Imagen de archivo. Foto: CARME RIPOLLÉSVALÈNCIA (EP). CCOO y UGT han mostrado su oposición al "decretazo" de "macroáreas", validado este jueves en Les Corts, por "los perjuicios" que causará tanto al personal como a los pacientes y han recalcado que seguirán luchando contra "los recortes" que provocará y al respecto han apuntado que la propia Abogacía de la Generalitat ha mostrado "dudas".
Así, CCOO ha criticado que Les Corts hayan respaldado "un decretazo, impuesto por el conseller Marciano Gómez, que incluye la creación de unas Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales (ASI) que además de contemplar la movilidad forzosa del personal, va a perjudicar la calidad asistencial".
En ese sentido, recuerdan que el Decreto Ley no se ha negociado en la Mesa Sectorial de Sanidad a pesar de incluir cambios "sustanciales" en las condiciones de trabajo, como es el caso de los desplazamientos de los profesionales a más de 100 kilómetros de su puesto de trabajo o también, cambios en la progresión de grado de carrera profesional y en los procesos selectivos a través de un concurso de méritos.
Además, advierte de que esta nueva norma puede tener efectos "decisivos" sobre el sistema: "los hospitales comarcales donde faltan determinados perfiles profesionales se convertirán en sitios de paso, sin personal fijo que se conozca su idiosincrasia; se va a descapitalizar la Comunitat Valenciana de profesionales, puesto que optarán por trabajar en otros territorios".
Del mismo modo, critica que "no establece cómo se cubrirá al personal que tenga que desplazarse para que la actividad asistencial en el centro de origen no se vea perjudicada; y lo peor de todo, se abre la puerta a la privatización del sistema, aumentarán las listas de espera al quitar profesionales de unos sitios para cubrir otros y al final les servirá de argumento para derivar a hospitales privados".
CCOO ha arremetido porque este decreto, que "recorta" en derechos y en gastos, ha sido aprobado por vía de urgencia como decreto ley, publicado a las 48 horas en el DOGV y hoy ha pasado por Las Cortes y en ese sentido señala que "no entiende la urgencia, cuando el conseller lleva anunciando la misma desde hace ocho meses en los medios de comunicación".
Asimismo, ha recalcado la propia Abogacía de la Generalitat ha expresado "sus dudas en esta cuestión y también en otros aspectos, como la puntuación que se asigna al tiempo trabajado, el tiempo de permanencia en el puesto o la propia creación de las ASI".
En ese sentido, ha recordado que se ha movilizado ya, junto a otros sindicatos, ante el Palau de la Generalitat pidiendo explicaciones al president de la Generalitat, Carlos Mazón, como "máximo responsable de todo el daño que se está haciendo a la sanidad pública y a sus profesionales con las últimas medidas adoptadas por el conseller Gómez".
Por ello, ha recalcado que "continuará luchando para que se respeten los derechos y condiciones laborales del personal". Este sindicato rechaza el decreto de las macroáreas pero también otras medidas de la Conselleria como "los recortes en el Plan de Salud Mental, la creación de un nuevo bolsín y la falsa implantación de las 35 horas semanales que el conseller pretende instaurar a cambio de anular las compensaciones de jornada vinculadas a las guardias, además de otras cuestiones que solo suponen un incremento de jornada encubierto".
Unas medidas que "sólo esconden nuevos recortes, favorecen la pérdida de profesionales en la sanidad pública valenciana y deterioran nuestro sistema sanitario". Por todo ello, mientras CCOO continúa con las movilizaciones, piden Mazón que "ponga fin a este despropósito, que tome las riendas de Sanidad y que cesen los recortes en derechos laborales de los y las profesionales, que además de su trabajo diario, recordemos que nos cuidaron durante la pandemia a pesar de las dificultades y debilidades del sistema sanitario como consecuencia de los recortes del PP".
Del mismo modo, desde UGT ha señalado que este decreto modifica "sustancialmente y de manera unilateral" las condiciones laborales del personal de Sanidad al abordar cuestiones como son la movilidad geográfica del personal sanitario, los procesos de selección del personal o la progresión de grado de carrera profesional, materias que son de "obligatoria" negociación según establece el Estatuto Marco y el TREBEP.
La federación de Servicios Públicos de UGT teme un "retroceso significativo" en los derechos laborales porque "ni está garantizada la voluntariedad de la movilidad ni la compensación económica". Por ello, han apuntado "la falta de negociación, señalada incluso por la Abogacía de la Generalitat, genera serias dudas jurídicas sobre el proceso que este sindicato valorará por si caben acciones de cualquier tipo, incluidas judiciales".
