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El CEU asumirá el coste y la gestión de las cotizaciones de las prácticas no remuneradas

Valencia Plaza

10/01/2024 -

VALÈNCIA (EP). El CEU ha anunciado este miércoles que, "fiel a su compromiso con la formación y la empleabilidad de sus estudiantes", va a asumir el coste de las cotizaciones a la Seguridad Social, así como la gestión de las altas y bajas de todos sus alumnos en prácticas.

La Disposición Quincuagésima Segunda del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, establece la inclusión en el sistema de Seguridad Social de los estudiantes universitarios y de formación profesional que realicen prácticas curriculares no remuneradas; medida que finalmente ha entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2024.

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Con la idea de favorecer al máximo su formación práctica, la institución ha tomado esta decisión que, según asegura, "ha sido acogida de forma muy favorable por las empresas e instituciones con las que tiene suscritos más de 25.000 convenios de prácticas".

De este modo, las cuatro Universidades CEU (CEU San Pablo en Madrid, Abat Oliba CEU en Barcelona, CEU Cardenal Herrera en València y CEU Fernando III en Sevilla), el Centro de Estudios Universitarios 'Cardenal Spínola' (Sevilla) y los centros de FP de Madrid, Comunidad Valenciana y Sevilla, mantendrán todos los convenios de prácticas que actualmente tienen vigentes.

"El CEU mantiene un firme compromiso con la formación práctica y la empleabilidad de sus estudiantes. Somos una institución educativa con una relación muy estrecha con el tejido empresarial español e internacional. Por eso, asumimos este coste económico y de gestión para seguir siendo puente de unión entre el talento joven y la empresa", ha señalado el director general del CEU, Javier Tello.

La semana pasada, Crue Universidades Españolas denunció que los propios ministerios del Gobierno que ha impulsado la cotización a la Seguridad Social de los becarios y muchos organismos autonómicos han "eludido su responsabilidad en la gestión administrativa y pago de estas cotizaciones".

En concreto, los rectores pusieron como ejemplo lo sucedido con los ministerios con competencias en Defensa, Justicia o, incluso, con el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre otros, que se han dirigido por escrito a las universidades "para solicitar el cambio de los convenios regulatorios para que sean las instituciones universitarias las que asumamos toda la gestión y pago dentro del nuevo sistema".