CGT advierte de un posible "lavado de los enchufados" en empresas de la Generalitat

VALENCIA. El Consell mantiene una guerra interna abierta con los sindicatos por la no resolución de la Relación de Puestos de Trabajo en empresas como CulturArts, IVAM, Ivace, Eige o Vaersa. Tanto es así que, como publicó el pasado martes Valencia Plaza, UGT del País Valenciano ha logrado que prospere su demanda contra estas entidades y se enfrentará a juicio con los gestores públicos la próxima semana. Sin embargo, esta posición no es la única en el conflicto que existe en el conflicto colectivo laboral de los trabajadores del sector público. El sindicato CGT, de hecho, se "sorprende que se ponga el énfasis en la publicación de las Relación de Puestos de Trabajo (RPT), cuando el PP de forma descarada tuvo que modificar el plazo de publicación mediante ley en dos ocasiones ante la incapacidad y la falta de voluntad para cumplirlo".

Ese aplazamiento logrado mediante las correspondientes leyes de acompañamiento, parece un 'mal menor' dentro de la situación que vislumbra este sindicato en un comunicado enviado a Valencia Plaza.  El verdadero inconveniente se encuentra en que "hay entes públicos en los que no se ha auditado todavía su funcionamiento". La organización sindical asegura que fue generalizado el acceso a estos puestos de trabajo sin garantizar los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad". CGT los define como "casos concretos de enchufismo, como en CulturArts", empresa pública donde además han logrado constituir una sección sindical recientemente. El verdadero caballo de batalla, confirman, es "solicitar la nulidad de las contrataciones irregulares, y de esa forma evitar despidos e indemnizaciones millonarias a personas que accedieron a un empleo público de forma claramente ilegal e inconstitucional".

Contra "la falta de decisión del Consell", pero también contra los sindicatos con representación en ciertas empresas públicas

El conflicto colectivo está, como dejan claro las distintas organizaciones sindicales, muy lejos de solucionarse. Desde la Abogacía de la Generalitat Valenciana ya se admitió a este diario que las RPT, en concreto, no estarán listas antes de final de año. Es más, fuentes de toda solvencia ven "imposible una solución a corto plazo", con casos tan enrevesados como el ya se trató de describir sobre CulturArts. Lo que preocupa a CGT va más allá: "la organización no aceptará un lavado de los enchufados del sector público". En este sentido y en respuesta al resto de sindicatos, CGT que asegura que "el enchufismo también es corrupción", destaca a Valencia Plaza que "sorprende que todas las ilegalidades cometidas en la gestión del personal no haya sido motivo de denuncia clara y contundente por parte de los sindicatos que tienen representación en estos entes", entre los que mencionan a Radiotelevisió Valenciana, Ciegsa, Vaersa, Aeropuerto de Castellón o Ciudad de la Luz.

Con todo, la organización sindical critica "la falta de decisión del Consell sobre la reestructuración del sector público instrumental de la Generalitat". Para CGT no hay excusa después de que haya transcurrido "más de un año" desde el inicio del Gobierno al que reclaman "un estudio serio de la sostenibilidad del sector público y de los costes en comparación con el coste de revertir una gran parte de sus funciones a las consellerias". Esa idea ya tiene referentes desde el informe de Intervención General de 2012, donde -tal y como fijan un caso paradigmático- "encomendar funciones a Vaersa por parte de las consellerias suponía un sobrecoste en materia de personal superior al 26%". 

No obstante, la idea se matiza por parte de CGT que lo que pretende es que las Consellerias sean "dotadas de personal adecuadamente". La idea es que, según esta organización, "resulta más económico y con ello se garantiza la legalidad, objetividad e imparcialidad en la gestión de las funciones y servicios públicos". Además, añade que "no hay que olvidar que la situación del personal contratado en los entes públicos se precariza" por una discriminación salarial.