP). La Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) ha presentado un recurso contencioso contra las denuncias que la Consellería de Educación ha formulado contra los acuerdos de plantillas firmados por el anterior Consell del Botànic con todos los sindicatos y que suponían un aumento de 5.200 docentes en dos años.
Igualmente, la organización sindical interpone recurso para la suspensión cautelar y derogación de las instrucciones de plantillas "impuestas" por la actual Consellería.
Así lo ha anunciado CCOO, que recalca que los acuerdos de plantillas firmados por todos los sindicatos en 2023 con el anterior Consell "suponían un aumento de las plantillas docentes de catálogo de los centros de 5.200 docentes".
"Estos importantes acuerdos --añaden-- tenían que implementarse en dos años, de forma que el 70% del profesorado sería dotado en el curso 2023-24 y el 30% restante para el curso 2024-25".
Con la entrada en el nuevo curso del nuevo gobierno --entonces aún conformado por PP y Vox-- "ningún sindicato ni administración había cuestionado la validez y el beneficio de estos acuerdos hasta que el 24 de mayo, justo el día después de la importante huelga educativa, la Conselleria de Educación publicó sin ninguna negociación dos resoluciones para denunciar los dos acuerdos de plantillas: el de Infantil de segundo ciclo, Primaria y Educación Especial, y el de plantillas de ESO, Bachillerato y FP".
Posteriormente, pasaron por Mesa Sectorial unas instrucciones para determinar las plantillas del próximo curso basadas en las órdenes de los recortes de 2013 y 2015. Por su parte, desde la federación inciden en su "oposición frontal" a la denuncia que la Conselleria de Educación ha hecho de los acuerdos de plantillas y a las nuevas instrucciones que suponen "profundos recortes" de personal.
Del mismo modo, el sector de Enseñanza de la Federación de Servicios Públicos de UGT también ha recurrido al considerar que la nueva administración los ha derogado "sin fundamentación legal alguna".
UGT recalca que los acuerdos de plantillas implicaban "un significativo aumento" de 5.200 docentes en los centros educativos que estaba diseñado para "mejorar la calidad de la educación, apostando decididamente por la escuela inclusiva, permitiendo una mayor atención individualizada a los estudiantes y reduciendo la carga de trabajo del profesorado".
Sin embargo, ha lamentado que con la llegada del nuevo gobierno "ningún sindicato ni administración había cuestionado inicialmente la validez y los beneficios de estos acuerdos hasta que, el 24 de mayo de 2024, un día después de una importante huelga educativa, la Conselleria de Educación, a través de su secretario autonómico, publicó dos resoluciones sin ninguna negociación previa".
En estas resoluciones denunciaban los acuerdos de plantillas sin justificación o motivación que justificara su denuncia o derogación. E"s decir, los dejaban unilateralmente sin efecto, pese a estar ya implementados (parte de ellos, los correspondientes al curso 2023/2024) en los presupuestos generales de la Generalitat para 2024", ha criticado.
Posteriormente, se presentaron en la Mesa Sectorial donde UGT ya advirtió que cualquier recorte en las plantillas docentes recibiría una respuesta "contundente del sindicato". "Si la Conselleria actual desea negociar nuevos acuerdos de plantillas, primero debe cumplir con la ejecución de los acuerdos firmados en 2023 y solo después se puede abrir la negociación de nuevos acuerdos", subraya.
En ese sentido, lamenta que que esta comisión, al igual que la del acuerdo de personal interino, "no ha sido convocada en todo el curso, lo cual demuestra una falta de voluntad de diálogo por parte de la administración en asuntos cruciales como son las plantillas docentes y las condiciones laborales del profesorado interino", lo que "obstaculiza cualquier avance significativo en la mejora del sistema educativo y la estabilidad laboral de los docentes".
UGT recalca que se opone "decididamente" a esta denuncia de los acuerdos de plantillas y a las nuevas instrucciones que implican "profundos recortes" en las plantillas docentes, lo cual "comprometería la calidad educativa y las condiciones laborales del profesorado". Por ello, señala, "la única vía legal y jurídica que nos queda ahora para defender nuestros derechos y condiciones laborales es acudir a los tribunales de justicia y es lo que hemos hecho".
Así, insiste en que la derogación de los acuerdos y la implementación de nuevos criterios restrictivos en las plantillas docentes son "recortes y acciones regresivas que perjudican tanto a los docentes como a los estudiantes" y advierte de que "continuará utilizando todos los recursos legales y de movilización que sean necesarios para asegurar que se respeten los acuerdos firmados y se garantice una educación de calidad para todos".