VALÈNCIA. Mucho antes de que estallara la polémica por la devolución que seis comunidades autónomas deben hacer de unas ayudas estatales dirigidas a las salas de cine, Antonio Martí, presidente de la patronal del sector en la Comunitat, resumió su radiografía como “una serie de catastróficas desdichas” que suman, a los factores de tendencias del taquilla a nivel mundial, varias zancadillas desde las propias administraciones públicas.
El cambio de criterio de la Intervención General, que finalmente ha provocado que el Ministerio de Cultura tenga que reclamar estas ayudas (a la Comunitat Valenciana, más de un millón de euros), ha levantado polvareda e indignación. Pero la realidad es que el Institut Valencià de Cultura (IVC) también ha puesto su parte en estas desdichas.
Si bien el IVC tenía una línea propia de ayudas a las salas de cine, en el momento en el que el Ministerio de Cultura le ofreció su dinero, el ente autonómico dejó de reservar fondos propios para este sector.
En 2023, las salas valencianas contaron con 405.000 euros procedentes de las ayudas propias del IVC, al margen de los 14,5 millones de euros que el ICAA destinó ese año al conjunto de salas del Estado. Las exhibidoras tenían dos ventanas de ayudas, como sigue siendo con las productoras, por ejemplo, que necesitan financiación para levantar sus películas.
En 2024, la dotación autonómica ascendió a 550.000 euros, mientras que el programa estatal volvió a contar con 14,5 millones para el conjunto de España. El IVC, sin embargo, no ejecutó ese presupuesto entonces porque el trámite de las ayudas se dilató tanto que acabó computado en el presupuesto del año siguiente, el 2025.
Ese mismo año, el ICAA ofrece a las comunidades autónomas gestionar sus ayudas a la exhibición, eso sí, reduciendo la hucha de los 14,5 millones de euros a 8,5. Una vez transferidas, el modelo para poder hacerlas llegar de manera efectiva a las salas dependía de cada territorio.
En el caso de la Comunitat, la Generalitat, en lugar de complementar esa financiación estatal con una nueva convocatoria propia o sumarla a sus fondos presupuestados, el IVC optó por no hacer más que canalizar el dinero procedente del Ministerio a través de la convocatoria que ahora se encuentra en el centro de la controversia.
La misma situación se reproduce este 2026. El ICAA ha vuelto a transferir al IVC otros 1,087 millones de euros, pero el IVC tampoco ha reservado una partida propia equivalente para las salas de exhibición, tal y como confirman fuentes oficiales a este diario.
La consecuencia es que las salas están expuestas a perder el millón de euros del Ministerio, pero además, por el camino, la administración autonómica se ha ahorrado ese dinero presupuestado anteriormente.
Entre una desdicha y otra, las ayudas que no han llegado a las salas suman más de dos millones de euros en apenas dos años. “Las salas son una parte esencial del tejido cultural valenciano, generan empleo, garantizan el acceso al cine y mantienen una oferta cultural que llega a todo el territorio. La Generalitat no las va a dejar caer”, aseguraba la Conselleria de Cultura en una nota remitida hace unos días, reaccionando a la polémica por las ayudas del Ministerio.
La solución no estará lista en 2026
En el peor de los casos de este callejón burocrático sin salida en el que se han encontrado las salas de cine, la reclamación de las comunidades autónomas y el sector no llegan a nada (el propio Ministerio de Cultura recurrió la decisión de Intervención y fue rechazado). Esto significaría que prevalece el criterio de que se debe convocar y resolver antes de que acabe el año. Y este 2026, el IVC ya no tiene capacidad alguna de hacerlo realidad.
Por eso, la solución más sencilla que ofrece el Ministerio a las CCAA es que modifiquen su convocatoria de 2025 para enmendarlas y cambiarlas a 2026, manteniendo la resolución y la ejecución. El 1,087 millones de euros no se tendrían que devolver y el Ministerio simplemente dejaría de transferir los fondos de este año y reclamaría solo los intereses generados.
AVECINE, sin embargo, pide que la Generalitat reclame el dinero de los años para no perder ningún euro de los fondos estatales. Su propuesta es que el IVC convoque ya las ayudas de este año (no lo ha hecho aún), aunque sea con una cláusula que determine que el reparto depende de si finalmente el Ministerio transfiere los fondos suficientes.
