Celaá prevé llevar al Consejo de Ministros su anteproyecto de ley para revertir recortes en educación

VALÈNCIA. (EP). El Gobierno prevé llevar al Consejo de Ministros después del verano el anteproyecto de ley con el que quiere revertir tres artículos del real decreto ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. "Suponemos que en septiembre, a más tardar en octubre, este proyecto de ley llegará al Consejo de Ministros", ha afirmado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.

En la rueda de prensa posterior a su primera Conferencia Sectorial de Educación con los responsables autonómicos del ramo, la ministra Celaá ha asegurado que para todo su equipo es "un objetivo claro poder llegar a acuerdos con los compañeros de las diferentes CC.AA en algo tan sustancial como son las medidas de reducción del gasto público" que han afectado a la educación.

De este modo, la ministra ha detallado que el anteproyecto de ley derogará el artículo 2 del real decreto de 2012, que permitía a los responsables educativos elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula.

Según ha explicado la ministra, "actualmente, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2016, 2017 y 2018 establecen ya una tasa de reposición del 100% para las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación, lo cual permite mantener ratios de alumnos por aula menores". La medida se aplicará a partir del curso 2019-2020, según ha dicho Celaá.

Asimismo, se derogará el artículo 3 del anterior real decreto con el que se incrementaba la parte lectiva de la jornada del personal docente hasta un mínimo de 25 horas en educación infantil y primaria, y de 20 horas en el resto de las enseñanzas.

"Antes de que esta medida entrara en vigor, la jornada lectiva de los docentes era regulada por cada administración educativa. La nueva ley ordinaria contemplará que las administraciones públicas con competencias educativas podrán establecer la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente, de estos centros a partir del curso 2019/2020", ha explicado.

La norma presentada a los consejeros de Educación también deroga el artículo 4 que establecía que el nombramiento de los funcionarios interinos para sustituir las bajas de los titulares se produciría una vez transcurridos 10 días lectivos. "Esta medida ha tenido repercusiones negativas en la eficacia organizativa de los centros docentes, en la calidad de la enseñanza y en la atención del alumnado", ha remachado la ministra.

Según ha defendido la ministra, el decreto se aprobó por una situación "excepcional, coyuntural". Así, Celaá ha recalcado que "actualmente han desaparecido las circunstancias" que motivaron su aprobación, por lo que "resulta imperativo restablecer la situación anterior".

La derogación del decreto de racionalización del gasto educativo fue una reclamación del PSOE cuando se encontraba en la oposición, y tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa se había convertido en una prioridad para el nuevo Ejecutivo socialista.

A principios de julio, en su primera comparecencia en la Comisión de Educación en el Congreso, la ministra Celaá aseguró que esta derogación se acometería de manera "urgente", así como algunos de los artículos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Las medidas del decreto provocaron el rechazo de parte de la comunidad educativa, e incluso se han llevado a los tribunales. El pasado mes de mayo, la Audiencia Nacional admitió a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por CCOO que reclamaba la derogación del decreto, que según este sindicato "cronifica los recortes" en educación.

De esta forma, Isable Celaá ha explicado este lunes que, "una vez presentado y debatido en la Conferencia Sectorial, el anteproyecto de ley seguirá los cauces habituales de una ley ordinaria, entre los que se incluyen la exposición pública del texto, la consulta en el Consejo Escolar del Estado, la elaboración de las memorias correspondientes y la aprobación por el Consejo de Ministros para su envío al Parlamento".

Los consejeros populares se levantan de la reunión

Los consejeros de Educación de las comunidades de Galicia, Castilla y León, Madrid, Murcia y La Rioja se han mostrado partidarios de las medidas propuestas por el Gobierno, pero han abandonado anticipadamente la reunión al considerar como "una chapuza" la convocatoria de la misma, la primera con Isabel Celaá al frente de la cartera de Educación.

"Hemos llegado aquí a ciegas", ha denunciado el consejero de Educación de Galicia, Román Rodríguez, ante los medios tras abandonar la reunión, en la que los consejeros autonómicos del PP han permanecido tres horas. Según Rodríguez, no se ha cumplido el reglamento que regula la Conferencia Sectorial de Educación porque no se ha convocado previamente una reunión de los directores generales de las comunidades autónomas para preparar técnicamente los contenidos.

En este sentido, la ministra de Educación Isabel Celaá ha declarado: "No podemos racionalmente pensar en otra cosa más que era una estrategia ya adoptada previamente".

La ministra ha insistido en su intervención en que la reunión se ha producido "en tiempo y forma". Por su parte, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha recalcado que el desarrollo de la reunión hasta que "los consejeros y consejeras del PP se han levantado y se han ido ha sido absolutamente normal".

"Los 17 consejeros y consejeras han intervenido y han dado su opinión. Algunos han expresado que estaban completamente de acuerdo, que entendían que había que hacerlo. Y algunas de las que se han levantado han dicho que era algo esperable", ha asegurado Tiana. El secretario de Estado ha defendido que este proyecto de ley "no impone ninguna obligación" a las CC.AA.

En la Conferencia Sectorial también se han abordado las perspectivas para el desarrollo de programas de cooperación territorial y la reprogramación del Fondo Social Europeo.