La síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, junto al diputado de Cs en el Congreso, Vicente Ten. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La propuesta que este miércoles realizó el secretario general del PSC, Miquel Iceta, para que se condonara la deuda de la Generalitat de Cataluña y de aquellas comunidades autónomas que han venido realizando "un esfuerzo excesivo" para intentar reducir su déficit ha generado una profunda polémica. No solo en su partido, donde la división de posturas ha tenido su máxima representación en la comunidad extremeña -que recibió 447 millones en este concepto el año 2015-, también en el resto de grupos de los arcos parlamentarios autonómicos.
En la Comunitat Valenciana, una de las autonomías que se vería beneficiada de esta medida, la cuestión era bien recibida por las fuerzas del Botànic. PSPV, Compromís y Podemos han reclamado en numerosas ocasiones durante esta legislatura que se perdonen entre 16.000 y 20.000 millones de euros derivados de la infrafinanciación, una parte de la deuda que acumula y que supera ya los 44.000 millones.
Incluso el PPCV, a través de su diputado Rubén Ibáñez, se mostró favorable. "No solo hemos sido partidarios en algún momento, sino que también hemos presentado resoluciones en estas Cortes hablando de poder dialogar en algún momento con el Gobierno de España para establecer mecanismos en los que se pueda recuperar esa deuda histórica en esta Comunitat, y seguimos en ello", apuntó.
Una postura armónica con la que adoptó durante el Ejecutivo de Alberto Fabra, el exconseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues. En octubre de 2015, el actual delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana pedía a Mariano Rajoy que condonara la deuda de la autonomía. "Es algo que estaba encima de la mesa cuando yo era conseller y soy partidario de plantearlo", afirmó.
A pesar de esta sintonía entre los cuatro partidos, hubo un quinto que se desmarcó: Ciudadanos. La portavoz del partido naranja, Mari Carmen Sánchez, indicó que se debía ser "cauto" y "realista" porque solicitar su condonación "serviría de revulsivo para que todas las comunidades autónomas infrafinanciadas también la solicitaran con lo cual las arcas del Estado entrarían en colapso y eso sería insostenible".
Si bien esta postura iría en paralelo a la adoptada por su partido en el Congreso de los Diputados –el secretario de comunicación de Ciudadanos, Fernando Páramo, criticó que era propia del "nacionalista Ramón Espadaler" y el presidente de su partido Albert Rivera se mostró contrario a la petición del dirigente socialista catalán-, lo cierto es que apenas un mes atrás, el 26 de octubre, la formación naranja firmó en la Cámara valenciana una declaración institucional en la que, junto al resto de grupos, reafirmaba la "demanda y exigencia de reconocer los déficits de financiación acumulados directamente por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación y del establecimiento de mecanismos de compensación porque el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida de los anteriores".
No obstante, este jueves Sánchez remarcó que para su partido lo principal es que se aborde la reforma del sistema de financiación. Y se alineó con las tesis nacionales de su partido, que apuesta por una igualdad de todos los territorios de España en su planteamiento de federalismo simétrico.
Tras el anuncio de Iceta, los socialistas registraron este jueves una Proposición No de Ley en la que instan al Consell a que pida al Gobierno de España que condone la deuda de la Comunitat Valenciana derivada de la infrafinanciación que sufre la autonomía.
El síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, afirmó que una condonación de la deuda "no perjudica a nadie, ni desestabiliza las cuentas del Estado" porque "ya es deuda del Estado" y está "mutualizada" por lo que subrayó que es una solución "posible y conveniente". Unas declaraciones a consecuencia de la negativa de otros socialistas a aceptar la propuesta de Iceta y que en su día fue puesta encima de la mesa por el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos. Entre ellos, la vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales o el portavoz de los socialistas en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez. La presidenta andaluza, Susana Díaz, reclamó, sin embargo, hace dos años a Rajoy el pago de la deuda histórica a la comunidad andaluza.
El posicionamiento del socialismo andaluz, sin embargo, choca con lo que pactó la presidenta de la Junta de Andalucía, Díaz, con el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el pasado mes de febrero. En plena campaña por el lideragzo del PSOE, Díaz estableció una alianza con Puig en favor de un nuevo modelo de financiación, además de pedir de forma tímida la asunción de la deuda histórica. "Hay que abordar la problemática derivada de los déficits presupuestarios generados por la infrafinanciación autonómica desde el principio, y, particularmente, en el per´odo 2002-2007", recogía el documento. Precisamente, la falta de contundencia de ese acuerdo respecto a la deuda histórica causó malestar en Compromís.
Ante las críticas de otras federaciones socialistas, Mata reivindicó, además, que este tema era "valenciano" porque el PSPV lo inició hace dos años. "Nadie nos hizo caso y ahora por una cuestión de coyuntura electoral en Cataluña esta renaciendo", sentenció.
A su juicio, las comunidades autónomas que se oponen -hasta ahora se han sumado Andalucía, Asturias y Extremadura- lo hacen porque creen que se "castiga a las autonomías cumplidoras" y se condona parte de la deuda a las que no lo han sido. "A ellos no les va a afectar porque no afecta a los números del Estado", subrayó el portavoz socialista.
Pese a la división el socialismo español, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se comprometió dos días después de la histórica manifestación por una financiación justa con el problema valenciano. También pidió el reconocimiento de la deuda histórica de la Comunidad Valenciana, como ahora hace Iceta. Una propuesta de la que se desmarca Ciudadanos, pese a haberla apoyado en el hemiciclo valenciano en documentos conjuntos con todos los grupos, y que generó rechazo en autonomías gobernadas por los socialistas que han recibido dinero extra mediante esta fórmula.
