VALÈNCIA (EFE). Alrededor de cuarenta organizaciones feministas y sociales, políticas y sindicales han exigido este viernes a la alcaldesa de València, María José Catalá, la "universalización" del bono transporte y que suprima el requisito de residencia legal en España, que consideran "discriminatorio".
Las entidades han suscrito un documento dirigido a la alcaldesa, que registraron este jueves en el Ayuntamiento del que remitieron copia al Síndic de Greuges, ya que se adjunta a la queja que presentó a esta última entidad Valencia Acull, que denunció que el consistorio valenciano había impedido que las personas en situación irregular pudieran obtener los bonos de los autobuses.
En el documento recuerdan que el concejal de Movilidad Sostenible, Jesús Carbonell, contestó con una negativa a la petición de Valencia Acull de que las personas en situación administrativa irregular pudieran acceder al transporte en iguales condiciones que las otras residentes.
Según Valencia Acull, las razones que dio fueron que la nueva corporación municipal había valorado que el título "Refugi" ya cubre a las personas solicitantes de asilo por tener expectativas de su obtención y mientras se mantenga la situación de asilo, y no resulta "procedente atender casos en los que, al margen de esa circunstancia concreta, no se disponga de residencia legal en España".
A juicio de las entidades firmantes del documento remitido a la alcaldesa, esa respuesta, "además de elusiva, entra casi en el terreno del surrealismo, si no fuera por la carga simbólica y real que tiene".
"Es una prueba más -alertan- de la ofensiva de su ayuntamiento, en acción perfectamente coordinada con el resto de las instituciones autonómicas que su partido y el de sus socios de Vox controlan, para desarrollar políticas reaccionarias de marcado tinte antifeminista, racista y xenófobo".
Foto: JORGE GIL/EP
Consideran que la decisión del Ayuntamiento es "claramente discriminatoria y lesiva para las personas migradas en situación administrativa irregular", lo cual las hace "más vulnerables todavía".
"Ni siquiera ha tenido en cuenta", critican, los informes favorables a la universalización del derecho al buen transporte que hicieron la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y el Servicio de Movilidad Sostenible de la corporación anterior.
El documento ha sido suscrito por la Coordinadora Feminista de València; la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas PV; Dones Morades; Moviment Democràtic de Dones PV; Marxa Mundial Dones València; Feminismes EUPV; Compromís per València y PCPV Secretaría de Feminismos de Podem València.
También por Antígona Associació de Dones; Escola de Pensament Feminista Amelia Valcárcel; Som de Pit; Intersindical Dones; Federació de Dones Progressistes; Asociación Por ti Mujer; Iai@flautas València; Col·lectiu de Dones Feministes de Montcada; CIM Burkina; y la Coordinadora de Entidades de Solidaridad con África– CESÁfrica.
Otras entidades firmantes son la Asociación Nourdine –Asociación Cultural La Paz; Dones de Xirivella en Acció; Colectivo “Sillas contra el hambre”; Associació Cultural Institut Obrer; Associació Veïnal de Benimaclet; Associació Cantarranes Benimàmet; Col·lectiu per la Sororitat; y Alianza Emergencia Climática València.
València és Refugi; Dones Creients; Amigas Supervivientes de Puerto de Sagunto; ACDESA-PV Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública PV Associació Les Tisores de Mislata; València Laica; FEPAIO-Federación Estatal Agentes de Igualdad: Morvedre Acull; UGT-PV; CCOO-PV y Dones de Picanya también se han suscrito el documento.
Foto: AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
