La experiencia piloto de ampliar la edad escolar a partir de los dos años en las aulas públicas, implantada este curso en 35 colegios de todo el territorio valenciano, ha levantado una nube de protestas en la red privada de escuelas infantiles. El secretario autonómico de Educación e Investigación y la secretaria de la plataforma de centros infantiles Salvem 0-3, el primer movimiento contra el bipartito, analizan pros y contras de la nueva medida educativa
VALENCIA. Cada suspenso que España acumula en el informe PISA, la estadística internacional a cargo de la OCDE para evaluar el rendimiento escolar en varios países, provoca la pregunta que enciende a familias, profesores y mesas sectoriales sobre qué se está haciendo mal en las aulas. Más allá de debatir por qué no somos Finlandia, las soluciones al fracaso escolar miran a la base de la pirámide educativa, los centros para niños y niñas de cero a tres años.
Miguel Soler: "El objetivo fundamental no es salvar las aulas vacías, sino ampliar la oferta pública de educación infantil"
Las recomendaciones de numerosos estudios de pedagogía, psicología y neurociencia aconsejan escolarizar a edad temprana para mejorar la socialización, el procesamiento de la información y el desarrollo de la capacidad de aprendizaje, fundamentales de cara al ciclo 3-6 y la Primaria.
Además de los expertos, así lo defienden las escuelas infantiles de 0-3 —se reivindican fuera del término ‘guardería’— y así lo incorporaron hace tiempo los partidos políticos ubicados a la izquierda en sus programas electorales para implantarlo en la enseñanza pública. Recuerda el socialista Miguel Soler, actual secretario autonómico de Educación e Investigación, que la primera medida en concretar la fórmula genérica de ampliar el tramo 0-3 fue la que él mismo planteó a su partido para crear aulas de dos a tres años en los colegios públicos. Recogiéndole el guante, el PSOE sumó a su listado de promesas esta propuesta que también formó parte del discurso de investidura de Ximo Puig como President de la Generalitat, para cubrir las carencias desatendidas por el gobierno popular, que sólo creó en 20 años dos centros infantiles dependientes de la Generalitat.
Estrenada la nueva Conselleria, Soler propuso al titular Vicent Marzà la idea que había empezado a cavilar siendo director de la Alta Inspección del Estado en la Comunitat Valenciana, inspirado en la primera experiencia española de un plan similar, establecido en Cantabria en 2004. En pleno verano, con el mapa escolar desplegado sobre la mesa, el conseller y el secretario de Educación llamaron a los alcaldes, de todos los colores, de la treintena de localidades cuyos centros públicos con unidades disponibles y las condiciones requeridas habían sido seleccionados para acoger a los nuevos alumnos de dos años.
Con este preámbulo, Soler acalló cualquier reproche de improvisación al programa piloto que anunció a principios de septiembre. «Si hubiéramos esperado al próximo curso a planificar una convocatoria pública, ahora 630 niños estarían en su casa. La administración autonómica, en combinación con la local, debe determinar la oferta educativa, pero no depende de si a un centro le apetece o no adaptarse». La iniciativa, sostiene Soler, no pretende hundir lo establecido, sino permitir que sectores de la población que hoy no están escolarizados puedan optar a hacerlo. Pero esa declaración política de ampliar la oferta en el lado público se interpreta en clave de amenaza para la red de escuelas infantiles que operaba antes de la aprobación de la medida.
Entre patronales y sindicatos, una de las voces más reivindicativas de estos meses pertenece a Salvem 0-3. Esta nueva plataforma sectorial, presentada en sociedad el pasado octubre en el Sporting Club de Tenis de Valencia, aglutina a más de un centenar de escuelas infantiles para defender las aulas y los 5.000 puestos de trabajo que pone en peligro el efecto del ‘trasvase’ de alumnos de 2 años a los colegios, tomando prestada la pancarta de los Salvem, símbolo de la protesta colectiva por los malestares del entorno urbano de Valencia.
Discutir si la estructura de las escuelas infantiles debe ser pública o privada no es lo importante, considera María José González-Mayo, secretaria de Salvem 0-3, contraria a lo que llama primarización de la educación infantil y partidaria de que la educación pública se limite a la etapa obligatoria. «El criterio del plan es utilizar aulas vacías en colegios públicos, pero aprender requiere una estimulación, unos profesionales y unos espacios concretos. Es una barbaridad que un niño de 18 meses entre en la estructura de Primaria, cuando existen 15.000 plazas vacantes en los centros a disposición de la administración con un coste mínimo para crear una educación infantil de calidad. Supondría un ahorro muy importante y un dinero que podría destinarse a muchas carencias de la educación pública obligatoria, de la que la gente huye por su deterioro », arguye González-Mayo.
Además de ser el primero que le sale al bipartito, este nuevo Salvem, que ya se ha reunido dos veces con la Conselleria de Educación, también es el primero en defender una causa privada. «Debe evitarse la manía de vincular lo privado con enriquecerse. El beneficio no existe en la educación infantil, siempre se reinvierte y damos un servicio complementario al público. Hace poco estuvimos en el pleno del Ayuntamiento de Alaquàs y les pregunté si lo importante es que la infraestructura sea adecuada. Todos los políticos nos dan la razón, pero luego votan que las aulas piloto deben continuar. ¿El Ciutat de Cremona es más adecuado, con barracones de los que deben sacarse a los niños cuando llueve, que las escuelas infantiles a las que las personas del pleno han llevado a sus hijos?».
El presunto escándalo de los mil millones de sobrecostes en la construcción de colegios a cargo de la empresa pública Ciegsa en la etapa del PP da una muestra más de las estrecheces de las arcas públicas. Atrás quedaron las épocas de expansión, y Soler defiende el plan piloto como la mejor solución cuando la limitación de los recursos no permite abrir más centros.
El objetivo fundamental no es salvar las unidades al borde del cierre, anota el secretario de Educación, aunque reconoce que también refuerza a centros con bajo nivel de matrículas. «Matricular en infantil vale el doble de lo que cuesta un máster en la universidad, 280 euros mensuales, y la ayuda este año ha sido de 60 euros. En lugar de levantar centros infantiles, el PP ofreció bono infantil como ayuda a las familias para buscarse la vida en la red de centros educativos. Las familias sólo podían elegir una oferta privada, pero las protestas se han producido por la primera apuesta importante de una oferta educativa pública y gratuita para toda la población», señala el secretario autonómico de Educación.
«El criterio del plan es utilizar aulas Al sector privado de la educación infantil le ha costado hacerse escuchar en los medios y en la administración, reconoce González-Mayo. «Había poca comunicación entre directores y directoras, por la competencia entre centros, y aunque ha habido voces de protesta, por ejemplo por el bono, se ha callado mucho al sector. La educación infantil siempre ha estado en tierra de nadie, no ha tenido voz durante muchos años a diferencia de otros ámbitos educativos. Pero ahora ha surgido una medida que nos ha unido».
El reciente cambio en los criterios de admisión escolar es uno de los principales puntos críticos para la representante de Salvem 0-3. «En el ámbito privado, había una ayuda universal que permitía a los padres saber lo que costaba el servicio a contratar, y municipios como Valencia la complementaban en función de la renta de los padres. La administración quiere ahora favorecer a las familias sin medios, pero el criterio de renta en la pública no es importante —vale 1 punto frente a los 10 de tener hermanos en el centro o de vivir en la zona— y, en cambio, en las escuelas infantiles privadas es el único criterio determinante. Va a haber un importante volumen de niños sin escolarizar por no tener cabida ni en la pública ni en la privada».
La libre elección se derrumba cuando las distintas opciones para escoger centro no compiten en las mismas condiciones, lamenta González-Mayo. «Entre lo gratis y el pago, los padres ya no están en posición de elegir. Antes había padres que por sus condiciones económicas no podían acceder a la escuela infantil privada, pero ahora tampoco podrán en la pública. Un problema es desvincular Bienestar Social de Educación, porque que estén vinculadas ayuda a saber qué familias necesitan ayuda. No se pueden cargar algo que funcionaba bien en parte. No entendemos la obsesión repentina de meter a los niños de 18 meses porque sí en las aulas vacías».
La nueva admisión del alumnado, cuyo decreto se espera aprobar a finales de enero, va a centrar el debate de la educación obligatoria los próximos meses. La alerta sobre la eliminación de la libertad de las familias para elegir centro pretende, en realidad, proteger la libertad del centro para elegir familia, según Soler. «Antes, los puntos se los daban a hijos o nietos de antiguos alumnos del centro, y a otras cosas muy variopintas. Siempre ha habido libertad, pero los centros no deben tener ninguna capacidad para seleccionar al alumnado, como han hecho algunos centros concertados aprovechando su situación de mayor demanda que oferta».
Si no se distingue entre las cifras públicas y privadas, Soler asegura que al final de la legislatura habrá más personas trabajando en el tramo 2-3. «Como producto de un gobierno que se negó en veinte años a construir escuelas públicas, se creó un espacio para algunas empresas privadas que ahora nos piden que les respetemos. Mantendremos los 30 millones de presupuesto para el bono infantil de 0-2 proporcionalmente a la renta, algo que también beneficiará a los centros privados. Las aulas de 2-3 se extenderán de forma que habrá cuatro modelos en cada localidad: el municipal, el privado con acuerdo con la Conselleria, el privado sin convenio y el aula escolar pública».
Enero es tiempo de matrículas en el centro que dirige González-Mayo desde hace una década, y muchas escuelas infantiles todavía no saben si abrirán el próximo curso. «Hay centros en Valencia que han perdido seis alumnos por el plan piloto. La media valenciana de ocupación es de tres aulas y media por
centro, sin superar los 45 alumnos, por lo que deja de ser viable cuando hay menos de 41 niños. El efecto se verá a final de curso. Si los alumnos no reciben ayudas, se quedarán en casa y muchas madres se plantearán volver a su trabajo».
(Este artículo se publicó en el número de enero de la revista Plaza)