Foto: CONCERTS DE VIVERSVALÈNCIA. El fallecimiento de un trabajador durante la instalación del nuevo recinto de Concerts de Vivers mantiene a los representantes sindicales enfrentados con el Ayuntamiento. Después de que la información sobre el fatal accidente laboral llegara con dilación y contradicciones entre la empresa subcontratada y el Gobierno local, la organización CGT pone en duda que el recinto tenga la licencia para realizar su actividad de conciertos, más allá de los permisos de la instalación.
En este caso, la acusación tiene que ver con la autorización derivada de la Ley de Espectáculos de la Generalitat y el Decreto de aplicación de 2015. La organización sindical ha pedido tanto a la Generalitat como a la Fiscalía que adopte "las medidas ante una posible falta de licencia" y exige "como medida cautelar la suspensión de los conciertos que se desarrollan en los Viveros, en tanto no se acredite la existencia de la correspondiente autorización".
La acusación, hecha pública a través del blog oficial de la organización, es rebatida de plano por el Ayuntamiento que ha asegurado a este diario que tiene "ese licencia y todos los permisos exigidos por ley para la celebración de los conciertos".
CGT va más allá y pide a la Fiscalía que, en caso de ser ciertas sus sospechas, "se depuren las responsabilidades penales, por presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores". La grave acusación sindical es también "un llamamiento a la reflexión sobre la muerte del trabajador como consecuencia de la precariedad archiconocida de las condiciones laborales de los trabajadores del sector, y la pasividad y complicidad administrativa que siempre beneficia al explotador y perjudica de forma descarada al trabajador".
Para el sindicato, la Fiscalía debe tomar cartas en el asunto por unas responsabilidades penales que "podrían ser atribuidas a la entidad promotora, así como a las autoridades y funcionarios que ordenaron la realización de la actividad y no exigieron supuestamente la obtención de la autorización". Esa hipótesis, siempre según CGT, "habría supuesto la ausencia de control sobre la actividad festiva por parte de las Administraciones implicadas, tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Generalitat".
La organización sindical lanza así una seria acusación ante un tema sensible y que durante los últimos años se ha convertido en un conflicto entre promotores privados, técnicos de la Administración y los mismos representantes públicos. El pasado mes de enero, la revista Plaza publicó un extenso análisis sobre la situación de conflictos de licencias, especialmente después de la modificación citada a partir del Decreto de septiembre de 2015, la llegadas de las OCAs –validaciones de licencia conseguidas por vía privada– y la explosión de festivales de música, ahora bajo la responsabilidad final de los gobiernos locales de la Comunitat Valenciana.
