Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EP). CCOO PV y UGT PV han convocado para el 20 de febrero en València una manifestación "contra el desmantelamiento y abandono" del sistema público de Servicios Sociales y para exigir al Consell el cumplimiento del acuerdo firmado en 2022 que mejoraba este sistema. Las organizaciones sindicales han denunciado en un comunicado que ahora "está en riesgo" la calidad asistencial y el bienestar "de decenas de miles de personas usuarias y de más de 13.000 personas trabajadoras".
Los dos sindicatos han movilizado a los sectores de atención en servicios sociales para denunciar que el actual Consell, presidido por Carlos Mazón, "incumple los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social en la anterior legislatura", unos pactos que incluían, entre otras cuestiones, "la dignificación y la homologación salarial y de jornada del personal de los centros de acción concertada y de los centros de titularidad pública y gestión privada, con el personal público".
En opinión de los sindicatos, estos "incumplimientos" ponen "en peligro" la continuidad del sector y critican la "falta de diálogo, la palabra incumplida y los insuficientes gestos de la consellera Susana Camarero", que aseguran que les empujan a esta protesta. Según denuncia, la Conselleria "ha desviado los fondos presupuestarios ya consignados en el año 2023 y no ha provisionado recursos suficientes para cumplir el acuerdo en los presupuestos de 2024".
En esta línea, critican que en los centros de titularidad pública y gestión privada, la Conselleria tiene retenidas las licitaciones, "lo que implica que no hay homologación ni incrementos salariales". "Al no sacar las licitaciones se dejan sin efecto también las mejoras en la calidad del servicio que prevén estos acuerdos, como el aumento de ratios de personal o las obligaciones a cumplir por las empresas", han señalado.
Por este motivo, han exigido ya las licitaciones y que no se apliquen "prórrogas forzosas", porque esto "significaría incrementar la deuda con las entidades que gestionan estos centros, ya que estarían en expediente de resarcimiento, es decir, sin contrato".
Ambas organizaciones sindicales recalcan que el acuerdo alcanzado el 17 de noviembre de 2022 fue "histórico" para el sistema público valenciano porque "permitía mejorar la financiación de las entidades y hacer efectiva la homologación salarial y de jornada de las personas trabajadoras".
CCOO PV y UGT PV exigen al Gobierno de Carlos Mazón que "rectifique" y "priorice" las políticas a favor de las personas más vulnerables de la sociedad "cumpliendo lo acordado" ya que entienden que el nuevo Consell "aún está a tiempo de retomar el acuerdo de hace un año, garantizando la sostenibilidad del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales".
Además, reclaman al Gobierno iniciar las negociaciones en la mesa del diálogo social, "que ha sido reunida tan solo una sola vez", para abordar y poner solución a los problemas actualmente existentes en el sistema, entre ellos, el déficit de personal o el de infraestructuras.
Por su parte, la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios, Igualdad y Vivienda ha negado que exista una "falta de diálogo" con los sindicatos, tal y como han denunciado las organizaciones CCOO PV y UGT PV, y ha defendido que el Consell mantiene una "interlocución permanente" con los agentes sociales, a los que se informa "puntualmente" de las medidas adoptadas para "hacer frente a la deuda heredada" del Botànic para "continuar avanzando" en la mejora del sector de la acción concertada y, con ello, "garantizar la calidad y la estabilidad".
Desde el área que dirige la consellera Susana Camarero, en un comunicado, han mostrado su "sorpresa" después de que CCOO PV y UGT PV hayan acusado al Consell de "falta de diálogo" pese a que, según han defendido, los sindicatos "han sido atendidos, informados y tenidos en cuenta desde el primer día".
No obstante, han reconocido la necesidad de mejorar los salarios a unos trabajadores que, "salvo una declaración de intenciones por parte del anterior gobierno, no han visto incrementados sus retribuciones en los últimos años", y han emplazado a los representantes sindicales a negociar un convenio colectivo único "en el marco del diálogo social", que es "donde se negocian las condiciones laborales y de jornada de los trabajadores y las trabajadoras".
La Conselleria de Servicios, Igualdad y Vivienda ha expuesto que, entre las reuniones celebradas en los últimos estos meses, se ha convocado la Mesa de Acción Concertada y la Mesa de Acción Social, para "explicar a los sindicatos el incremento de los módulos de la acción concertada, que se van a aumentar este año en un 8,8 por ciento de acuerdo con el IPC".
Una medida, según ha defendido la Conselleria, "adoptada y trasladada a los agentes sociales el pasado mes de diciembre" que garantiza "la calidad de los servicios sociales y la estabilidad de las plantillas de trabajadoras y trabajadores de estos centros".
Además, ha añadido que el pasado 29 de diciembre se convocó la Mesa de Acción Concertada para informar sobre "las actuaciones previstas y las medidas adoptadas" para "garantizar la gestión de los centros".
