La CEV aprieta a Compromís para que haga valer sus votos en el Congreso

VALÈNCIA. El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abrir comisiones bilaterales con todos los presidentes autonómicos para que puedan acceder a una fórmula de financiación similar a la que se ha abierto con Cataluña ha generado diferentes reacciones por parte de todos los partidos del arco político parlamentario en los últimos días. 

Cada formación, y en especial los dos grandes partidos PP-PSOE, reclaman abordar las negociaciones poniendo una exigencia sobre la mesa para conseguir, así, ganar la lucha por el relato: los socialistas buscan debatir sobre la reforma del sistema de financiación, mientras los populares abogan por la puesta en marcha cuanto antes de un fondo de nivelación que resuelva de forma transitoria la infrafinanciación que padece la Comunitat hasta se produzca la reforma del sistema de financiación que lleva caducado desde 2014. 

Con ello, el viernes pasado la cumbre del PP acordó rechazar el ofrecimiento de Sánchez. Haberlo aceptado hubiera supuesto además que el Ejecutivo mantuviera reuniones individuales con los diferentes presidentes autonómicos, y ello conllevaría un riesgo de división dentro de las filas a la interna debido a que los 14 territorios que gobiernan poseen sus propias necesidades y particularidades que exigen ser satisfechas. 

Junto a la reacción por parte de los dos grandes partidos, Compromís mostró su desconfianza a la propuesta de Sánchez y exigió que esta se concretara. Y este lunes tanto los diputados en el Congreso como el portavoz del grupo parlamentario mantuvieron un encuentro con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en el que pudieron coincidir en la necesidad tanto de exigir al Gobierno de España la reforma del modelo de financiación, como la condonación de la deuda así como el fondo de nivelación. En definitiva, no renunciar a nada. 

Y aunque los deberes se los pusieron al Ejecutivo central, desde la CEV no desaprovecharon la oportunidad para poner a Compromís frente al espejo y recordarles el peso que tienen en el Congreso de los Diputados para condicionar negociaciones que resultan clave para la autonomía. La patronal de empresarios, en definitiva, quiere que los valencianistas hagan valer sus escaños como ya hacen otros partidos como el PNV o ahora ERC y no entreguen un cheque en blanco ni ofrezcan sus votos a cambio de nada cuando se abra el melón de la financiación y, en concreto, del fondo de nivelación, que será lo más inmediato a abordar. Estricta obediencia valenciana. 

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, instó así este lunes a la coalición a ejercer su capacidad de "presión" para conseguir la condonación de la deuda y el fondo de nivelación, dos "peticiones fundamentales" para que los valencianos dejen de considerarse "españoles de segunda y de tercera". "Los dos votos de Compromís en el Congreso son muy importantes... no tienen capacidad para bloquear, pero sí para decir 'aquí estamos nosotros'", subrayó. "Tiene capacidad para exigir", expuso, "al igual que lo han hecho otros territorios" a través de formaciones como Coalición Canaria, o en Teruel, País Vasco o Galicia.

Un mensaje que pudo trasladar tanto al síndic de Compromís, Joan Baldoví, como también a las voces valencianas en Madrid: la diputada por Compromís-Sumar en el Congreso, Àgueda Micó y el senador Enric Morera, ambos también partícipes en la reunión. Según Navarro, este fondo está cerca de 1.300 millones de euros y la condonación, "tal y como expusieron expertos contratados por la Generalitat", debe ser cercana al 70% de la deuda por "culpa" del modelo de financiación actual. 

El mensaje no quedó sin respuesta. Según Baldoví, tanto Micó como el diputado Alberto Ibáñez "no darán su apoyo a ninguna reforma si no se abordan los problemas valencianos". Y concluyó advirtiendo que la "obligación" de cualquier gobierno progresista es "atender los problemas de los que peor lo están pasando". Asimismo, instó al President de la Generalitat, Carlos Mazón, a darse "prisa" para aprobar la Ley de trato Justo que propone y llevar la agenda valenciana a Madrid.